(Nairobi) – Los bombardeos aéreos indiscriminados lanzados por el gobierno de Sudán en los estados del Nilo Azul y Kordofán del Sur han tenido un saldo de numerosos civiles muertos y lesionados desde que comenzó el conflicto hace más de un año, indicó Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las fuerzas del gobierno han irrumpido en aldeas, quemado y saqueado la propiedad de civiles, efectuado detenciones arbitrarias, y agredido y violado sexualmente a mujeres y niñas.
El informe de 39 páginas, “Under Siege” (Sitiados) se elaboró a partir de cinco misiones de investigación realizadas en áreas de difícil acceso que se encuentran bajo el control de las fuerzas rebeldes en los dos estados, así como en campamentos de refugiados en Sudán del Sur. El informe documenta los bombardeos indiscriminados y otros ataques efectuados por el gobierno contra la población civil desde que se desató el conflicto entre el gobierno de Sudán y las fuerzas rebeldes del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán - Facción Norte en Kordofán del Sur en junio de 2011, tras las reñidas elecciones en ese estado. El informe describe además el efecto que ha tenido la negativa de Sudán a permitir el ingreso de ayuda humanitaria en las zonas bajo el control rebelde. Cientos de miles de personas han debido desplazarse dentro de ambos estados y sobreviven con escasos recursos, mientras que más de 200.000 han huido a campamentos de refugiados en Sudán del Sur y Etiopía.
“Los bombardeos indiscriminados de Sudán están matando y mutilando a mujeres, hombres y niños, que están cada vez más atemorizados y hambrientos”, indicó Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debería poner fin a su silencio y exigir el cese inmediato de estos abusos”.
Las Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la Liga de los Estados Árabes, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, junto con otros países clave como Estados Unidos, China, Sudáfrica y Qatar, deberían presionar enérgicamente a Sudán para que disponga el cese inmediato de los bombardeos y levante el bloqueo que impide el acceso de la asistencia. Deberían instar al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon a crear una comisión de investigación que examine las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas del gobierno y rebeldes desde el inicio del conflicto. Los investigadores también han recibido información de que las fuerzas rebeldes habrían cometido violaciones de derechos humanos, como el bombardeo indiscriminado de aldeas controladas por el gobierno, pero no pudieron acceder a estas zonas para confirmar las versiones.
Los responsables de delitos graves deberían rendir cuentas por sus actos y recibir sanciones concretas, como la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, expresó Human Rights Watch. La necesidad de que los responsables de crímenes cometidos en masa rindan cuentas por sus actos resulta particularmente urgente en el caso de Sudán, dado que la Corte Penal Internacional (CPI) ya ha dictado órdenes de detención contra el presidente Omar al-Bashir, el gobernador de Kordofán del Sur Ahmed Haroun y el actual ministro de defensa Abdulraheem Mohammed Hussein, por atrocidades cometidas en Darfur. Está previsto que el 13 de diciembre el fiscal de la CPI informe al Consejo de Seguridad de la ONU los avances conseguidos por la Corte en la investigación sobre Darfur.
Bombardeos y ataques indiscriminados
A través de una misión de investigación efectuada en octubre de 2012 al Nilo Azul, Human Rights Watch encontró evidencias de que se han producido bombardeos indiscriminados desde el inicio del conflicto. Un ejemplo de esto es el caso de una joven de 17 años que, a fines de 2011, fue herida en la cabeza por fragmentos de una bomba arrojada desde el aire y murió en el acto frente a su madre, Tahani Nurin.
En un incidente ocurrido en agosto cerca de la aldea de Wadega, al oeste de Kormuk, un agricultor vio cuando su vecino Ahmed era abatido por un proyectil mientras trabajaba en su hacienda: “El impacto del proyectil desmembró el cuerpo de Ahmed en varios pedazos. Fue difícil incluso identificarlo. Todos corrimos cuando comenzó el ataque. Y cuando regresamos, solamente encontramos pedazos de su cuerpo”.
En Kordofán del Sur, que también fue visitado por Human Rights Watch a fines de octubre, los investigadores hallaron evidencias de bombardeos indiscriminados. El 2 de octubre, un bombardeo en el mercado de Heiban dejó un saldo de 2 civiles muertos y otros seis heridos, entre los cuales se encontraba Huwaida Hassan, madre de 7 hijos, que entonces se dirigía al mercado y sufrió heridas en el abdomen causadas por esquirlas. En otro ejemplo, una bomba lanzada a mediados de septiembre en una aldea al oeste de Kadugli impactó en la hacienda de Fadila Tia Kofi, una mujer de cerca de 70 años, y mutiló parte de su pie izquierdo. Desde el ataque ya no puede caminar. “No sé por qué caen las bombas”, dijo. “Yo trabajo. Cultivo la tierra. Pero ahora debo arrastrarme”.
Los bombardeos indiscriminados contravienen los principios fundamentales del derecho de guerra, que exige a las partes en conflicto distinguir en todo momento entre combatientes y civiles y dirigir los ataques únicamente contra combatientes y objetivos militares. Las bombas utilizadas por Sudán no son teledirigidas y a menudo se lanzan desde aviones de carga Antonov o aeronaves que vuelan a gran altitud y no permiten distinguir adecuadamente entre soldados y civiles. Especialmente en el Nilo Azul, Human Rights Watch encontró evidencias de que se usaron bombas barriles, que son dispositivos improvisados que se rellenan con clavos y otros objetos dentados de metal y se convierten en proyectiles letales cuando impactan con la superficie.
Según pudo comprobar Human Rights Watch en ambos estados, tanto las fuerzas de infantería como las milicias del gobierno también han atacado aldeas sin distinguir a civiles de combatientes. Una mujer de 25 años y su suegra, ambas ex residentes de una aldea próxima a Gebanit en el Nilo Azul, afirmaron haber presenciado múltiples ataques de las Fuerzas de Defensa Popular, una milicia del gobierno, en distintos momentos durante el conflicto. En junio, vieron cuando las milicias dispararon contra residentes locales que estaban cosechando y secuestraron a tres personas, entre ellas dos mujeres.
El derecho humanitario prohíbe los ataques contra civiles y su propiedad. Tanto las fuerzas de Sudán como las milicias rebeldes tienen la obligación de tomar todas las precauciones posibles para proteger a civiles. Deben advertir a la población para que abandone las zonas de conflicto donde podrían sufrir heridas y sus soldados no deben acampar ni operar en zonas civiles.
Las personas que tienen vínculos reales o presuntos con el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán - Facción Norte se exponen al riesgo de ser arrestadas cuando ingresan a zonas controladas por el gobierno. Decenas de presuntos miembros de este partido, que fue prohibido formalmente en septiembre de 2011 cuando los enfrentamientos se extendieron al Nilo Azul, se encuentran detenidos en Kordofán del Sur, el Nilo Azul y otros puntos de Sudán. Human Rights Watch señaló que Sudan debería divulgar inmediatamente los nombres de estas personas. Las autoridades deberían liberar a todas las personas que estén detenidas por motivos ilegítimos, y asegurar que quienes sí hayan sido detenidas legalmente no sufran maltratos ni torturas y se respeten plenamente sus derechos de debido proceso.
Agravamiento de la crisis humanitaria
En las zonas bajo control de los rebeldes que fueron visitadas por Human Rights Watch en ambos estados, los investigadores encontraron comunidades civiles desplazadas que se habían refugiado para su seguridad en matorrales o cerca de peñascos y cuevas en las colinas. Todas las personas encontradas por los investigadores de Human Rights Watch apenas sobrevivían con ínfimas reservas de alimentos y casi no tenían acceso a agua potable ni medicamentos básicos y atención de la salud.
Sudán ha restringido el ingreso a las zonas bajo control rebelde, y también la salida de estas, y ha negado sistemáticamente el acceso a grupos independientes de ayuda humanitaria que procuraban brindar alimentos y servicios. De este modo, ha impuesto un bloqueo absoluto de las zonas rebeldes. Esta política ha impedido que los civiles puedan acceder a medicamentos, otras provisiones y personal como médicos y maestros. Las clínicas y escuelas que encontraron los investigadores, algunas de ellas afectadas por los bombardeos, habían sido cerradas o abandonadas.
Los bombardeos lanzados por Sudán y la negativa a permitir el ingreso de alimentos y asistencia en los estados han provocado que más de 200.000 personas en esos estados se dirigieran a campamentos de refugiados en Sudán del Sur y Etiopía. No obstante, la proximidad de los campamentos con la frontera con Sudán, donde aún persisten los combates, y la presencia de soldados armados de distintos ejércitos dentro de los campamentos y en las proximidades continúan suponiendo un riesgo para la seguridad de la población civil. Numerosas mujeres y jóvenes refugiadas se refirieron a la amenaza constante de violencia sexual.
En agosto, tras varios meses de negociación, Sudán aceptó implementar la denominada “Propuesta Tripartita” acordada por la ONU, la UA y la Liga de los Estados Árabes. La propuesta, que prevé la visita de monitores de los tres grupos, establece modalidades de ayuda destinadas a personas que se encuentren en zonas bajo el control de las fuerzas rebeldes. No obstante, Sudán no adoptó las medidas iniciales para efectuar una evaluación de las necesidades humanitarias dentro del plazo acordado y ahora sostiene que el acuerdo ha caducado.
“Negar arbitrariamente a los civiles el acceso a alimentos y asistencia humanitaria durante un conflicto constituye una táctica despiadada que vulnera el derecho internacional humanitario”, expresó Bekele. “Quienes impulsan una política que procura privar a las personas de alimentos, medicamentos y otros tipos de asistencia deberían responder por sus actos, incluso a través de sanciones específicas adoptadas a nivel internacional”.
Antecedentes
Los estados de Nilo Azul y Kordofán del Sur se sitúan al norte de la frontera con Sudán del Sur y gran parte de su población apoyó al sureño Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) durante la guerra civil que asoló durante años al país. El Conflicto entre Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán comenzó en Kordofán del Sur en junio de 2011 y se extendió al Nilo Azul en septiembre de 2011.
En ambos estados, el conflicto se desató tras la escalada de tensiones entre el Partido del Congreso Nacional, que gobierna el país, y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán por desavenencias relativas a las medidas de seguridad dispuestas en el Acuerdo General de Paz de 2005 que puso fin a 22 años de guerra civil.
El sector norte del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, que ahora se conoce como Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán - Facción Norte, sostiene que el acuerdo de paz concede a las partes seis meses para retirarse luego de concluidas las consultas populares, lo cual aún no había sucedido cuando se inició la violencia. Las consultas fueron previstas en el acuerdo de paz para que las personas de ambos estados pudieran elegir su sistema de gobierno, a la vez que continuarían siendo parte de Sudán.
