(Washington, DC) – El Gobierno venezolano debe aclarar con urgencia si Sofía María Sahagún Ortiz, ciudadana hispano-venezolana, ha sido detenida, y dar a conocer su paradero, los motivos de su detención, así como garantizar el respeto a sus derechos, señaló hoy Human Rights Watch.
La familia de Sahagún Ortiz tuvo contacto con ella por última vez el 23 de octubre de 2024, cuando se disponía a embarcar en un vuelo directo a Madrid desde el aeropuerto de Caracas. Según su familia, ella envió un mensaje de texto a su esposo informándole que había pasado el control migratorio. Al día siguiente, se enteraron de que no se le había permitido abordar el avión, pero no han obtenido información sobre lo que ocurrió después. La familia ha solicitado repetidamente a las autoridades venezolanas que la localicen y clarifiquen si ha sido detenida.
“Sahagún Ortíz parece ser víctima de una desaparición forzada, un delito grave según el derecho internacional, y, lamentablemente, común en Venezuela hoy en día”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El Gobierno venezolano debe dar a conocer con urgencia su paradero, y las autoridades españolas deben presionar a Maduro para que garantice sus derechos”.
El derecho internacional define la desaparición forzada como la detención de una persona por parte de fuerzas estatales o sus agentes, quienes se niegan a reconocer dicha detención o dar a conocer el paradero de la persona.
Desde el 23 de octubre, cuando la familia de Sahagún Ortiz tuvo noticias de ella por última vez, agentes de policía acudieron en repetidas ocasiones a su domicilio, acosando a familiares y conocidos con preguntas sobre la familia, dijo el esposo de Sahagún Ortiz a Human Rights Watch. Ante esta situación, su esposo y sus hijos se vieron obligados a mudarse y, días después, a huir de Venezuela.
El 30 de octubre, el abogado de la familia se dirigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para solicitar que investigaran el caso de Sahagún Ortiz. Sin embargo, los fiscales se negaron a abrir una investigación, según informó el abogado a Human Rights Watch. De acuerdo con documentos judiciales revisados por Human Rights Watch, los fiscales remitieron el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), una rama de la policía encargada de realizar investigaciones forenses.
Las autoridades no han proporcionado ninguna información a la familia de Sahagún Ortiz sobre su paradero, ni han aclarado si su desaparición está siendo investigada, ni por quién.
El gobierno venezolano es responsable de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, señaló Human Rights Watch.
La represión se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando la autoridad electoral de Venezuela anunció la reelección de Nicolás Maduro como presidente sin proporcionar pruebas que respaldaran dicho resultado. La organización Foro Penal reporta más de 1.900 “presos políticos”, incluidos 23 cuyo paradero se desconoce.
Además de las víctimas de desaparición forzada, muchas de las personas detenidas arbitrariamente están incomunicadas, se les niega el acceso a un abogado privado y se les acusa de delitos definidos de forma amplia que conllevan largas penas de prisión, como “terrorismo” e “incitación al odio.”
“Es crucial que la comunidad internacional mantenga la atención sobre los presos políticos en Venezuela y exija su liberación inmediata e incondicional”, declaró Goebertus. “Hay que prestar especial atención a las víctimas de desapariciones forzadas, cuyo paradero aún se desconoce, mientras sus familias están sufriendo”.
