Un hombre desplazado en Kurchi observa sobrevolar a un avión Antonov desde su refugio improvisado contra bombas. Decenas de miles de civiles han huido de los bombardeo aéreos indiscriminados del Ejército sudanés para buscar refugio donde les sea posible.

© 2011 Kaarsten Stormer

(Londres) –Las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) están bombardeando indiscriminadamente zonas civiles en la región de las montañas Nuba de Kordofan Meridional e impidiendo que la ayuda llegue a las personas desplazadas que la necesitan desesperadamente, señalaron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Durante una misión de una semana en la zona a finales de agosto, los investigadores de ambas organizaciones examinaron 13 ataques aéreos ocurridos en las áreas de Kauda, Delami y Kurchi. Estos ataques aéreos han matado al menos a 26 civiles y herido a otros 45 desde mediados de junio. Los investigadores también fueron testigos cuando aviones gubernamentales volaban alrededor de áreas civiles y arrojaban bombas, lo que obligó a la población civil a refugiarse en montañas y cuevas.

“La campaña de bombardeos incesantes está matando y lesionando a hombres, mujeres y niños de la población civil, desplazando a decenas de miles de personas, provocando una necesidad desesperada de ayuda e impidiendo que comunidades enteras siembren sus cultivos y alimenten a sus hijos”, dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch.

“Los crímenes del Gobierno sudanés están quedando impunes y las autoridades están intentando que el mundo exterior no lo descubra”, dijo Donatella Rovera, asesora principal sobre Respuesta a Crisis de Amnistía Internacional. “La comunidad internacional, y especialmente el Consejo de Seguridad de la ONU, debe dejar de mirar hacia otro lado y tomar medidas para abordar la situación”.

La población civil no tiene manera de protegerse de los bombardeos indiscriminados. Los familiares de las víctimas hablaron con Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre su terrible situación: “Escuché explosiones, y después un vecino trajo el cuerpo de Maryam a casa”, dijo la madre de dos niñas muertas en un ataque aéreo. “Había recibido un impacto en la cabeza y le faltaba parte del cráneo. Me dijo que fuera al cementerio porque allí se habían llevado a Iqbal. Fui al cementerio, pero sus heridas eran tan terribles que ni siquiera podía mirarla”.

Según los organizaciones de ayuda en el terreno, los bombardeos, los ataques y los combates han desplazado a más de 150,000 personas en zonas bajo el control de las fuerzas de la oposición, en las que las restricciones del Gobierno han impedido que estas organizaciones suministren alimentos y otras formas de asistencia. Alrededor de 5,000 personas han cruzado la frontera con Sudán Meridional para llegar a un refugio en el estado de Unity.

Las bombas han tenido un impacto devastador sobre la población civil. Las comunidades desplazadas forzadas a abandonar sus hogares por los constantes bombardeos viven en duras condiciones en cuevas, cimas de montañas, al abrigo de árboles y en bosques alejados de las ciudades. Carecen de suficientes alimentos, medicinas, saneamiento y refugio frente a las fuertes lluvias. Muchas familias desplazadas contaron a los investigadores que comían bayas y hojas, y que sus hijos estaban sufriendo diarrea y malaria.

El 23 de agosto, el presidente Omar al-Bashir, quien es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes graves contra la población civil en la región occidental de Darfur, anunció un cese del fuego unilateral de dos semanas en Korofan Meridional, donde las fuerzas sudanesas han estado combatiendo a las fuerzas armadas de oposición desde principios de junio. Sin embargo, las organizaciones locales en el terreno dijeron que, a pesar del alto el fuego, el Gobierno continuó bombardeando áreas civiles. Al-Bashir también dijo que no se permitiría a las Naciones Unidas ni a  las agencias internacionales de ayuda asistir a los desplazados.

Mientras los investigadores se encontraban en el terreno, aviones Antonov arrojaron bombas sobre explotaciones agrícolas y pueblos casi a diario. Por ejemplo, el 14 de agosto, un avión arrojó bombas cerca del pueblo de Kurchi, 70 kilómetros al este de Kadugli, y destruyó la casa y las posesiones de Wazir al-Kharaba. Los investigadores fotografiaron también la caída de tres bombas desde un avión Antonov cerca de Kurchi, a las cinco y cuarto de la tarde del 19 de agosto. El 22 de agosto, otro ataque aéreo provocó heridas graves a un hombre en la pierna y a una mujer anciana en la mandíbula, así como daños a una escuela.

“Los ataques indiscriminados contra áreas civiles y las restricciones de la ayuda humanitaria podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, señaló Rovera. “Dichos ataques tienen que cesar y se debe permitir inmediatamente una evaluación independiente de las necesidades humanitarias y la entrega de ayuda”.

Los investigadores no pudieron observar objetivos militares evidentes cerca de los lugares bombardeados que visitaron. Los testigos dijeron que aviones Antonov o de combate que volaban a gran altura arrojaron bombas en áreas civiles donde, según ellos, no había objetivos militares cerca.

Los expertos en armamento señalaron a las organizaciones que las municiones empleadas no están dirigidas y se arrojan con frecuencia a mano desde aviones de carga Antonov o desde otros aviones con métodos que no permiten una descarga precisa. El uso de armamento en un área civil que no puedan dirigirse con precisión contra un objetivo militar hace que dichos ataques sean inherentemente indiscriminados, lo que viola el derecho internacional humanitario, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Los organismos de la ONU y otras organizaciones de ayuda señalan que no han podido atender a muchas personas afectadas en las áreas controladas por el Gobierno, debido a la situación de seguridad y las duras restricciones oficiales. Las autoridades sudanesas han impedido que estas mismas agencias accedan y suministren ayuda a civiles en zonas controladas por la oposición, al negarse a autorizar vuelos de asistencia y mediante ataques aéreos sobre las pistas de aterrizaje que se utilizan para la entrega de ayuda. El 14, 19 y 24 de junio, aviones del Gobierno, entre ellos aviones de combate, bombardearon los alrededores y la superficie de la pista de Kauda.

Aunque el Gobierno anunció el 20 de agosto que nunca había restringido el acceso a las montañas Nuba, Al-Bashir dijo tres días después no se permitiría la entrada de ninguna organización internacional al estado y que sólo la Media Luna Roja de Sudán podría prestar asistencia.

Como partes del conflicto, el Gobierno sudanés y las fuerzas de oposición deben acordar inmediatamente que la ayuda humanitaria pueda llegar por vía aérea y terrestre a las poblaciones afectadas, independientemente del lugar donde vivan, afirmaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Se debe permitir el acceso sin restricciones de todas las agencias de ayuda humanitaria para que asistan a los civiles que padecen ahora una necesidad urgente de alimentos, refugio y otras formas de ayuda.

El conflicto entre el Gobierno sudanés y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS) comenzó el 5 de junio en Kadugli y Um Durein, y se extendió rápidamente a otras ciudades y pueblos con la presencia de fuerzas tanto gubernamentales como del ELPS.

Los combates estallaron en el contexto de las tensiones crecientes entre el Partido del Congreso Nacional (PCN), gobernante en el norte de Sudán, y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS), el partido político que gobierna ahora en el país independiente de Sudán Meridional, con respecto a los acuerdos de seguridad en el estado y las disputadas elecciones estatales, en las que Ahmed Haroun, actual gobernante y ex ministro de Asuntos Humanitarios, quien es también buscado por la CPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur, ganó la gobernación con un escaso margen.

Kordofan Meridional alberga grandes poblaciones de grupos de origen Nuba, que mantienen una estrecha relación desde hace tiempo con el antiguo movimiento rebelde del sur, enemigo de las fuerzas del Gobierno sudanés en las montañas Nuba durante la guerra civil de 22 años en Sudán que terminó en 2005. Cuando Sudán Meridional se convirtió en un estado independiente el 9 de julio de este año, el MLPS que opera en el Sudán se denominó MLPS del Norte, y el grupo armado de oposición de Kordofan Meridional se convirtió en el ELPS del Norte.

Los investigadores de Amnistía Internacional y Human Rights Watch no pudieron llegar al frente ni acceder a lugares controlados por las Fuerzas Armadas de Sudán, donde se produjeron los primeros estallidos de violencia. No obstante, los investigadores entrevistaron a numerosas personas desplazadas que habían huido de los combates en Kadugli y otras áreas.

Los testigos dijeron que los soldados y los milicianos dispararon a la gente en las calles y llevaron a cabo tanto registros casa por casa como detenciones en retenes utilizando listas de personas conocidas como simpatizantes del MLPS. Los testigos describieron también la destrucción, el saqueo y la quema de iglesias y casas, tales como la demolición de casas de conocidos miembros del MLPS.

Los relatos son coherentes con muchas de las observaciones del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado el 15 de agosto. Dicho informe está basado en la investigación llevada a cabo por los observadores de derechos humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS), antes de finalizar el mandato de la misión a principios de julio, poco antes de la independencia de Sudán Meridional. El informe documenta la práctica sistemática de ejecuciones ilegales y ataques generalizados contra propiedades civiles, que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El Gobierno sudanés ha desestimado las observaciones del informe de la ONU y ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que retrase el debate acerca de Kordofan Meridional, hasta que complete su propia investigación oficial.

“Parece que Sudán está intentando encubrir graves abusos contra los derechos humanos mientras sigue bombardeando a la población civil e impidiendo la asistencia humanitaria”, dijo Rovera,  de Amnistía Internacional. “El Consejo de Seguridad lleva demasiado tiempo sin pronunciarse al respecto. No debería guardar silencio mientras la población civil está siendo bombardeada”.

El Consejo de Seguridad se reunió el 19 de agosto, pero no llegó a un acuerdo sobre una declaración para condenar de las violaciones de los derechos humanos en Kordofan Meridional o a adoptar ninguna medida concreta, en gran parte debido a las objeciones de Sudáfrica, Rusia y China.

“La posición de Sudáfrica es especialmente inquietante”, dijo Bekele, de Human Rights Watch. “Siendo un país con liderazgo en África, no debería dar la espalda a las víctimas africanas de Kordofan Meridional. En lugar de bloquear las medidas, debería encabezar la iniciativa en el Consejo de Seguridad”.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch exhortaron al Consejo de Seguridad a que condene y exija firmemente que se ponga fin a los bombardeos indiscriminados contra áreas de población civil y otras violaciones en Sudán, demande un acceso sin impedimentos de las agencias humanitarias a todas las zonas afectadas y adopte medidas concretas para garantizar la presencia de observadores independientes de derechos humanos por todo Kordofan Meridional.

Las organizaciones también instaron al Consejo a que implemente las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que se lleve a cabo una investigación independiente de las supuestas violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas durante las hostilidades en  Kordofan Meridional, y exigir cuentas a los responsables.

Ataques aéreos del Gobierno contra la población civil de Kordofan Meridional

Bombardeos indiscriminados

Desde principios de junio, las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) han llevado a cabo repetidos ataques aéreos contra áreas de población civil, que han provocado veintenas de muertes de civiles y muchos más heridos, señalaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Los investigadores de ambas organizaciones examinaron 13 de estos ataques aéreos en los que docenas de civiles, muchos de ellos niños, resultaron muertos y heridos, y sus propiedades fueron destruidas. Algunos recibieron el impacto cuando se encontraban dentro o en los alrededores de sus casas, otros cuando estaban cultivando sus campos o acarreando agua, o estaban en mercados locales.

De acuerdo con todas las víctimas y testigos entrevistados en los lugares atacados desde el aire, no había combatientes del grupo armado de oposición, el ELPS del Norte, en la zona en el momento de los ataques o antes de ellos. Ninguno de los incidentes investigados tuvo lugar cerca de posiciones en el frente o zonas con enfrentamientos armados activos.

Los testimonios eran congruentes con los fragmentos de bomba, artefactos sin estallar, cráteres, daños a la propiedad y otras evidencias físicas encontradas en los lugares bombardeados. También coincidían con tras pruebas disponibles, entre ellas fotos y grabaciones de vídeo tomadas por miembros de la comunidad inmediatamente después de los ataques, así como los registros médicos y el tipo de lesiones descritas por el personal médico que atendió a las víctimas. El tipo de municiones empleadas y la manera en que se arrojaron (municiones no guiadas arrojadas desde mucha altura) demuestran también que los bombardeos fueron indiscriminados y, por lo tanto, ilegales conforme a las normas aplicables del derecho internacional humanitario.

Muertes de mujeres y niños

Angelo al-Sir, un agricultor de cuarenta y pocos años, dijo a los investigadores que su esposa embarazada, madre de diez niños, y dos de sus hijos, su sobrino y otro familiar, en total cinco personas, murieron a consecuencia de un ataque aéreo, el 19 de junio en Um Sirdeeba, un pueblo al este de Kadugli: 

Mi esposa, Mahasin, estaba sembrando en el campo cercano a nuestra casa cuando oyó el avión, un Antonov, que volaba en círculo. Gritó a los niños: “Tírense al suelo que están cayendo las bombas”.

La bomba aterrizó y explotó cerca de la casa familiar, con consecuencias devastadoras. 

Mahasin, de 35 años, murió al instante decapitada por fragmentos de bomba en el campo cercano a la casa. Su hijo de nueve años, Yasser, estaba en la cocina ayudando a su hermana mayor, Amal, cuando los fragmentos de bomba que atravesaron la pared hicieron impacto en su cráneo. Los fragmentos también llegaron al pecho de su hermana de un año, Amani, quien estaba sentada afuera, y mataron instantáneamente a su primo de cuatro años, Musa’ab al-Fakih, que estaba sentado a su lado. Ante el temor de más ataques aéreos, al-Sir y su vecino se llevaron a la montaña cercana a los niños heridos, Yasser y Amani, pero ambos murieron a los pocos minutos.

Un familiar de veintitantos años, Alsafi al-Hassan, que estaban dando clases en una escuela de la mezquita cercana y residía con la familia al-Fakih, también murió a consecuencia de los fragmentos de bomba cuando estaba sentado debajo de un árbol del patio. 

Varios otros niños de las familias Al-Sir y Al-Fakih resultaron heridos en el ataque. Amnistía Internacional y Human Rights Watch visitaron a cinco de ellos en el hospital donde seguían recibiendo tratamiento médico dos meses después del incidente. Dos de ellos, Ruba al-Sir, de tres años, y Abbas al-Fakih, de dos años, sufrieron heridas especialmente graves en el pecho y la espalda provocadas en ambos casos por los fragmentos de bomba que penetraron sus pulmones.  Mawadda al-Fakih, de tres años, sufría laceraciones en la parte inferior de su pierna izquierda y Saida al-Sir, de cinco años, y su hermana Husna, de 11 años, tenían lesiones similares en las extremidades.

Los familiares y los vecinos dijeron a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que hubo más bombardeos en la zona, entre ellos el ocurrido una semana después que se cobró la vida de una niña en las cercanías.

El 22 de junio, otro ataque aéreo en Kauda, 120 kilómetros al este de Kadugli, mató a Fawziya Ibrahim Kulul, de 24 años, mujer con ocho meses de embarazo y madre de un niño de tres años, cuando estaba sacando a pastar a sus cabras en un campo cercano a su casa. Sus familiares y vecinos dijeron que al menos cinco bombas cayeron en sucesión esa tarde. La primera mató a Kulul y la última explotó muy cerca del complejo de una organización no gubernamental local y causó daños en una casa cercana. 

El 26 de junio, un avión volvió a arrojar bombas sobre Um Sirdeeba, a unos 200 metros del lugar atacado el 19 de junio, lo que provocó la muerte de Zarqa al-Saja, de ocho años, cuando intentaba refugiarse debajo de un árbol. Su madre, Mariam Zanga, dijo que ella y su esposo habían ido a cultivar sus tierras mientras los niños se quedaron en casa: 

Me fui al campo y cuando llegué a casa ya estaba muerta; no pude hacer nada por ella. Tenía una herida muy grande en el abdomen y los intestinos fuera del cuerpo.

Los fragmentos de bomba también hirieron a Najwa Daud, una vecina de tres años, y un ataque posterior a principios de agosto hirió a otros tres vecinos.

El 26 de junio, otro ataque aéreo contra el mercado de Kurchi mató a 13 civiles, entre ellos cinco niños y tres mujeres, e hirió a más de una veintena de personas.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch visitaron el lugar bombardeado en Kurchi y entrevistaron a 25 víctimas, familiares de víctimas y otros testigos. Su testimonio pormenorizado, junto con otras pruebas, presenta una visión coherente de lo que parece haber sido un ataque indiscriminado contra la población civil. 

Tres de las bombas explotaron en una zona de unos 150 metros por 100 metros alrededor de la bomba de agua y el mercado del pueblo, donde se reúnen normalmente los residentes, especialmente las mujeres y los niños. Antes del ataque, el mercado diario, que ahora se encuentra desierto, estaba concurrido todos los días. 

La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños que acarreaban agua, y los demás eran clientes del mercado o transeúntes. Entre los muertos estaban Makalina Teimas Suleiman, de cuatro años, y su hermana Breskela, de tres años. Su hermana de ocho años, Marcela, perdió la mayor parte del pie derecho y parte del pie izquierdo. Dijo a los investigadores cuando se encontraba en cama en el hospital: 

Estábamos cerca del pozo y llegó el avión y todos se echaron a correr. Después tenía mucho dolor en las piernas. Ahora tengo que aprender a caminar con estos palos [muletas]; es muy difícil. 

En las fotografías tomadas inmediatamente después del ataque se ven los cuerpos de sus dos hermanas destrozados por los fragmentos de bomba en un campo cercano al pozo. Awatef Kober, la madre de Iqbaal y Maryam Musa al-Rahima, dijo a los investigadores que sus hijas habían ido a buscar agua al pozo cuando explotaron las bombas:

Escuché explosiones y un vecino me trajo el cuerpo de Maryam a casa. Había recibido el impacto en la cabeza y le faltaba parte del cráneo. Me dijo que fuera al cementerio porque allí se habían llevado a Iqbal. Fui al cementerio, pero las heridas eran tan terribles que ni siquiera podía mirar”.

Un tercera hermana, Kechi, de ocho años, sobrevivió las heridas sufridas en el ataque. Antes del ataque, la familia acababa de regresar de su escondite en las cuevas de las montañas cercanas, donde pasaban la mayoría de los días para ponerse a salvo de los bombardeos. Ikhlas Hassan Jaden, de 13 años, le llevaba el almuerzo a su hermano que trabaja en un puesto del mercado.  Su madre, Leila Ahmad, dijo a los investigadores:

Escuché tres explosiones. Corrí al mercado porque mis hijos estaban allí. Cuando iba hacia el mercado vi a gente corriendo hacía mí llevando a mi hija. Tenía las piernas rotas y laceradas. La llevamos a la clínica de aquí en Kurchi, pero dijeron que las heridas eran demasiado graves y tenía que ir al hospital de Kauda. Murió antes de que pudiéramos llegar al hospital.

Walid Osman Ali, un carnicero de 32 años y padre de dos niños pequeños murió cuando intentaba buscar refugio detrás de una de las tiendas. El dueño de la tienda, Nabil al-Amin Kua, describió cómo lo mataron:

Mientras estaba cargando su teléfono oímos un avión por encima de nosotros. Me tiré al suelo detrás de la tienda y Walid se quedó de pié cerca de la pared. Grandes fragmentos atravesaron la pared.  Le hicieron impacto por todo el cuerpo, especialmente en la parte de la cintura. Su cuerpo estaba prácticamente seccionado por la mitad.

Además de las 13 personas muertas en el bombardeo del mercado de Kurchi, más de 20 personas resultaron heridas. Una de ellas fue Bibiana Isaac, de ocho años, que estaba yendo a por agua al pozo. El médico que la trató dijo a los investigadores que los fragmentos de bomba le cortaron una de las vértebras cervicales y ahora está paralizada de la cintura hacia abajo. 

En un ataque posterior ocurrido alrededor del mediodía del 2 de julio, dos mujeres, Nunu Angelu Karki, mujer de 24 años y madre de un bebé de cuatro meses, y Nidal Hashim Wagana, de 23 años, murieron a consecuencia de explosiones de bomba en Saraf Jamus, un pueblo cercano a Kurchi. 

El padre de Karki dijo que cuando el avión le sobrevoló, corrió del campo a una trinchera que usaba la familia como refugio contra bombardeos, pero murió antes de poder llegar. Nairobi Luka, de 12 años, estaba con ella pero sólo sufrió heridas leves. Un vecino de ocho años, Shallu Bolis Abali, también resultó levemente herido.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch también investigaron los bombardeos ocurridos en agosto. El 14 de agosto, un avión arrojó bombas cerca del pueblo de Kurchi, que destrozaron la casa y las posesiones de Wazir al-Kharaba, sus dos esposas y 11 hijos. A las cuatro y media de la tarde del 19 de agosto, los investigadores también presenciaron la caída de bombas desde un avión Antonov en una zona al sur del pueblo de Kurchi. El 22 de agosto, el día después de la salida de los investigadores de la zona, cayeron bombas sobre Kauda que provocaron heridas a un hombre y una mujer anciana, así como daños en una escuela.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Los bombardeos indiscriminados violan el derecho internacional humanitario. Los soldados sudaneses y los combatientes del ELPS del Norte, como partes en un conflicto armado interno, tienen la obligación de cumplir el derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques que no discriminan entre objetivos civiles y militares. También están prohibidos los ataques que causan daños desproporcionados a la población civil con respecto al logro militar directo previsto.

Los ataques son indiscriminados cuando no están dirigidos contra un objetivo militar específico, o emplean un método o medios de guerra que no pueden dirigirse contra un objetivo militar específico, o cuyos efectos no puedan limitarse en términos de impacto y no distinguen por lo tanto entre civiles y militares. Ambos bandos deben adoptar todas las precauciones posibles para minimizar el daño con la población civil y su propiedad, lo que incluye, cuando las circunstancias lo permitan, emitir advertencias con una antelación efectiva sobre los ataques que pudieran afectar a la población civil.

Los aviones Antonov no son capaces de guiar bombas contra objetivos militares específicos. En cambio, las bombas se ruedan hasta la parte de atrás del avión y los pilotos determinan el momento de arrojarlas en función de una serie de variables, como la velocidad y la altura de vuelo. Una vez que se arroja una bomba ya no se puede cambiar su trayectoria. Los aviones de combate que arrojan o disparan este tipo de municiones no guiadas contra áreas civiles plantean una seria preocupación acerca del carácter indiscriminado o desproporcionado de los ataques.

Cientos de miles de personas huyen de las bombas

Al menos 150,000 personas han huido de sus casas desde el inicio del conflicto a principios de junio, según las organizaciones sobre el terreno que operan en cinco municipios controlados por el ELPS del Norte. El número puede ser considerablemente mayor, dado que los problemas relacionados con las fuertes lluvias y la falta de combustible para los vehículos, así como las preocupaciones de seguridad, han restringido el acceso a muchas áreas controladas por el ELPS del Norte, donde se han reunido decenas de miles de personas desplazadas. Esta cifra puede aumentar en los próximos meses, ya que los combates en varias áreas están provocando nuevos desplazamientos.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch hablaron con cerca de 150 desplazados. Estaban personas estaban viviendo en refugios improvisados cerca de rocas enormes en la base o la cima de montañas, donde podían ponerse rápidamente a cubierto en caso de bombardeos aéreos, debajo de árboles alejados de las carreteras principales y las ciudades con mayores posibilidades de bombardeo, o en escuelas cerradas durante las vacaciones de verano.

Otros buscaron refugio en ciudades y pueblos en casas de extraños, quienes dijeron no tener más remedio que ayudar a la personas que, de otro modo, estarían viviendo al aire libre. En uno de los casos, los investigadores visitaron una zona donde alrededor de un millar de personas se habían refugiado en casas abandonadas y cuevas en la cima de una montaña, huyendo de los bombardeos en el interior y las cercanías de su pueblo al pie de la montaña. Otras 1,500 personas de pueblos remotos que huían también de los bombardeos se habían unido a ellos.

Necesidades humanitarias acuciantes

Más de dos meses después de que las autoridades sudanesas empezaran a bloquear toda la asistencia humanitaria en las zonas controladas por el ELPS del Norte y la mayoría de las áreas controladas por el Gobierno en el estado de Kordofan Meridional, más 150,000 personas desplazadas que han huido de los bombardeos aéreos y otros ataques necesitan urgentemente alimentos y otras formas de asistencia humanitaria.

Veintenas de personas desplazadas dijeron a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que tras haber recibido poca o ninguna asistencia humanitaria se vieron obligados a comer y alimentar a sus hijos con bayas silvestres y hojas. Las comunidades en todas las áreas controladas por el ELPS del Norte no han podido cultivar sus campos (o plantar siquiera una fracción sus cultivos habituales) debido al temor generalizado a los ataques o a que sus explotaciones se encuentran en zonas controladas por las FAS y no son accesibles. Es probable que se agraven las carencias de alimentos. 

En 20 de agosto, tres organismos de las Naciones Unidas intentaron llevar a cabo una misión de evaluación de lo que la ONU denominó “varios lugares” en Kordofan Meridional, entre ellos zonas controladas por el MLPS del Norte. Estuvieron acompañados por funcionarios del Gobierno sudanés, incluyendo agentes de inteligencia militar, y sólo pudieron visitar Kadugli, una ciudad controlada por el Gobierno. Las autoridades no les dieron permiso para viajar a otras áreas.

El 23 de agosto, el presidente al-Bashir declaró que no se permitiría la entrada de organismos extranjeros al estado de Kordofan Meridional. Desde entonces, el personal de la ONU ha confirmado a Amnistía Internacional y Human Rights Watch que las autoridades estatales continuaron negándoles el acceso independiente a muchas partes del estado, entre ellas todas las zonas controladas por la oposición.

Bloqueo de la ayuda por parte del Gobierno

Desde el estallido de los combates, la ONU sólo ha podido ayudar con alimentos y otras formas de asistencia básica a una parte de la cifra estimada de decenas de miles de desplazados, la mayoría en el interior y las cercanías de Kadugli. Se ha restringido seriamente el acceso de la ONU a zonas fuera de Kadugli. Un pequeño número de organizaciones, que se han quedado casi sin suministros para la asistencia y con un número limitado de vehículos, recambios y combustible, se esfuerzan por asistir a las cerca de 150,000 personas desplazadas en las zonas controladas por el MLPS del Norte.

Aunque muchos de los funcionarios de la ONU salieron de Kadugli y otros lugares de Kordofan Meridional debido al estallido del conflicto a principios de junio y la restricción grave de su capacidad de desplazarse fuera de Kadugli, otros no se fueron hasta que terminó el mandato de la misión de la ONU, el 9 de julio, el mismo día que Sudán Meridional declaró su independencia.

El 9 de junio, las autoridades sudanesas dejaron de autorizar los vuelos desde la capital, Jartum, a Kordofan Meridional. Entre el 21 y el 26 de junio permitieron una serie de vuelos de la ONU a ciudades controladas por el MLPS del Norte, entre ellos Kauda, para evacuar a todo el personal internacional, y algunos trabajadores nacionales.

El 20 de junio, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, informó al Consejo de Seguridad que las autoridades sudanesas “han amenazado con derribar patrullas aéreas de la UNMIS, ... han tomado el control del aeropuerto de Kadugli y han negado los derechos de aterrizaje a los vuelos de la UNMIS”.  El coronel Khalid Al-Sawarmi, portavoz de las Fuerzas Armadas de Sudán, desmintió su afirmación. 

No obstante, el Gobierno se ha negado a permitir los vuelos a Kordofan Meridional, salvo para evacuar a personal y activos.

Suministro cada vez más escaso de alimentos y crisis inminente

Cuando estallaron los combates, los almacenes de alimentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Kauda (en manos del MLPS del Norte desde mediados de junio) contaban con 700 toneladas métricas de alimentos. Después de la evacuación del PMA en junio, las organizaciones que permanecieron en la zona tomaron el control y distribuyeron raciones para diez días a 100,000 personas desplazadas, según las organizaciones locales de ayuda. Los alimentos que quedan son suficientes para otros diez días de raciones para 23,000 personas.

Docenas de personas desplazadas en todos los lugares visitados por los investigadores dijeron que habían racionado la ayuda alimentaria limitada y sobrevivido durante semanas con las bayas silvestres y las hojas que usaron para hacer sopa. Las madres dijeron que sus hijos sufrían diarrea. Dijeron que no tenían idea de cómo iban a mantener con vida a sus familias en las semanas venideras. Los que habían sido acogidos por familias dijeron que sus anfitriones tenían muy poca o ninguna comida para compartir. Según el PMA, Kordofan Meridional sufrió malas cosechas en 2009 y 2010, lo que significa que las comunidades estaban teniendo dificultades incluso antes del conflicto.

La mayoría de las personas entrevistadas dijeron que no habían podido plantar sus cosechas (o mucho menos de lo normal) porque estaban aterrorizadas por los intensos bombardeos aéreos de las fuerzas aéreas sudanesas en junio y julio, los meses en los que las comunidades plantan el sorgo, el alimento básico de la zona. 

Otras personas desplazadas alejadas de sus hogares dijeron que no habían plantado nada porque ya no podían llegar a sus campos.

Los líderes de las comunidades locales dijeron que las pocas personas capaces de intercambiar ganado o dinero por sorgo no pudieron encontrar suficientes alimentos en los mercados o no pudieron pagar los precios elevados. El PMA ha informado que los suministros comerciales están escaseando debido a su alta dependencia del comercio con el norte, que ahora no tiene conexión con las zonas controladas por el MLPS del Norte. Los precios están subiendo rápidamente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que espera una gran reducción de las áreas cultivadas en Kordofan Meridional. Los representantes de las autoridades locales dicen que las lluvias tardías agravarán el problema, que se saldará con una cosecha sumamente escasa en la mayoría de las zonas en octubre y noviembre. Según la Red del Sistema de Alerta Temprana sobre la Hambruna, se estima un nivel de lluvia en la zona equivalente a la mitad de la media normal. La Red señala que la situación alimentaria y de subsistencia de los civiles afectados por el conflicto, entre ellos los desplazados, ya ha alcanzado el nivel de “crisis”, a un paso de la “emergencia”.

Los especialistas en nutrición que analizan las dinámicas de Kordofan Meridional temen que la tasa de malnutrición aumente debido a los “efectos acumulados del hambre, la diarrea, el paludismo y la pulmonía”.

Otra asistencia necesaria

Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron que las personas desplazadas también necesitan urgentemente artículos que no sean alimentos. Desde principios de junio, las organizaciones sólo han distribuido 1,500 paquetes de estos artículos, que contienen cobijas, lonas de plástico, utensilios de cocina y mosquiteras. Las organizaciones de asistencia dicen que sólo les quedan unos cuantos centenares. En una de las zonas, las autoridades locales dijeron que la razón principal por la que los miles de desplazados estaban con familias de acogida que se esforzaban por acomodarles era porque los desplazados no contaban con lonas de plástico para cubrir los refugios improvisados.

La situación humanitaria actual hace recordar al conflicto de Kordofan Meridional de principios de la década de 1990, cuando las fuerzas armadas sudanesas bloquearon toda la asistencia a las zonas controladas por el ELPS y obligaron a miles de civiles a vivir en “campamentos de paz” controlados por el Gobierno para poder recibir ayuda. La hambruna causó estragos y decenas de miles de civiles murieron a causa de la malnutrición y las enfermedades.

Obligación de permitir el acceso de la ayuda

Las leyes de la guerra exigen a todas las partes en conflicto, tales como a las autoridades sudanesas, que permitan y faciliten el acceso rápido y sin impedimentos del socorro humanitario imparcial para los civiles que lo necesiten, y que se desarrolle sin ninguna distinción adversa. Aunque las autoridades sudanesas tienen el derecho de controlar la entrega de ayuda, no pueden negar arbitrariamente el acceso de las organizaciones humanitarias y deben permitir la entrada de aquellas organizaciones que presten socorro de manera imparcial y no discriminatoria, cuando la supervivencia de la población se vea amenazada.

Sudán sólo puede restringir temporalmente los movimientos de las agencias de ayuda hacia o en el interior de las zonas controladas por el ELPS del Norte si fuera necesario imponer restricciones por una necesidad militar verdadera e imperiosa, es decir, ante un temor de que las operaciones de socorro interfieran con las operaciones militares. El Gobierno sudanés no ha demostrado dicha necesidad.

Violaciones graves de los derechos humanos en Kadugli

El conflicto en Kordofan Meridional comenzó el 5 de junio, semanas después de la dura toma militar por parte del Gobierno de la zona disputada adyacente de Abyei en mayo. Los combates entre las fuerzas del Gobierno sudanés y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS) estallaron en Kadugli y Um Durein, y se extendieron rápidamente a otras ciudades de Kordofan Meridional con presencia de fuerzas tanto gubernamentales como del ELPS. 

Amnistía Internacional y Human Rights Watch no pudieron llegaron a Kadugli ni a otras zonas controladas por las FAS, pero los investigadores entrevistaron a numerosas personas que habían huido de Kadugli en los días siguientes al estallido del conflicto, y que habían sido testigos o víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas sudanesas y la milicia aliada. Los relatos tremendamente consistentes indican que las fuerzas gubernamentales que colaboran con las fuerzas de la milicia armada cometieron graves abusos contra los derechos humanos en la zona.

Los testimonios de los testigos son coherentes con muchas de las observaciones del informe de la ONU del 15 de agosto, que documentó numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales y arrestos arbitrarios, entre ellos de funcionarios de la ONU, mediante registros casa por casa y retenes, así como otras violaciones.

Docenas de personas que presenciaron los abusos dijeron que las fuerzas gubernamentales, entre las que se encuentran las Fuerzas Armadas de Sudán, la Policía de Reserva Central y el grupo paramilitar Fuerzas Populares de Defensa (con las milicias aliadas), abrieron fuego de artillería y bombardearonbarrios residenciales, saquearon y quemaron casas e iglesias, dispararon contra civiles y detuvieron y ejecutaron ilegalmente a los sospechosos de tener vínculos con el MLPS.

Ejecuciones extrajudiciales

Amnistía Internacional y Human Rights Watch recibieron numerosos testimonios de ejecuciones extrajudiciales de personas consideradas afiliadas con el MLPS, tanto en Kadugli como en otras partes de Kordofan Meridional.

Khaled Kuku Masubar, un empleado de 37 años de una organización para el desarrollo en Kadugli entrevistado en Um Sirdeeba, dijo que vio a un grupo de soldados en una camioneta disparar contra Rizik Rizgullah Kacho, un civil y conocido miembro del MLPS, frente al hospital. “Oí al comandante decir: 'Esos son del MLPS. Acaben con ellos'”. Masubar también vio a los soldados matar a tiros a otro hombre fuera de una iglesia, y vio muchos otros cuerpos “en diferentes lugares de la calle y bajo un árbol”.

Los testigos dijeron que los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, así como miembros de otras fuerzas de seguridad y milicianos aliados, tenían listas de supuestos simpatizantes del MLPS, mismas que usaron para realizar arrestos arbitrarios en los registros casa por casa, en los retenes y en las calles.

En algunos casos, residentes locales identificados por testigos como simpatizantes del Partido del Congreso Nacional, el partido político que gobierna Sudán, guiaron a los milicianos hasta conocidos miembros del MLPS. Las fuerzas de seguridad gubernamentales también atravesaron el “perímetro de protección” que rodea el complejo de la misión de la ONU en Kadugli y arrestaron a personas en su interior; y, en al menos dos ocasiones, mataron a personas en las cercanías del complejo.

“Alguien me dijo que mi nombre estaba en la lista, por lo que decidí ir a la UNMIS”, recordó LK, una mujer de 29 años miembro del MLPS. Cuando huía hacia el complejo el 11 de junio, vio tres cadáveres cerca del río. Cerca del complejo, vio a miembros de las fuerzas de seguridad disparar contra dos jóvenes.

“La [Policía de Reserva Central] mató a tiros a dos muchachos, Khaled, de 18 años, y Amr, de 16 años”, dijo. “Son los hijos de Saleh, un chófer de [vicegobernador y líder del MLPS] Abdelaziz [al-Hillu]. Mataron con premeditación a estos dos muchachos, vi a alguien apuntarles y vi los cuerpos después de que les dispararon. Sus cuerpos yacían sobre el suelo”.

Otro testigo, FA, que también era un empleado nacional de la misión de la ONU, dijo: “El 7 de junio, las FAS, la Inteligencia Militar y los milicianos empezaron a detener a gente dentro del complejo de la UNMIS”. Recordó que, el 8 de junio, dos vehículos de la Policía de Reserva Central se detuvieron en la entrada principal de la misión y mataron a Nimira Philip, un contratista de la ONU:

“Lo agarraron en la entrada principal e intentaron matarlo delante de la puerta. Muchas mujeres desplazadas empezaron a llorar, así que se lo llevaron en un vehículo, lo mataron y arrojaron su cuerpo”.

Saqueo y destrucción de bienes, incluidas las iglesias

Docenas de testigos entrevistados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch informaron del saqueo y la destrucción de casas e iglesias. “Se llevaron los tejados de zinc y quemaron lo demás”, dijo RHA, una mujer de 29 años de Hagar Al Nar que presenció el saqueo y la quema de casas de sus vecinos desde el interior de su casa.

Miembros de la iglesia señalaron que los soldados y los milicianos saquearon la propiedad de cuatro iglesias y del Consejo de Iglesias de Sudán en Kadugli, y destruyeron una iglesia en Um Durein. Martin Boulos, un líder religioso entrevistado en Juba, dijo que, mientras estaba escondido en el complejo del Consejo de Iglesias de Sudán, pudo ver a milicianos y policías disparando dentro de la residencia de huéspedes y saqueando la oficina.

“Rompieron todas las ventanas y las puertas de la residencia, se llevaron lo que quisieron y quemaron el resto”, dijo otro líder de la iglesia. “Se fueron a la oficina y la catedral y rompieron muchas cosas”.

La destrucción deliberada de monumentos religiosos es un crimen de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

Violencia sexual

Varios testigos también denunciaron violaciones a manos de soldados del Gobierno. RKA, una mujer de 24 años de un pueblo al noreste de Kadugli, dijo que siete soldados de las FAS la violaron en los arbustos cercanos a un retén a las afueras de Heiban, cuando se dirigía a casa después de que el conflicto estallara en Kadugli.

“Me quitaron la cámara y el bolso con mi pasaporte y me llevaron al bosque”, dijo. Después de la violación, huyó a Juba y no sabe nada de su hijo y sus otros familiares, que fueron separados de ella en el momento del ataque y viven en una zona controlada por las fuerzas armadas.

MBA, un abogado entrevistado en Juba, dijo que su vecino y su hija de 16 años buscaron su ayuda después de que los soldados la violaran en Kadugli, durante el tercer día de los combates en la ciudad. “La hija tenía sangre en las piernas”, recordó. “Le di un antibiótico y le limpié la herida con paños y sal”. MBA dijo también que había recibido una llamada telefónica de una vecina de 25 años que había sido violada por tres milicianos dentro de su casa. “No podía moverse por los golpes que le habían dado”, dijo.

Regresos forzados a Kadugli

Los testigos de Kadugli también dijeron que los funcionarios del Gobierno habían intentado forzar a personas desplazadas que se había refugiado en la misión de la ONU a regresar a Kadugli durante las semanas posteriores al estallido del conflicto. Según informes, el 20 de junio, las autoridades habían atravesado el “perímetro de protección” adyacente al campamento, donde se habían reunido unas 10,000 personas desplazadas, y les ordenó que regresaran a sus casas en Kadugli o se congregaran en las escuelas y el estadio de Kadugli. El 18 de junio, el Gobernador Haroun anunció en los medios locales que los funcionarios debían regresar o no recibirían sus salarios.

Los Principios Rectores de la ONU sobre el Desplazamiento Interno hacen hincapié en que las personas desplazadas tienen derecho a intentar ponerse a salvo en cualquier parte del país, y a no ser reasentadas en ningún lugar donde corra peligro su vida, seguridad, libertad y/o salud.

Otras denuncias

Los testigos, entre ellos personal de la ONU, comentaron a los investigadores la existencia de dos fosas comunes en la zona de Kadugli, en Tillo y cerca del valle en el pueblo de Murta. Sin embargo, los investigadores no pudieron confirmar estas declaraciones debido a la falta de acceso y los limitados testimonios de testigos. Los investigadores también recibieron informes creíbles de la instalación de minas anti-vehículo en el interior y las inmediaciones de Kadugli y otros lugares estratégicos, pero no pudieron confirmar que tropas las habían instalado.