(Washington, DC) - La aprobación por parte del presidente Barack Obama de una ley que permite la detención indefinida sin juicio, apenas días antes del 10º aniversario en que llegaron los primeros prisioneros a Guantánamo, pone de relieve la necesidad de una acción inmediata y decisiva para cerrar el centro de detención, dijo Human Rights Watch en una carta a Obama el 10 de enero de 2012.
Las disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que estipulan que ciertos sospechosos de terrorismo deberán quedar bajo custodia militar y codifica la detención indefinida en la legislación de Estados Unidos, representan una contradicción total respecto a la visión que planteó Obama para la política antiterrorista cuando asumió la Presidencia, señaló Human Rights Watch. La ley opera en efecto como una prohibición a los juicios en tribunales federales al negar el uso de fondos del Departamento de Defensa para la transferencia de detenidos a Estados Unidos. También hace difícil, aunque no imposible, trasladar a los prisioneros a sus países de origen o a terceros. Human Rights Watch instó a Obama a pedir la derogación de dichas disposiciones y, al mismo tiempo, a interpretarlas de una manera consistente con las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario.
"La tragedia de Guantánamo se agrava cada día que el centro permanece abierto", dijo Andrea Prasow, asesora principal de Contraterrorismo de Human Rights Watch. "Este 10º aniversario debería marcar el momento en que el gobierno de Obama se comprometa en serio a cerrar Guantánamo, tratando de cambiar la ley que prohíbe los juicios en las cortes federales y liberando a los detenidos en Guantánamo cuya transferencia ya haya sido aprobada”.
