Presidente Barack Obama
La Casa Blanca
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Washington, DC 20500

Asunto: La detención sin juicio y la operación continuada de Guantánamo

Estimado presidente Obama,

Nos dirigimos a usted en la víspera del décimo aniversario del centro de detención de la Bahía de Guantánamo para instarle a que reafirme su compromiso declarado con el cierre de Guantánamo, mediante el enjuiciamiento de los detenidos en tribunales federales y la repatriación y reasentamiento de los prisioneros que no serán procesados.

Estamos profundamente decepcionados con su decisión de aprobar Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), a pesar de las repetidas amenazas por parte de su gobierno de vetar este proyecto si contenía disposiciones de detención perjudiciales para el Estado de derecho y la seguridad nacional de Estados Unidos. La nueva ley representa una completa contradicción respecto a la visión que planteó para la política de lucha contra el terrorismo cuando asumió la Presidencia. La versión final del proyecto de ley, si bien fue ligeramente modificado, trata de cambiar el uso efectivo de la aplicación de la ley de lucha contra el terrorismo y reemplazarlo con un sistema de detención militar.

Su declaración anexa al proyecto de esta ley ponía de relieve una serie de áreas muy problemáticas que se ha comprometido a interpretar de una manera que evite los conflictos constitucionales y cumpla con las leyes de guerra. Sin embargo, esas áreas controvertidas son precisamente la razón por la que debería haber vetado el proyecto de ley, y por la cual debe hacer de la derogación de estas disposiciones una prioridad de su gobierno este año. Mientras la NDAA siga siendo una parte de la estadounidense, podrá ser utilizada por futuros gobiernos para detener a personas indefinidamente, incluso en circunstancias que su gobierno no aprueba. A la vez que trabaja para alcanzar este objetivo, le instamos a que interprete las disposiciones de una manera consistente con las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, y que ejerza sus poderes discrecionales para que los instrumentos civiles de aplicación de la ley se usen a la hora de procesar a sospechosos de terrorismo. Reconocemos que la derogación puede ser difícil. Sin embargo, creemos que la fuerte oposición bipartidista a las disposiciones de detención de la NDAA dejó en claro que hay miembros clave del Congreso que apoyarán todos los esfuerzos para derogar las disposiciones que sean incompatibles con los valores de Estados Unidos y el imperio de la ley.

Su Estrategia de Seguridad Nacional reconoce explícitamente que el liderazgo moral de Estados Unidos “se basa principalmente en el poder de (su) ejemplo”.[1] Su Estrategia Nacional Antiterrorista reconoce la importancia de adherirse a los valores fundamentales estadounidenses, como el respeto a los derechos humanos, durante la lucha contra el terrorismo. Tal como especificaba elocuentemente su estrategia: "Donde los terroristas ofrecen injusticia, desorden y destrucción, Estados Unidos debe defender la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad, la esperanza y la oportunidad. El poder y el atractivo de nuestros valores permiten que Estados Unidos construya una amplia coalición para actuar colectivamente contra la amenaza común que representan los terroristas, deslegitimando, aislando y debilitando aún más a nuestros adversarios”. [2] En su discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en septiembre de 2011, el asesor de la lucha contra el terrorismo del presidente, John Brennan, afirmó que el principio que rige toda acción de Estados Unidos es “defender los valores fundamentales que nos definen como estadounidenses, y eso incluye cumplir con el Estado de derecho”.[3]

El ejemplo de mantener abierto Guantánamo socava la tradicional oposición del Gobierno de Estados Unidos a regímenes de detención similares en otros países. A lo largo de los años, Estados Unidos se ha opuesto a las prácticas de detención que son inconsistentes con los principios básicos del debido proceso, criticando abiertamente las detenciones sin juicio por parte de Arabia Saudita, Pakistán, Malasia y China. Pero esas críticas pierden todo su peso cuando Estados Unidos adopta su propio régimen de detención indefinida. Robert Mugabe, de Zimbabue; Vladimir Putin, de Rusia;  Bashar al-Assad, de Siria, y Mahmoud Ahmadinejad, de Irán, apuntan a Guantánamo para desviar la atención de los abusos contra los derechos humanos que se cometen en sus propios países. En mayo de 2010, su gobierno criticó la extensión de Egipto de un estado de emergencia que ha estado continuamente en vigor desde 1981. En respuesta a esas críticas, el Gobierno egipcio argumentó que sus esfuerzos no diferían del hecho de que Estados Unidos aún no hubiera cerrado Guantánamo.[4] En diciembre de 2011, como parte de una campaña para desviar las críticas de su propio historial de derechos humanos, Rusia criticó a Estados Unidos, entre otras cosas, por mantener abierto Guantánamo.

En los primeros meses de su gobierno, muchos gobiernos respondieron favorablemente a su compromiso declarado con el cierre de Guantánamo, incluso mediante la aceptación de detenidos para su reasentamiento a pesar de la negativa del Gobierno de Estados Unidos de hacer lo mismo. Pero en los últimos meses, en reuniones con altos funcionarios gubernamentales de todo el mundo, representantes de Human Rights Watch han visto una reanudación de las críticas dirigidas contra Estados Unidos por países con algunas de las políticas más represivas en materia de derechos humanos del mundo (como Arabia Saudita, China, la Libia bajo Gaddafi y el Egipto de Mubarak), quienes se sienten inmunes a las críticas, porque Estados Unidos ha participado en prácticas similares y no ha hecho que ningún alto funcionario tuviera que rendir cuentas por abusos cometidos en el pasado.

A pesar de su declarado compromiso con el cierre de Guantánamo, en su discurso en mayo de 2009 en los Archivos Nacionales, describió varias categorías de detenidos, entre las que se encontraba una categoría de los que supuestamente “no pueden ser procesados ​​pero que aún así representan un peligro claro para el pueblo estadounidense”. El Equipo de Trabajo para la Revisión de los Casos de los Detenidos en Guantánamo ("Equipo de Trabajo"), recomendó que 48 prisioneros siguieran detenidos sin cargos (hoy son 46, debido a la muerte de dos de ellos). El 7 de marzo de 2011, usted emitió una Orden Ejecutiva para la Revisión Periódica de las Personas Detenidas en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo de Acuerdo con la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar ("Orden Ejecutiva"). Si bien nosotros llevamos mucho tiempo oponiéndonos a la detención indefinida sin juicio, elogiamos a su gobierno por limitar la orden a aquellos prisioneros que ya se encontraban en Guantánamo, ya que lo interpretamos como una señal de que su gobierno seguía comprometido a acabar con el sistema de detención indefinida que Guantánamo ha pasado a representar.

Reconocemos que heredó un problema complejo del gobierno anterior y que se ha comprometido a no aumentar la población de detenidos en Guantánamo. Sin embargo, lamentamos tanto su decisión de aprobar la NDAA, y por consiguiente expandir potencialmente la detención indefinida sin juicio, como su aceptación de la detención indefinida sin juicio para algunos prisioneros ya en Guantánamo, así como para detenidos en Afganistán. Mientras esperamos sinceramente que vuelva a revisar esas decisiones, por ejemplo, cumpliendo con su promesa de que buscará la derogación de las disposiciones de la NDAA que infrinjan los derechos, también hay medidas que creemos que podría y debería tomar ahora para mitigar las políticas perjudiciales existentes.

En primer lugar, le instamos a mejorar el proceso en virtud del cual los detenidos en Guantánamo o Afganistán pueden impugnar su detención. La Orden Ejecutiva aportaba algunas protecciones de proceso adicionales para las personas actualmente detenidas en Guantánamo, pero en lugar de proveer la asistencia de un abogado en las juntas de revisión periódica, solo provee un representante militar designado por el gobierno. Esto supone una negación flagrante por parte de su gobierno a los derechos fundamentales del debido proceso; una negación que ya está ocurriendo en Afganistán. Al igual que en la denominada revisión administrativa de detención en Afganistán, a los detenidos sometidos al nuevo proceso de revisión en Guantánamo se les negará el acceso a evidencia clasificada, incluso si se utiliza para justificar su detención continua. Además, observamos que la Orden Ejecutiva requiere que el Secretario de Defensa, en consulta con el Fiscal General, publique directrices de implementación que rijan el proceso de revisión. Debido a que la Orden Ejecutiva requiere que la revisión inicial comience a más tardar un año después de la fecha de la orden, sería de esperar que pronto haya disponible un borrador de las directrices para comentarios del público, antes de la fecha límite del 7 de marzo de 2012 para la ejecución de la orden.

La Sección 1024 de la NDAA requiere que un juez militar supervise la determinación de la condición de las personas “que permanecerán en detención a largo plazo bajo la ley de guerra en cumplimiento con la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar”. Su declaración anexa a la firma de la ley indica que interpreta el artículo 1024 como la concesión a la Secretaría de Defensa de una amplia discreción para decidir si las determinaciones de condición en Afganistán están cubiertas bajo esta sección. Le instamos a concluir que todas las determinaciones de condición llevadas a cabo por las fuerzas armadas de Estados Unidos están cubiertas por los procedimientos de la sección 1024; sobre todo, la determinación llevada a cabo en la actualidad en la primera Junta de Revisión del Detenido conducida dentro del plazo de 60 días desde la captura, así como las revisiones cada dos años que se llevan a cabo a partir de entonces. Además, mientras que la sección 1024(c) hace que la provisión de un juez y abogado militar sea opcional para los detenidos que tienen acceso al recurso de hábeas corpus (por ejemplo, los que actualmente están detenidos en Guantánamo), le instamos que implemente procedimientos que garanticen que todas las personas detenidas bajo la custodia militar de Estados Unidos tengan acceso a un abogado y un juez.

En segundo lugar, debería reafirmar su compromiso con el cierre de Guantánamo mediante la transferencia de los detenidos, cuya liberación o reasentamiento ya ha sido aprobado, a la mayor brevedad posible. Entendemos que su gobierno determinó que el requisito de certificación que figura en la NDAA para el año fiscal 2011 es demasiado oneroso para poder ser firmado. Mientras que la NDAA para el año fiscal 2012 contiene un requisito similar, también incluye una dispensa de seguridad nacional que puede ser ejercida por el Secretario de Defensa. Instamos que su gobierno comience inmediatamente a completar las certificaciones necesarias para permitir la transferencia de los 89 detenidos en Guantánamo cuyo traslado ya ha sido aprobado por el Equipo de Trabajo, ya sea mediante el proceso de certificación o la dispensa de seguridad nacional. Su decisión de imponer una moratoria sobre las repatriaciones a Yemen tras el intento de atentado contra un avión estadounidense por Umar Farouk Abdulmutallab (quien desde entonces se declaró culpable en una corte federal) ha socavado considerablemente su capacidad para cerrar Guantánamo. La moratoria se basó en una conducta totalmente ajena a la de las decenas de yemeníes detenidos en Guantánamo y cuya transferencia ya había sido autorizada por el Equipo de Trabajo. Esto allanó el camino para que el Congreso actuara de manera similar al tratar de evitar repatriaciones no en base a ningún factor relacionado con la conducta anterior de un detenido en particular, sino sobre presuntos actos de reincidencia por ciudadanos del mismo país. Le instamos a que levante formalmente esta moratoria (independientemente de los requisitos de certificación relacionados con la NDAA) y ejercite su facultad discrecional para iniciar la repatriación a Yemen de ciudadanos yemeníes cuya transferencia ha sido autorizada por parte del Equipo de Trabajo.

En tercer lugar, creemos que su decisión de resucitar las desacreditadas comisiones militares también fue un gran error. Mientras que su gobierno colaboró ​​con el Congreso para mejorar las comisiones militares, siguen siendo una alternativa inaceptablemente defectuosa a los tribunales federales. Entre otros defectos, las comisiones militares definen los delitos de manera retroactiva, admiten testimonios de oídas que son inadmisibles en los tribunales federales y se caracterizan por tener procedimientos que cambian constantemente sin el beneficio de precedentes establecidos. El enjuiciamiento de Omar Khadr convirtió a Estados Unidos en el primer país occidental en procesar a un hombre por presuntos crímenes de guerra cometidos cuando era niño, y debido a que la conducta por la que fue acusado nunca antes había sido considerada una violación de las leyes de guerra, su caso desacreditó todo el sistema. El único caso pendiente actualmente ante las comisiones militares, el de Abd al-Rahim al-Nashiri, es uno en el que la fiscalía pide la pena de muerte. El enjuiciamiento de un caso de pena capital no hará sino exacerbar los defectos de las comisiones militares, negando aun más el derecho a un juicio justo para el acusado y proporcionando fuerza adicional a los reclutadores de terroristas, quienes proclamarán sin duda a al-Nashiri como un mártir si es ejecutado.

El enjuiciamiento en los tribunales penales federales de Estados Unidos sigue siendo la forma más eficaz para neutralizar y castigar a los terroristas. El protocolo del Departamento de Justicia para juzgar a detenidos de Guantánamo reconoce que el juicio en un tribunal del artículo III es la opción preferida. Sin embargo, el único ex detenido de Guantánamo que fue transferido a Estados Unidos para ser juzgado fue Ahmed Ghailani, que enfrentaba una previa acusación en el Distrito Sur de Nueva York. Las restricciones impuestas por el Congreso sobre el uso de fondos para transferir a detenidos a Estados Unidos operan como una prohibición efectiva sobre los procesos judiciales federales, por lo menos para este año fiscal. Usted prometió en dos ocasiones que trabajaría con el Congreso para derogar esas restricciones. Le pedimos que redoble sus esfuerzos y se niegue a aprobar cualquier restricción adicional como ley. Los tribunales del artículo III son la forma más eficaz para enjuiciar a sospechosos de terrorismo, y su uso es clave para mantener el apoyo de nuestros aliados extranjeros, lo cual es necesario en la lucha contra el terrorismo y para el cierre de Guantánamo.

Guantánamo es un error que usted heredó. Las 171 personas que siguen detenidas en Guantánamo son los últimos resquicios de un terrible legado dejado por el gobierno anterior. Deberían ser las últimas personas en custodia estadounidense en ser sometidas a un régimen de detención que se aleja tanto de los valores y principios consagrados en la Constitución de Estados Unidos y el derecho internacional. Este régimen debería ser repudiado con tanta intensidad que ningún gobierno futuro debería plantearse revivirlo. Las declaraciones de que su gobierno no enviará más prisioneros a Guantánamo, si bien son importantes, no son suficiente. Debe tomar medidas firmes y decisivas para dejar en claro que futuras detenciones en Guantánamo no son una opción para éste ni cualquier gobierno futuro.

Durante el año pasado se vieron cambios trascendentales en todo el mundo. Gente ordinaria se levantó, en gran parte de manera pacífica, para rechazar a gobiernos represivos y restaurar, o promover, instituciones democráticas, especialmente en el mundo árabe. En el pasado, muchos se fijaban en Estados Unidos como modelo de liderazgo y orientación en la promoción de los derechos humanos. Pero ahora, en lugar de observar adhesión al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, ven la falta de rendición de cuentas por los abusos del pasado, la codificación de la detención indefinida en la legislación y la militarización de la aplicación de la ley. Sus acciones no son sólo importantes para la defensa de los derechos fundamentales en Estados Unidos, sino que también envían un mensaje a otras naciones en todo el mundo acerca de lo que la comunidad internacional espera de las democracias.

Le instamos a actuar de acuerdo con su declarado compromiso con la justicia y el Estado de Derecho, redoblando sus esfuerzos para cerrar Guantánamo de una vez por todas. Lo exhortamos a que ponga en práctica su declaración de que buscará la derogación de las disposiciones de la NDAA que infrinjan los derechos y que se niegue a autorizar nuevos atentados contra el imperio de la ley.

 

Sinceramente,

Kenneth Roth
Director ejecutivo
Human Rights Watch




[1]“Estrategia de Seguridad Nacional”, informe de Estados Unidos, mayo de 2010. Disponible en: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_securi... (revisado 2 de enero, 2012).

[2]“Estrategia Nacional Antiterrorista”, informe de Estados Unidos, junio de 2011. Nacional”, informe de Estados Unidos, mayo de 2010. Disponible en: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/counterterrorism_strategy.pdf (revisado 2 de enero, 2012).

[3] “Strengthening our Security by Adhering to our Values and Laws” (Fortaleciendo nuestra seguridad mediante el cumplimiento de nuestros valores y leyes), John Brennan, 16 de septiembre de 2011, http://www.lawfareblog.com/2011/09/john-brennans-remarks-at-hls-brooking... (revisado 2 de enero, 2012), video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=RruVxY2mxB4 (revisado 2 de enero, 2012).

[4] “Egyptian Emergency Law Is Extended for 2 Years” (La ley de emergencia de Egipto ha sido extendida por 2 años), New York Times, 11 de mayo, 2010. Disponible en: http://www.nytimes.com/2010/05/12/world/middleeast/12egypt.html (revisado 2 de enero, 2012).