Puerta principal del Campo Delta, uno de los campos de detención estadounidenses en la Bahía de Guantánamo.

© 2007 Reuters

(Washington, DC) - El 11 de enero de 2002, Estados Unidos llevó a los primeros 20 prisioneros al centro de detención en la Bahía de Guantánamo, lo que marcó el inicio de un programa de detención indefinida sin cargos ni juicio de sospechosos de terrorismo que ha durado 10 años. Desde entonces, un total de 779 presos han sido detenidos en estas instalaciones. Las disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para 2012, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Barack Obama el 31 de diciembre de 2011, codifican la práctica de la detención indefinida sin juicio en la legislación estadounidense. Esta página recopila fragmentos de algunos informes de Human Rights Watch sobre Guantánamo y otros asuntos relacionados publicados en la última década, así como datos y cifras que comparan a las comisiones militares con los tribunales federales.

A pesar de que Obama prometió cerrar el centro poco después de que tomara posesión como Presidente, 171 prisioneros siguen detenidos en este lugar. De los 779 detenidos en total, unos 600 han sido liberados y ocho han muerto en el transcurso de los últimos 10 años. De las ocho muertes, se sospecha que seis fueron suicidios. Durante el gobierno del presidente George W. Bush, muchos de los detenidos en Guantánamo fueron sometidos a dolorosas situaciones de estrés; aislamiento prolongado; hostigamiento con perros militares; amenazas de tortura y muerte; y la exposición prolongada a condiciones extremas de calor, frío y ruido que escalaron al nivel de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando Obama asumió el cargo en enero de 2009, alrededor de 242 personas seguían en el centro. De los 600 detenidos liberados en los últimos 10 años, solo un puñado enfrentó cargos por cometer un delito penal.

De los 171 presos que siguen en Guantánamo, el gobierno de Obama ha dicho que planea procesar a 32, sin embargo, solo uno de los prisioneros, Abd al-Rahim al-Nashiri, enfrenta actualmente cargos formales. Otros cinco (aquellos acusados ​​de planear los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001) tienen cargos pendientes, pero aún no enfrentan cargos formales en su contra ni han comparecido ante un juez. De los 139 prisioneros restantes, el gobierno ha dicho que planea mantener a 46 en detención indefinida sin presentar cargos en su contra. Se ha aprobado el traslado de otros 89 detenidos a sus países de origen o a terceros.

Una variedad de factores ha impedido la liberación de aquellos cuya transferencia ha sido aprobada, incluyendo la inacción por parte de los gobiernos de Bush y Obama, una moratoria impuesta sobre las transferencias a Yemen después de que el 25 de diciembre de 2009 un yemení intentara un atentado contra un avión de estadounidense, además de restricciones impuestas por el Congreso sobre las transferencias de Guantánamo en diciembre de 2010. Cincuenta y seis de los 89 detenidos designados para ser transferidos son de Yemen.

Las continuas violaciones a los derechos de los detenidos por parte de Estados Unidos no se limitan a Guantánamo. Cerca de 3,000 personas que se encuentran detenidas por las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán no han gozado de derechos básicos, los cuales deben ser incluso garantizados a los combatientes enemigos capturados en una guerra civil, como ser informados por un juez sobre las bases de su detención o el acceso a un abogado. Además, las personas detenidas fuera de Afganistán, y que actualmente se encuentran detenidas en este país, nunca debieron haber sido trasladadas a este lugar.

Human Rights Watch se opone a la detención indefinida sin juicio de sospechosos de terrorismo en la Bahía de Guantánamo y en cualquier otro lugar. La práctica viola las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional. Human Rights Watch ha instado al Gobierno de Estados Unidos para que se apresure a procesar a los detenidos que siguen en Guantánamo de acuerdo con las normas internacionales un juicio justo, o que los repatríe en condiciones seguras a sus países de origen o a terceros. También hemos pedido que los oficiales de Estados Unidos implicados en la tortura de sospechosos de terrorismo sean investigados y que los detenidos que fueron maltratados reciban una compensación adecuada. Human Rights Watch continuará presionando para que se cumplan estas obligaciones. De lo contrario, el Estado de derecho puede sufrir graves daños tanto en Estados Unidos como en el extranjero.