(Nueva York) – A cien días en el poder, el presidente filipino Benigno Aquino no ha abordado decisivamente las violaciones a los derechos humanos, lo cual pone en peligro su compromiso con la justicia, Human Rights Watch señaló hoy.
Human Rights Watch instó a Aquino a cumplir con sus promesas de campaña de abolir los “ejércitos privados”, proveer justicia por las violaciones a los derechos humanos y abordar la impunidad de la Policía y el Ejército. Aquino tiene que abordar estos problemas persistentes con medidas a largo plazo, dijo Human Rights Watch.
“El presidente Aquino llegó al poder con el mandato de abolir las fuerzas abusivas y buscar la justicia por las graves violaciones”, dijo Elaine Pearson, subdirectora de Asia para Human Rights Watch. “Él hizo apasionadas promesas, pero 100 días después, seguimos esperando acciones”.
Desde que Aquino tomó el poder el 30 de junio de 2010, organizaciones de derechos humanos han informado de tres asesinatos de periodistas y 16 activistas de izquierda. En los últimos 100 días, no ha habido ninguna condena por los cientos de asesinatos motivados políticamente ocurridos en la última década y en donde las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas.
Aquino incluso ha dicho que la Policía ha identificado a sospechosos en solo 3 de los 19 asesinatos recientes, y que solo un sospechoso ha sido arrestado en uno de estos casos. Mientras la secretaria de Justicia, Leila de Lima, ha prometido la creación de un “super organismo” para investigar los asesinatos de periodistas, para investigar los presuntos asesinatos políticos de manera vigorosa y superar la falta de acción por parte de la Policía se necesitan reformas estructurales, en lugar de cuerpos de nueva creación, dijo Human Rights Watch.
Las secuelas de la masacre en la provincia de Maguindanao, el 23 de noviembre de 2009 –donde murieron al menos 57 personas que se dirigían a registrar a un candidato político- enfatiza las preocupaciones constantes sobre la falta de acción gubernamental, dijo Human Rights Watch. A pesar del asesinato de al menos cinco personas con conocimiento de las violaciones por parte de aquellos implicados en la masacre, el Gobierno ha hecho muy poco por mejorar el sistema de protección de testigos.
La propuesta de Aquino de incrementar en un 80 por ciento el presupuesto para el programa de protección de testigos debe iniciar por financiar adecuadamente el programa. Pero su gobierno no ha tomado los pasos necesarios para hacer el programa independiente y accesible, ni para extender la protección desde el inicio de una investigación policial hasta que ya no sea necesaria, incluso después del juicio.
El juicio por la masacre de Maguindanao, que inició el 8 de septiembre de 2010, involucra a solo 19 de 195 personas acusadas -127 siguen en libertad y 49 aún no han sido acusadas. Aquino ha hecho poco por abordar dos elementos críticos de la masacre de Maguindanao -“ejércitos privados” controlados localmente y las armas gubernamentales que apoyan que estas fuerzas. El Gobierno ha credo grupos de trabajo para desmantelar los “ejércitos privados” en las provincias de Masbate y Abra, pero los ejércitos privados siguen operando.
Aquino ha dirigido las fuerzas de seguridad para tomar control de las fuerzas paramilitares oficiales, entrenarlas adecuadamente y asegurar que todas las fuerzas estén aisladas de entidades políticas. Sin embargo, continúa defendiendo el uso de estas fuerzas, las cuales con frecuencia proveen de personal a los ejércitos privados y tienen un historial de abusos a los derechos humanos. Su gobierno tampoco ha impuesto controles más efectivos a la procuración de armas por parte de gobiernos locales.
“Cada día que pasa sin una reforma sistemática-dentro de las fuerzas de seguridad del departamento de Justicia o de la ley- ensucia la reputación de Aquino”, dijo Pearson. “Estos no son problemas que pueden resolverse fácilmente, pero ignorarlos es traicionar a la gente que puso a Aquino en el poder”.
