(Washington, DC) – La comunidad internacional debe apoyar firmemente los esfuerzos de los fiscales de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la República por investigar abusos cometidos en Honduras por la fuerza pública, así como a invalidar un decreto dictado por el gobierno de facto que restringe gravemente la libertad de expresión y reunión, señaló hoy Human Rights Watch.

 

Human Rights Watch también instó a la comunidad internacional a oponerse a cualquier posibilidad de amnistía para las violaciones de derechos humanos como parte de la transición para restablecer el orden democrático. El presidente depuesto Manuel Zelaya y el gobierno de facto de Honduras están negociando actualmente los términos de esta transición, y se ha informado que un acuerdo podría ser inminente.

 

Desde que el Zelaya fue apartado del poder por los militares el 28 de junio de 2009, la pequeña unidad de derechos humanos de la Fiscalía ha comenzado a investigar numerosos casos de asesinatos, presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, y detenciones ilegales y arbitrarias. La unidad también ha presentado recursos judiciales para impugnar un decreto que limita la libertad de prensa y de reunión y que ha sido utilizado por el gobierno de facto para impedir la transmisión de dos medios de comunicación.

 

Sin embargo, la unidad ha debido enfrentar la resistencia de sus superiores en la Fiscalía así como varios actos de obstrucción, entre los cuales se cuentan amenazas directas, por parte de miembros de la fuerza pública.

 

“Si a alguien le quedaban dudas sobre el daño que el golpe le ha provocado a las instituciones democráticas de Honduras, estos casos lo demuestran claramente”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al obstruir las investigaciones judiciales, la fuerza pública se está burlando del estado de derecho”.

 

Un representante de Human Rights Watch visitó Honduras este mes y documentó los graves obstáculos que han enfrentado los fiscales de la unidad de derechos humanos en el curso de sus investigaciones.

 

En varios casos, las fuerzas de seguridad han tomado medidas destinadas a obstruir las investigaciones.

 

El 30 de septiembre, dos miembros de la unidad de derechos humanos concurrieron a los cuarteles de un batallón del Ejército como parte de la investigación sobre la clausura de dos medios de comunicación ocurrido el 28 de septiembre. El Ejército se rehusó a permitirles el acceso y les impidió realizar un inventario de los equipos que el personal del Ejército había confiscado a estos medios. Los fiscales han elevado el tema a las autoridades superiores de la Fiscalía, y están preparando un recurso contra los oficiales que les negaron el acceso, pero aún no han logrado ingresar al cuartel.

En varias oportunidades, las fuerzas de seguridad han impedido que Sandra Ponce, directora de la unidad de derechos humanos, accediera a los medios de comunicación que han ocupado.

 

Los miembros del Ejército involucrados en las investigaciones se han rehusado a responder a las indagaciones de los fiscales en el plazo previsto por la ley, indicando a los fiscales que están demasiado ocupados para contestar.

 

Los fiscales de la unidad de derechos humanos afirman que son agredidos verbalmente por personal policial y militar, incluso mediante amenazas directas como “te voy a pegar un tiro,” durante las marchas de protesta o en el transcurso de las investigaciones sobre presuntos abusos que realizan con posterioridad a dichas marchas.

 

A principios de julio, durante la investigación sobre el cierre de Radio Progreso por los militares, una estación de radio de Tegucigalpa que había sido ocupada por el Ejército el 28 de junio, un oficial del Ejército señaló a uno de los integrantes de la unidad de derechos humanos “Ojalá que estuviera en la guerra fría, los días de Pinochet, los días cuando podías desaparecer (a alguien)”. Estas expresiones fueron interpretadas por el fiscal como una amenaza directa.

 

En algunos casos, los fiscales han enfrentado dificultades para llevar a cabo sus investigaciones debido a decisiones adoptadas por sus superiores en la Fiscalía.

Por ejemplo, los fiscales que investigan la muerte de Isis Obed Murillo, un joven de 19 que recibió un disparo durante las manifestaciones fuera del aeropuerto de Tegucigalpa del 5 de julio, afirman que sus superiores han solicitado una nueva ronda de pruebas de balística, luego de que las primeras pruebas demostraran que los disparos que causaron la muerte de Obed Murillo fueron efectuados desde un sector de la pista en el cual estaban emplazados soldados del Ejército. Los fiscales también encontraron más de 150 casquillos que coinciden con el tipo de municiones utilizadas ese día por el Ejército. Las conclusiones de la unidad contradicen no sólo las versiones del Ejército sino además las del Defensor del Pueblo Ramón Custodio, quien afirmó que el Ejército sólo utilizó balas de goma durante la manifestación. En un comunicado de prensa del 8 de julio, Human Rights Watch señaló que incluso las balas de goma pueden tener consecuencias letales y que no deberían haber sido empleadas en esa situación, aunque además advirtió que las imágenes sobre este suceso sugieren que algunos de los soldados habrían utilizado directamente municiones.

 

Durante el último mes, el Fiscal General Luis Alfredo Rubí ha solicitado que la unidad de derechos humanos someta a su revisión todos los recursos judiciales antes de presentarlos ante la justicia. Este nuevo procedimiento ha generado demoras al menos en un caso importante – un recurso contra el Ejército por la toma de las instalaciones de Canal 36 de televisión el 28 de junio – de más de dos semanas, mientras la Fiscalía a cargo de Rubí analiza el recurso.

  

Muchas otras investigaciones continúan a un ritmo variable, incluidas aquellas sobre la presunta violación de una mujer por un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad en San Pedro Sula durante una marcha de protesta, así como sobre dos muertes ocurridas durante las manifestaciones, una muerte producto de una balacera en un retén militar y la supuesta ejecución extrajudicial de un manifestante partidario de Zelaya cerca de la frontera con Nicaragua.

 

Sin embargo, la celeridad con que se resuelvan estos casos dependerá de la voluntad política de las autoridades. Lamentablemente, la crisis política en Honduras ha polarizado al país, y el Fiscal General Rubí ha tomado partido. Luego de la remoción de Zelaya, Rubí dejó claro que su Fiscalía procedería a detener al presidente depuesto si pisaba suelo hondureño.

 

El posicionamiento político del Fiscal General ha dado lugar a medidas contradictorias entre distintas partes de la Fiscalía. Mientras que algunas unidades están juzgando a los partidarios de Zelaya por los delitos de “sedición” y “manifestaciones ilícitas”, la unidad de derechos humanos presentó un recurso ante la Corte Suprema en el cual objeta la constitucionalidad del decreto que prohíbe este tipo de convocatorias.

 

Independientemente del resultado de las negociaciones llevadas a cabo esta semana entre Zelaya y el gobierno de facto, señaló Human Rights Watch, la comunidad internacional debe expresar su firme apoyo a la unidad de derechos humanos de la Fiscalía en su investigación de los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Debería además ejercer presión sobre el gobierno de facto para que ordene a las fuerzas de seguridad que cooperen de manera plena y oportuna con los fiscales de la unidad de derechos humanos mientras llevan a cabo sus investigaciones.

 

“Sin el firme apoyo de la comunidad internacional, es probable que estas investigaciones no prosperen debido a todos los obstáculos que se les están presentando”, manifestó Vivanco. “Además de aplicar sanciones, Estados Unidos y otros países deben buscar medios para ayudar a las personas e instituciones de Honduras que, pese a las fuertes presiones, intentan proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho”.

 

Human Rights Watch agregó que la comunidad internacional debería adoptar una postura firme respecto de la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas luego del golpe de Estado, ya que los estándares internacionales establecen que todas las victimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la justicia.

 

“En las discusiones entre el Presidente Zelaya y el gobierno de facto, la justicia por las violaciones de derechos humanos no puede ser un tema sujeto a negociación”, afirmó Vivanco.