La Organización de los Estados Americanos debe exigir al gobierno de facto hondureño que abandone el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y que garantice otros derechos fundamentales, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles que indican que el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras ha provocado al menos una muerte, aunque posiblemente las víctimas sean más. Diversas fuentes confiables han señalado que más de 150 personas han sido detenidas de manera arbitraria.

"La comunidad internacional debe adoptar medidas inmediatamente para impedir que las fuerzas de seguridad hondureñas cometan nuevos abusos", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una respetada organización no gubernamental local, informó que José Jacobo Perdomo, de 16 años, fue asesinado en la tarde del 22 de septiembre de 2009 por la policía en San Pedro Sula. El grupo también ha recibido denuncias aún no confirmadas de que en el día de hoy se habrían producido otras cuatro muertes por violencia policial en Tegucigalpa.

Los defensores de derechos humanos locales denunciaron asimismo que más de 150 personas fueron detenidas en el estadio de béisbol "Chochy Sosa". Algunas de estas personas fueron arrestadas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se produjeron el 22 de septiembre, en tanto otras habrían sido detenidas durante las redadas policiales efectuadas en varios barrios de Tegucigalpa al comienzo de la mañana del 23 de septiembre. En la tarde del 23 de septiembre, algunos de estos detenidos ya habían sido liberados, mientras que otros fueron trasladados a distintos centros de detención en la capital. Los defensores de derechos humanos locales señalaron que los detenidos no fueron informados sobre las razones por las cuales debían permanecer en el estadio, ni tampoco resulta claro si se iniciará algún tipo de acción penal contra quienes aún se encuentran detenidos.

Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles de que algunos manifestantes han participado en actos de vandalismo y violencia contra las fuerzas de seguridad.

"La policía hondureña tiene facultades para detener a los manifestantes que cometan actos delictivos violentos", expresó Vivanco. "Pero eso no les da libertad de acción para actuar con brutalidad o indiferencia hacia los derechos básicos de debido proceso".