Soldados y un oficial de la policía antidisturbios permanecen en guardia afuera de la estación de Radio Globo en Tegucigalpa el 28 de septiembre de 2009.

(Nueva York) - El gobierno de facto de Honduras debe derogar de inmediato un decreto de emergencia que restringe gravemente la libertad de prensa, señaló hoy Human Rights Watch. Dos días después de que se dictara el decreto, las fuerzas de seguridad hondureñas ocuparon las oficinas de Radio Globo y del canal de televisión Cholusat Sur y cancelaron su transmisión. Ambas emisoras han apoyado abiertamente al Presidente depuesto Manuel Zelaya.

El decreto, dictado por el gobierno de facto el 26 de septiembre de 2009, prohíbe todo tipo de declaraciones públicas que ofendan a los funcionarios públicos o atenten contra las resoluciones gubernamentales. El decreto a su vez faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a recurrir a la policía o las Fuerzas Armadas para suspender a las emisoras que no cumplan.

"Roberto Micheletti ha logrado criminalizar la crítica pública", afirmó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "El uso de este tipo de decretos ha predominado en los gobiernos autoritarios, desde Pinochet en Chile hasta los Castro en Cuba, que toleran la libertad de expresión sólo cuando favorece al Gobierno".

El decreto tiene una vigencia de 45 días.

El derecho internacional reconoce que los Estados pueden suspender provisionalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos, pero sólo en circunstancias excepcionales, como en caso de guerra, peligro público u otro tipo de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado. Este tipo de suspensiones temporales deben limitarse estrictamente a las exigencias de la situación, y restringir solamente aquellos derechos absolutamente necesarios. Las disposiciones del decreto que esencialmente suspenden la libertad de expresión no reúnen estos requisitos, afirmó hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch ha condenado el golpe de Estado y ha exhortado a la comunidad internacional en repetidas oportunidades a que adopte medidas concertadas y efectivas de presión para poner fin a las violaciones de derechos humanos y restablecer el orden democrático en Honduras.