(Santiago) - La decisión de la Corte Suprema de Chile de extraditar al Perú al ex Presidente Alberto Fujimori para enfrentar procesos penales en su país por violaciones a los derechos humanos, es celebrada y no tiene precedentes, señaló hoy Human Rights Watch. Con su sentencia de hoy, ordenando el traslado de Fujimori al Perú, la Corte Suprema puso fin a los intentos del ex mandatario de evadir la justicia, a casi dos años de su sorpresiva llegada a Chile procedente del Japón.

Human Rights Watch señaló que es la primera vez que un tribunal ordena la extradición de un ex jefe de estado a su país de origen para ser enjuiciado por graves violaciones a los derechos humanos.  
 
"Después de años de evadir la justicia, Fujimori finalmente tendrá que responder a los cargos y evidencias que existen en su contra en el país que gobernó al estilo de un jefe mafioso," dijo José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, quien estuvo en Santiago durante el anuncio del fallo.  
 
Human Rights Watch señaló que la decisión tiene especial relevancia a la luz de la propia historia de Chile.  
 
"Esta sentencia es un gran paso adelante para Chile," dijo Vivanco. "Después de años de lidiar con el legado de atrocidades de Pinochet, Chile está construyendo un meritorio récord en favor de los derechos humanos y la justicia."  
 
La histórica decisión de hoy se ajusta a una tendencia mundial que comenzó cuando la Casa de los Lores de Gran Bretaña dictaminó que el dictador chileno Augusto Pinochet debía ser extraditado a España, para enfrentar allí cargos por torturas.  
 
En dos casos ocurridos recientemente, ex jefes de estado han sido entregados por gobiernos a tribunales internacionales. Slobodan Milosevic fue entregado para su juzgamiento por el gobierno serbio al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Charles Taylor, ex dictador de Liberia, fue entregado por el gobierno de Nigeria a la Corte Especial para Sierra Leona. Sin embargo, en estos dos casos, fue el Poder Ejecutivo -- no las cortes -- quien tomó la decisión política de entregar a estos dictadores.  
 
En contraste con estos casos, Fujimori no enfrenta un proceso ante una corte internacional y esta vez ha sido la Corte Suprema de Chile la que decidió su entrega a las autoridades peruanas sobre la base de una solicitud de extradición presentada por el gobierno del Presidente Alejandro Toledo.  
 
El fallo de la Corte Suprema también sienta un precedente importante para otros países que enfrentan el problema de qué hacer con ex jefes de estado acusados de cometer atrocidades en su país de origen. Por ejemplo, Senegal ha acogido formalmente una petición de la Unión Africana solicitando el procesamiento de Hissène Habré, ex dictador de Chad actualmente detenido en Senegal.  
 
"Esta decisión es un excelente ejemplo del papel que pueden cumplir las instituciones judiciales internas para implementar estándares internacionales y asegurar la justicia, incluso en casos políticamente controversiales," dijo Vivanco. "Ahora está en manos de las cortes peruanas demostrar que tienen la capacidad de juzgar a Fujimori con todas las garantías del debido proceso."  
 
Human Rights Watch señaló que estaría observando muy de cerca el proceso judicial en el Perú para asegurar que Fujimori sea objeto de una investigación plena y reciba un juicio justo, acorde con estándares internacionales y de debido proceso.  
 
La decisión de la Corte Suprema autoriza la extradición de Fujimori para enfrentar un juicio y procesamiento en el Perú por el asesinato de 25 personas en dos distintas masacres ocurridas en 1991 y 1992. Ambas masacres fueron supuestamente ejecutadas por el Grupo Colina, un escuadrón militar especializado, integrado por oficiales de inteligencia del ejército.  
 
En la masacre de Barrios Altos, miembros del Grupo Colina irrumpieron en una fiesta vecinal, disparando armas de fuego y asesinando a 15 civiles, incluido un niño de 8 años de edad. En la masacre de La Cantuta, que ocurrió pocos meses después de que Fujimori ejecutara un autogolpe con el respaldo de las fuerzas armadas, los miembros del Grupo Colina detuvieron a 9 estudiantes y a un profesor de la Universidad La Cantuta. Posteriormente los ejecutaron y ocultaron sus restos.  
 
En su informe publicado en el 2005, Presunción Fundada: Pruebas que Comprometen a Fujimori, Human Rights Watch analizó detalladamente las principales pruebas que vinculan a Fujimori a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Las pruebas incluyen un video en que el jefe operativo del Grupo Colina señala que la organización fue creada siguiendo una política oficial del gobierno que consistía en la "eliminación" física de los sospechosos, aprobada específicamente por Fujimori.  
 
Las evidencias también incluyen una extensa documentación oficial, así como testimonios que demuestran que el Grupo Colina no era independiente, sino que existía como una estructura formal dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército, y que recibió apoyo oficial desde los más altos niveles. De hecho, Fujimori firmó dos memorandos en los cuales recomendaba la promoción y aumento de sueldos para varios integrantes del Grupo Colina. Y aún después de que se conocieran públicamente los crímenes de ese grupo, Fujimori presionó al Congreso peruano para aprobar una ley que otorgara a sus integrantes una amnistía por sus crímenes.