(Washington) — La decisión del juez chileno Orlando Álvarez denegando hoy día el pedido de extradición del ex presidente de Perú Alberto Fujimori es una decisión fundamentalmente errada, dijo hoy Human Rights Watch.

La decisión es inconsistente con la opinión de la fiscal de la Corte Suprema de Chile Mónica Maldonado, emitida en las semanas previas, que recomendó la extradición.

“La decisión del juez Álvarez carece de sentido,” dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Álvarez ha ignorado por completo pruebas claves que la Fiscal de la Corte Suprema había destacado. Por el contrario, el juez le ha dado un peso desmedido a informaciones que sólo son secundariamente relevantes.”

La decisión del juez Álvarez no cuestiona el hecho de que la mayor parte de los abusos contra los derechos humanos y los casos de corrupción que se le atribuyen a Fujimori realmente existieron. Sin embargo, erróneamente concluye que no hay evidencias suficientes de la participación de Fujimori en esos crímenes.

Human Rights Watch señaló que el estándar probatorio para justificar la extradición bajo las leyes chilenas exige que las evidencias sean suficientes sólo para establecer una presunción fundada de la participación del requerido. No es necesario que sean suficientes para una condena.

“Los tribunales peruanos son los únicos llamados a determinar, después de la extradición, procesamiento y juicio, si existen pruebas suficientes para justificar una condena,” dijo Vivanco. “Pero pareciera que el juez Álvarez no entendió la limitada función que debía cumplir en este caso. Más bien asumió el papel del juez encargado de la sentencia definitiva respecto de la culpabilidad de Fujimori.”

Human Rights Watch advirtió que la decisión del juez era inconsistente con las evidencias del caso, y que esperaba que el dictamen fuera desestimado durante la apelación.

“Creemos que cuando la sala penal de la Corte Suprema revise todas las pruebas disponibles, llegará a una conclusión muy distinta y ajustada a derecho,” dijo Vivanco.

Human Rights Watch citó varios ejemplos de casos importantes en los que el Juez Álvarez ni siquiera ha mencionado pruebas sustantivas que habían sido previamente descritos en su informe de 2005, Presuncion Fundada: Pruebas que Comprometen a Fujimori:

Barrios Altos/La Cantuta
Álvarez equivocadamente asegura que no existen pruebas que vinculen directamente a Fujimori con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta en 1991 y 1992. Pero omite mencionar que existe una extensa grabación en video con las declaraciones de Santiago Martín Rivas, el jefe operativo del escuadrón de la muerte del grupo Colina, cuya transcripción se encuentra en el expediente. Tal como lo señala la Fiscal Suprema Mónica Maldonado, esas declaraciones son evidencias sólidas que demuestran el conocimiento de Fujimori de la existencia y operaciones del grupo Colina, el cual fue establecido para conducir operaciones ilegales, incluyendo la ejecución extrajudicial de sospechosos.

El juez también se equivoca al olvidarse de mencionar la extensa evidencia existente que demuestra el control absoluto de Fujimori sobre las fuerzas armadas cuando ocurrió la masacre de La Cantuta, sobre todo a partir su autogolpe algunos meses antes de la masacre.

Por el contrario, el juez elige darle un valor importante a las declaraciones de algunos oficiales que dicen que Fujimori les dio órdenes de respetar los derechos humanos, concluyendo entonces que “Hay una ausencia de decisiones políticas tendientes a propiciar un régimen represivo que importaba una violación a los derechos humanos.” (Párrafo 113 del fallo).

Human Rights Watch señaló que esta conclusión es profundamente inconsistente con el hecho de que, después de su autogolpe en 1992, Fujimori estableció toda una estructura legal que permitía la violación de los derechos humanos, como por ejemplo detenciones arbitrarias y la falta de un debido proceso.

Desvío de Fondos Estatales
Otro cargo serio contra Fujimori es el desvío de fondos, a lo largo de casi todo su mandato presidencial, de millones de dólares de fondos públicos, para su propio beneficio y el de sus familiares. El grueso de los fondos fueron desviados a través de un complejo esquema que empezaba con la transferencia de fondos secretos desde varias entidades estatales hacia las cuentas secretas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), las cuales, según órdenes del propio Fujimori, eran administrados por su asesor más próximo, Vladimiro Montesinos. De esta manera, se le imputa a Fujimori haber obtenido enormes sumas de dinero, que fueron usadas para incrementar sus ingresos mensuales personales y para financiar la estructura de soborno, extorsión y concentración de poder que tanto daño hizo a las instituciones democráticas durante su paso por el poder.

El juez Álvarez concluyó simplemente que, a pesar de existir evidencias que demuestran que los fondos fueron transferidos al SIN, no hay evidencias de la participación directa de Fujimori en transferencias irregulares.

Él llega a esta conclusión evitando por completo mencionar el testimonio del propio Montesinos, quien declara que los fondos desviados fueron usados para una serie de propósitos ilegales, incluyendo sobornos, siguiendo las órdenes de Fujimori. Álvarez también se equivoca al obviar los testimonios de Montesinos, de su ex secretaria personal María Angélica Arce, y de su propia contadora, Matilde Pinchi, quienes señalan que cada mes Fujimori recibía de Montesinos una suma elevada de dinero, retirada de las cuentas del SIN, para el uso personal de Fujimori y su familia.

Álvarez también menciona, aunque luego lo descarta por razones poco claras, el testimonio de un general del ejército sobre las órdenes directas de Fujimori para asegurar las transferencias.

Pago de $15 millones a Montesinos
El análisis del juez de estos cargos es particularmente sorprendente. El juez reconoce que, en efecto, tanto Montesinos como el ex ministro de economía Carlos Boloña declararon que Fujimori dio órdenes para transferir $15 millones de dólares ilegalmente tomados de los fondos públicos para posteriormente entregarlos a Montesinos. También reconoce que otros testimonios de otros testigos corroboran lo mismo, así como el hecho que la transferencia efectivamente ocurrió.

Sin embargo, a pesar de toda la evidencia, el juez concluye erróneamente que, debido a que el testimonio es inconsistente en cuanto al propósito de la transferencia (es decir, en cuanto a si el dinero iba a ser usado para una futura campaña presidencial de Fujimori, o si iba a ser un pago a Montesinos—aunque cualquiera de los dos sería un uso ilegal de esos fondos), el magistrado arriba a la conclusión de que no hay suficientes evidencias sobre la participación de Fujimori en estos hechos.

Interceptación Telefónica
El juez asegura que “No existe ningún testigo que declare haber recibido una orden personalmente del requerido, o haber presenciado la emisión de esta orden directamente por parte del Presidente” (Párrafo 64) para conducir una interceptación telefónica.

Pero el juez, por razones desconocidas, desestimó el testimonio de Montesinos, quien declaró que fue el propio Fujimori quien ordenó organizar el esquema de interceptación telefónica. También ignora por completo el testimonio del general de brigada del ejército Gerardo Luis Pérez del Águila, quien sirvió como jefe de la Casa Militar dentro de Palacio de Gobierno, y quien testificó que cuando él descubrió equipos de interceptación telefónica operando dentro de Palacio, ordenó que fueran desconectados, pero después recibió órdenes explícitas de Fujimori para reinstalar los equipos.

La decisión del juez contiene omisiones y vacíos de análisis similares e inexplicables con relación a varios otros cargos.