(Nairobi) - Las fuerzas etíopes, somalíes e insurgentes son responsables de las violaciones rampantes de las leyes de la guerra en Mogadisco, que han provocado sufrimiento masivo a la población civil, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que incluya, durante sus actuales deliberaciones sobre Somalia, un firme mandato de protección de la población civil en cualquier misión de mantenimiento de la paz.

El informe de 113 páginas, "Shell-Shocked: Civilians Under Siege in Mogadishu" (Bombardeados por la guerra: Civiles bajo asedio en Mogadisco), es la primera investigación independiente en terreno sobre los combates que sacudieron Mogadisco en marzo y abril de 2007, que se saldaron con las muertes de cientos de civiles y el desplazamiento de 400.000 personas.

"Todas las partes en conflicto han demostrado un desprecio criminal por el bienestar de la población civil en Mogadisco", señaló Ken Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "La indiferencia del Consejo de Seguridad ante esta crisis sólo ha agravado la tragedia", agregó.

Human Rights Watch documentó numerosos crímenes de guerra entre otras muchas violaciones de las leyes de la guerra por todas las partes en el conflicto armado en Mogadisco.

Las violaciones cometidas por la insurgencia, una coalición informal de grupos armados somalíes, incluyen: lanzamiento indiscriminado de fuego de mortero contra áreas civiles; despliegue de fuerzas en barrios densamente poblados; asesinato premeditado de funcionarios civiles del gobierno de transición somalí; y ejecuciones sumarias y mutilación de los cuerpos de combatientes capturados.

Las fuerzas etíopes que respaldan al gobierno de transición somalí violaron las leyes de la guerra al realizar bombardeos extensos e indiscriminados contra áreas densamente pobladas de Mogadisco mediante cohetes, morteros y artillería. En varias ocasiones, sus tropas dirigieron específicamente ataques contra hospitales, que después saquearon llevándose equipo médico desesperadamente necesario. Human Rights Watch también documentó casos en los que las fuerzas etíopes dispararon deliberadamente y ejecutaron sumariamente a civiles.

Las fuerzas del gobierno de transición somalí desempeñaron un papel secundario para las fuerzas armadas etíopes, pero no advirtieron efectivamente a los civiles en zonas de combate, saquearon propiedades, obstaculizaron los esfuerzos de asistencia a las personas desplazadas y maltrataron a docenas de personas detenidas en arrestos masivos.

"Los insurgentes pusieron en grave peligro a civiles al desplegarse entre ellos", señaló Roth. "Pero esto no justifica el lanzamiento calculado de bombas y cohetes contra barrios enteros por parte de las tropas etíopes", agregó.

El lanzamiento del informe coincide con las deliberaciones sobre Somalia que tienen lugar hoy en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad tiene previsto debatir sobre la misión de 1.500 miembros de la Unión Africana en Somalia y las propuestas para convertir dicha misión en una fuerza de la ONU.

El conflicto en Mogadisco ha sufrido una escalada constante desde que el Gobierno Federal de Transición Somalí (GFT), apoyado por Etiopía, se instaló en Mogadisco en enero de 2007. En diciembre de 2006, las fuerzas etíopes apoyadas por Estados Unidos derrocaron a los Tribunales Islámicos de Mogadisco y otras áreas de la región meridional de Somalia en una ofensiva relámpago.

Desde enero de 2007, una coalición de grupos insurgentes, entre ellos la milicia Al-Shabaab, parte de los Tribunales Islámicos, ha librado ataques casi a diario contra las fuerzas etíopes y del GFT, entre ellos algunos atentados suicidas y asesinatos de funcionarios civiles del GFT. La insurgencia ha lanzado repetidos ataques con mortero desde barrios densamente poblados de Mogadisco, lo que ha puesto en peligro la seguridad de la población civil y constituye una violación de las leyes de la guerra.

El 29 de marzo, las fuerzas etíopes lanzaron la primera de dos grandes ofensivas contrainsurgentes en la ciudad. Las tropas etíopes bombardearon indiscriminadamente los bastiones insurgentes con descargas de cohetes Katiuska, mortero y artillería, sin hacer ningún esfuerzo aparente por distinguir entre objetivos civiles e insurgentes.

Entre el 18 y el 26 de abril, una segunda ofensiva etíope atacó y destruyó áreas adicionales de la ciudad y agregó varios cientos de civiles al saldo de muertos. Aunque todavía no se conoce el número preciso de bajas civiles, las estimaciones oscilan entre 400 y más de 1.300 muertos como consecuencia de ambas ofensivas.

La intervención etíope en Somalia está estrechamente relacionada con los problemas de seguridad en la zona, lo que incluye una guerra de poder con Eritrea y la presencia de dos grupos rebeldes etíopes en Somalia.

En enero de 2007, Estados Unidos lanzó varios ataques aéreos en el sur de Somalia, y de nuevo en junio en Puntland, en el nordeste del país. Estos ataques constituyeron las primeras intervenciones militares de Estados Unidos desde la salida de sus fuerzas del país en 1994. Estados Unidos alegó que algunos militantes dentro de los Tribunales Islámicos proveían refugio a personas conectadas con las redes del terrorismo internacional, entre ellos algunas personas buscadas en conexión con los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, en 1998.

"Desde el final de los principales combates en abril, las fuerzas etíopes y del gobierno somalí han violado habitualmente los derechos de los civiles en las calles de Mogadisco", señaló Roth. "El antiterrorismo efectivo sólo puede establecerse sobre la base del respeto por los derechos fundamentales y el final de la impunidad por crímenes graves", agregó.

Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a los actores internacionales esenciales a que utilicen su influencia con las fuerzas etíopes y del gobierno somalí para que pongan fin a los abusos y fomenten el respeto por el derecho internacional.

Los países preocupados por la situación deben solicitar y apoyar la expansión de la misión de la ONU para la observación e información sobre los derechos humanos en Somalia.