La extradición de Alberto Fujimori al Perú es una cuestión de justicia fundamental, no sólo para las víctimas directas de los delitos que se le imputan, sino también para la sociedad peruana en su conjunto.

La mayoría de los cargos contra Fujimori involucran delitos de corrupción. Pero estos últimos no fueron actos aislados de enriquecimiento ilícito, aunque las pruebas indican que sí hubo tal enriquecimiento. Reflejan también una amplia estrategia de su Gobierno para apropiarse y sostenerse en el poder mediante la corrupción y la manipulación de las instituciones democráticas.

Por ejemplo, un gran número de pruebas demuestra que Fujimori ejecutó un complejo sistema para desviar mensualmente fondos públicos a cuentas especiales controladas por su asesor Vladimiro Montesinos. Cada mes, según las declaraciones judiciales de varios testigos, Fujimori ordenaba que centenares de miles de dólares de los fondos desviados le fueran entregados personalmente a él. Pero, además, los recursos en esas cuentas especiales fueron luego utilizados por el régimen para sobornar a medios de comunicación, congresistas de oposición, jueces y funcionarios públicos.

Otro de los cargos, fundamentado en múltiples declaraciones judiciales, es la interceptación telefónica masiva, desde oficinas ubicadas en distintas partes de Lima, incluso en el Palacio de Gobierno, a miembros de la oposición, sociedad civil y periodistas.

De esta manera, eliminando los controles normales del Poder Judicial, el Poder Legislativo y los medios de comunicación, se instaló en el poder un régimen mafioso que gobernó el Perú por casi una década.

A su vez, este régimen aprovechó su poder sin límites para cometer gravísimas violaciones de los derechos humanos—como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta—con total impunidad. De hecho, la experiencia peruana es un claro ejemplo de cómo la corrupción muchas veces va de la mano con violaciones de los derechos humanos. En el Perú de Fujimori, la corrupción a gran escala no sólo privó a los peruanos de recursos públicos que podrían haberse empleado para aliviar las enormes necesidades económicas del país, sino que también erosionó gravemente el Estado de Derecho, requisito esencial para la efectiva protección de los derechos humanos.

Los cargos contra Fujimori no son, como él frecuentemente los presenta, el resultado de una persecución política. Como lo ha destacado la fiscal Mónica Maldonado en su excelente informe, la gran mayoría de los cargos contra Fujimori están basados en pruebas más que suficientes para establecer una presunción fundada de su responsabilidad penal.

Durante siete años, Fujimori ha logrado evadir la justicia. La única conclusión justa del proceso que se le sigue en Chile es su extradición para ser juzgado en el Perú. Ya es hora de que responda ante los tribunales y el pueblo peruano, en un juicio con todas las garantías del debido proceso, por los gravísimos hechos que se le imputan.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch/Américas, y María McFarland Sánchez–Moreno, autora del informe de Human Rights Watch “Presunción fundada: las pruebas que comprometen a Fujimori”.