(Santiago) — Pruebas que comprometen al ex presidente peruano Alberto Fujimori en graves violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción justifican su extradición de Chile al Perú, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy.

“Fujimori ha dicho reiteradamente que no hay pruebas que lo comprometan en delito alguno y que es víctima de una persecución política,” dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Pero en los casos que nosotros examinamos, hay testimonios y amplia documentación que lo implican directamente en graves violaciones a los derechos humanos y en hechos de corrupción institucionalizada.”

El informe de 23 paginas de Human Rights Watch, “Presunción Fundada: pruebas que comprometen a Fujimori,” examina rigurosamente cinco casos penales pendientes en Perú, incluyendo violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción que degradaron las instituciones democráticas peruanas.

Está previsto que en los próximos días las autoridades peruanas presenten solicitudes formales para la extradición de Fujimori de Chile, donde el ex presidente ha estado detenido desde su llegada sorpresiva a ese país el 6 de noviembre de este año.

La extradición de Fujimori al Perú será decidida por la Suprema Corte de Chile, la cual en casos previos ha evaluado las pruebas que sirven de base para los cargos formulados en la solicitud de extradición. Por lo general, la corte ha requerido que las pruebas sean suficientes para establecer una presunción fundada de responsabilidad que permita sustentar una acusación penal en Chile.

En el informe, Human Rights Watch concluye que hay pruebas más que suficientes para justificar su acusación y procesamiento en Perú, y por lo tanto su extradición de Chile.

Entre los casos que examina el informe se encuentran las masacres de 15 personas en el vecindario de Barrios Altos en Lima en 1991, y de otras 10 personas en la Universidad de La Cantuta en las afueras de la capital peruana el año siguiente. Las masacres fueron supuestamente cometidas por el Grupo Colina, un escuadrón especializado de oficiales de inteligencia del ejército establecido para eliminar a presuntos terroristas. Fujimori y otras 57 personas, incluyendo su principal asesor Vladimiro Montesinos, al igual que un gran número de oficiales militares, están siendo procesados por estas masacres.

El informe detalla información que indica que el Grupo Colina se creó como parte de una estrategia anti-terrorista aprobada por Fujimori, y que Fujimori sabía de la existencia y las operaciones del Grupo Colina antes de las masacres, pero no hizo nada para detenerlas. Tampoco tomó medidas para castigar estos crímenes después de ocurridos. Esta información incluye declaraciones de miembros del Grupo Colina al igual que documentos de los archivos militares de inteligencia.

Otro de los casos consiste en que Fujimori desvió millones de dólares de fondos públicos para su propio beneficio. El informe describe un gran número de pruebas documentales y testimoniales que indican que Fujimori estableció un complejo sistema para desviar fondos públicos cada mes al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) mediante cuentas especiales controladas por su asesor Vladimiro Montesinos. Cada mes, según las declaraciones judiciales de varios testigos, Fujimori ordenaba que varios centenares de miles de dólares de los fondos desviados de las arcas públicas le fueran entregados directamente a él.

Montesinos y otros han declarado judicialmente que él y Fujimori usaban los fondos desviados con fines ilegales, incluyendo la compra de medios de comunicación y el pago de sobornos a congresistas y dueños de los medios de comunicación. Los sobornos, que están sólidamente documentados, también son objeto de procesos penales contra Fujimori.

Human Rights Watch también analiza pruebas contundentes que demuestran que Fujimori ordenó el establecimiento de un masivo y sofisticado sistema, que operó durante casi todo su gobierno, para interceptar ilegalmente las llamadas privadas de miles de peruanos, incluyendo integrantes de la sociedad civil, periodistas y políticos.

Otro caso analizado en el informe de Human Rights Watch se refiere a cargos de que Fujimori ordenó la entrega de 15 millones de dólares de fondos públicos a su asesor Montesinos poco antes del colapso de su gobierno en el 2000. Ex ministros que participaron en la operación, así como el mismo Montesinos, han declarado judicialmente sobre las órdenes de Fujimori y sus esfuerzos posteriores por encubrir el pago.

“Cualquier corte razonable que evalúe objetivamente la evidencia presentada en este informe debería concluir que Fujimori deber ser extraditado al Perú,” dijo Vivanco. “Fujimori será juzgado en Lima donde, en la actualidad, cuenta con debido proceso para defenderse de estos cargos tan serios que se le imputan.”

Fujimori fue presidente del Perú de 1990 a 2000. En 1992, en un “autogolpe” Fujimori disolvió el Congreso, entonces controlado por la oposición, y asumió el control total del gobierno. Fue reelecto presidente en 1995, gracias a éxitos en materia económica y de seguridad.

Después de las elecciones de 1995, el régimen de Fujimori respetó las formalidades de la democracia, pero fue progresivamente degradando las instituciones democráticas. El gobierno cayó en el 2000 en medio de un enorme escándalo de corrupción causado por filtración de un video de Montesinos sobornando a un congresista de la oposición. Fujimori renunció a la presidencia por fax desde Japón, donde reclamó la ciudadanía japonesa y pudo evitar la extradición durante casi cinco años.

La extradición de Fujimori de Chile al Perú está regulada por un tratado de extradición de 1932 entre los dos países, que incluye varios requisitos técnicos. Por ejemplo, que los crímenes de los cuales se acusa a Fujimori estén también tipificados en la legislación penal chilena, y que el término de prescripción no haya transcurrido de acuerdo con la ley chilena.