(Santiago) — Tras la detención en Santiago del ex Presidente del Perú Alberto Fujimori, las autoridades chilenas deben asegurar que el proceso para su extradición se lleve a cabo de manera justa y expedita, Human Rights Watch afirmó hoy.

Fujimori, quien gobernó Perú desde 1990 hasta 2000 y ha vivido en Japón desde entonces, tiene procesos penales en su contra en Perú por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios, torturas y desapariciones forzadas. Fujimori llegó a Santiago el domingo y fue detenido temprano esta mañana, luego que Perú presentara una solicitud formal de detención previa.

Fujimori realizó su viaje en un momento de tensión en las relaciones entre Perú y Chile sobre los límites marítimos entre los dos países.

“Al parecer Fujimori piensa que puede aprovecharse de las tensiones entre los dos países para iniciar su regreso a Perú,” dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, debido al record de las cortes chilenas en casos de extradición, todavía es demasiado temprano para saber si ha calculado mal.”

Un magistrado de la Corte Suprema Chilena será el encargado de definir si se han cumplido las condiciones básicas para aprobar la extradición de Fujimori a Perú. Las cortes chilenas han rechazado solicitudes peruanas de extradición en otros casos de corrupción vinculados con el régimen de Fujimori.

“El Poder Judicial chileno hizo lo correcto al ordenar la detención previa de Fujimori,” dijo Vivanco. “Ahora tendrán que determinar si sus días de evadir la justicia han llegado a su fin.”

Aunque fue elegido democráticamente en 1990, el ex Presidente Fujimori posteriormente asumió poderes autoritarios. En abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso del Perú e hizo aprobar una nueva Constitución. Mediante la extorsión y el soborno, Fujimori y su asesor cercano, Vladimiro Montesinos, llegaron a controlar la Fiscalía, el poder judicial, el sistema electoral y gran parte de los medios de comunicación.

En noviembre del 2000, el gobierno de Fujimori colapsó en medio de un enorme escándalo de corrupción. Fujimori huyó a Japón, aprovechando su presunta nacionalidad japonesa.

Tras la caída del gobierno, procuradores ad-hoc en Perú iniciaron investigaciones en gran escala de la corrupción y los abusos de derechos humanos cometidos durante el régimen de Fujimori. Cerca de 1,500 personas están siendo procesadas por hechos de corrupción supuestamente cometidos durante el gobierno de Fujimori. Montesinos y más de 40 miembros del “Grupo Colina,” un escuadrón de la muerte supuestamente controlado por Fujimori y Montesinos, están actualmente siendo juzgados en Lima.

Fujimori tiene procesos en su contra por su supuesto involucramiento en la ejecución extrajudicial, por parte del Grupo Colina, de quince personas en el distrito de Barrios Altos en Lima en noviembre de 1991 y en las desapariciones forzadas y homicidios de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad “La Cantuta” en julio de 1992.

Durante años, el juzgamiento del Grupo Colina por estos delitos estuvo impedido por una ley de amnistía aprobada en 1995 por el Congreso, entonces controlado por Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos posteriormente determinó que la ley violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Otros procesos en contra de Fujimori por violaciones a los derechos humanos incluyen numerosos homicidios y desapariciones forzadas supuestamente realizadas en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, y la tortura del periodista Fabián Salazar luego de que éste consiguiera material fílmico que implicaba a miembros del gobierno de Fujimori en actos de corrupción.

Los procesos por corrupción en contra de Fujimori incluyen, entre otros, su supuesta transferencia ilegal de US$15 millones del tesoro público a su asesor Montesinos; la entrega ilícita de dinero a congresistas de oposición a cambio de su apoyo al gobierno; y el desvío de recursos públicos para beneficio personal.

Human Rights Watch dijo que, pese a que Fujimori afirma ser objeto de persecución política, los delitos que se le imputan no pueden ser considerados “delitos políticos,” los cuales están excluidos de los tratados de extradición entre Chile y Perú.

Las autoridades japonesas rechazaron solicitudes para la extradición de Fujimori presentadas por el gobierno peruano.