(Santiago) – El ex dictador chileno, General Augusto Pinochet, quien falleció en Santiago el 10 de diciembre, fue un pionero en el uso de las “desapariciones” como arma de represión en Sudamérica, dijo hoy Human Rights Watch. Sin embargo, su arresto en Londres en 1998 también impulsó el uso de tribunales nacionales para juzgar a líderes extranjeros por abusos cometidos en sus propios países, señaló Human Rights Watch.
Durante los 17 años del gobierno de Pinochet en Chile, más de 2,600 personas fueron asesinadas o “desaparecidas” por fuerzas de seguridad, más de 28,000 fueron torturadas y cientos de miles fueron exiliados o abandonaron el país temiendo por sus vidas.
“El arresto en Londres fue el principio del fin para Pinochet y el inicio de un esfuerzo para llevar ante la justicia a los violadores de derechos humanos más poderosos del mundo”, dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Pinochet pasó sus últimos años luchando contra una maraña cada vez más compleja de juicios en Chile y murió dejando la imagen de una figura profundamente desacreditada en la tierra que una vez gobernó”.
Pinochet, quien alguna vez se consideró intocable por la ley gracias a una amnistía dictada por su propio gobierno, fue arrestado en Gran Bretaña luego que España solicitó su extradición acusándolo de haber cometido flagrantes violaciones de derechos humanos en Chile. Aunque el gobierno británico finalmente se aseguró que Pinochet regresara a Chile en lugar de enviarlo a España, su arresto ayudó a promover los esfuerzos en Chile para enjuiciar las atrocidades cometidas mientras él se encontraba en el poder.
La detención de Pinochet también animó a las victimas de otros violadores de derechos humanos a quienes se les negaba justicia en sus propios países a llevar sus casos ante tribunales de otros países, bajo el principio que algunos delitos son tan terribles que pueden ser juzgados por tribunales extranjeros incluso si estos países no tienen conexión directa con los delitos.
Al momento de su muerte, Pinochet estaba bajo arresto domiciliario y enfrentaba juicios por varias acusaciones de violaciones múltiples de derechos humanos y corrupción.
Pinochet, hasta entonces un oscuro oficial del Ejército chileno, tomó el poder en un sangriento golpe de estado en septiembre de 1973, en una época de intensa polarización política. Durante la década de los ‘70, en una campaña para erradicar a los partidos de izquierda, la DINA (una unidad de inteligencia militar cuyo jefe respondía directamente a Pinochet) interrogó y torturó a víctimas en prisiones clandestinas, negando tenerlas bajo detención – “desapareciendo”, de esta manera, a sus víctimas. Se cree que alrededor de 1,000 de los “desaparecidos” fueron ejecutados en secreto pero, a la fecha, el destino de la mayoría de ellos no ha sido aclarado. Otras agencias militares y de la policía también participaron en la represión.
Agentes gubernamentales también asesinaron o intentaron asesinar a opositores políticos exiliados en Argentina, España y los Estados Unidos. Los militares chilenos organizaron operaciones conjuntas de inteligencia con estados vecinos para ubicar y matar a disidentes que vivían en el exterior, un plan conocido como la Operación Cóndor.
En octubre de 1988, Pinochet sufrió la derrota en un plebiscito organizado para legitimar la continuación de su gobierno y, al año siguiente, perdió la primera elección presidencial en 19 años. Sin embargo, conforme a una constitución preparada por sus asesores civiles que comenzó a regir en 1980, pudo retener su cargo de Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998. A pesar del retorno de Chile a la democracia, Pinochet continuó ejerciendo un enorme poder hasta octubre de 1998, cuando fue sorpresivamente arrestado en Londres sobre la base de acusaciones de violación de derechos humanos.
Luego de haber sido mantenido en arresto domiciliario en Inglaterra durante 17 meses aguardando una posible extradición a España, el gobierno británico finalmente adoptó la decisión controversial de emplear su poder discrecional y devolver a Pinochet a Chile por razones de salud.
El caso fue histórico. “El caso Pinochet despertó nuevas esperanzas para las víctimas de abusos de derechos en todo el mundo”, dijo Vivanco. “Los jueces británicos confirmaron el principio que los tribunales en cualquier lugar pueden tener jurisdicción para juzgar los delitos más graves de violación de derechos humanos, amenazando la seguridad de los dictadores alrededor del mundo”.
Desde entonces, las víctimas de violaciones de derechos humanos han planteado ante tribunales europeos sus casos contra funcionarios extranjeros acusados de cometer serios abusos que, casi con seguridad, escapaban de toda acción legal en sus países de origen. La mayoría de las personas llevadas a juicio como consecuencia del arresto de Pinochet han sido funcionarios de nivel medio, pero su estremecedor efecto ha mantenido a algunos líderes acusados de abusos atentos a las implicancias legales de sus planes de viaje y los activistas parecen estar cerca de presionar a Senegal para enjuiciar a Hissene Habre, el ex dictador de Chad.
El juicio en Londres también dio valor a los tribunales chilenos. Luego del regreso de Pinochet, los jueces lo acusaron por primera vez por su papel en las “desapariciones” y matanzas, lo pusieron en varias ocasiones bajo arresto domiciliario y, en octubre de este año, lo acusaron personalmente de tortura. Al momento de su muerte estaba enfrentando juicios en tres casos por violaciones de derechos humanos y otros se encontraban en trámite.
Hasta octubre del año 2006, los tribunales habían condenado a 109 agentes de su régimen por delitos que incluyen “desapariciones”, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Treinta y cinco ex generales del Ejército, la Fuerza Aérea y la policía han sido condenados o enfrentan juicios.
Pinochet, quien intentó justificarse diciendo que cualquier delito que se hubiera cometido fue por el bien nacional, estaba también enfrentando juicios por evasión fiscal y falsificación de pasaportes, en conexión con unos $28 millones que tenía guardados en 128 cuentas bancarias en Estados Unidos, utilizando diversas variantes de su nombre. La creciente evidencia de que el ex dictador era corrupto y brutal lo desacreditó entre sus más devotos defensores políticos.
Pinochet nunca admitió los crímenes cometidos durante su gobierno. En una declaración leída la semana pasada en su cumpleaños número 91 se quejó de que los oficiales militares ahora acusados o condenados por abusos fueron víctimas de revancha y persecución. Aunque aceptó la responsabilidad política, nunca defendió a sus oficiales en los tribunales al admitir que, en su condición de comandante, él dio las órdenes para que se ejecutaran los delitos.
“El legado más grande de Pinochet puede ser el llamado de advertencia para los dictadores en todas partes”, dijo Vivanco. “Su caso le mostró al mundo que incluso los violadores de derechos humanos más poderosos pueden ser obligados a enfrentar a la justicia”.