(Washington, D.C.) – El arresto esta semana del ex dictador Augusto Pinochet, quien por primera vez enfrenta cargos de tortura, es un momento culminante en la lucha por la justicia en Chile, dijo hoy la organización de derechos humanos Human Rights Watch.

Pinochet enfrenta cargos por la supuesta tortura de 23 personas, así como el secuestro de 34 personas y un homicidio, llevados a cabo en centros de detención clandestinos del gobierno después de que Pinochet asumiera el poder en el golpe militar de 1973. El ex dictador, quien fue puesto bajo arresto domiciliario el lunes, también se encuentra procesado por cargos de secuestro en conexión con la “desaparición” de 119 personas en 1975. Hasta ahora, Pinochet no había enfrentado cargos específicos por tortura, práctica sistemática de su gobierno.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, informó en 2004 que más de 18,000 personas fueron torturadas durante los primeros cuatro meses después del golpe de septiembre de 1973, y otras 5,266 desde enero de 1974 hasta agosto de 1977.

“Este es un momento crucial para las miles de víctimas de la tortura en Chile” dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al parecer, la persona que dirigió el régimen que los victimizó finalmente tendrá que responder ante la justicia por sus crímenes.”

Los tribunales chilenos ya han dictado sentencia contra 109 oficiales militares y policiales, por crímenes que incluyen “desapariciones”, ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas durante el gobierno militar. Treinta y cinco ex generales del ejército, carabineros y la fuerza aérea ya han sido sentenciados o enfrentan en la actualidad juicios por abusos contra los derechos humanos.

En 2003, la Corte Suprema ordenó que los cargos previos contra Pinochet, quien cumple 91 años el próximo mes, sean retirados basados en su supuesta incapacidad mental para enfrentar juicios. Sin embargo, en octubre de 2005, una comisión de siquiatras nombrada por la corte estableció que Pinochet estaba lúcido y capaz de entender y responder los interrogatorios.

Las nuevas acusaciones involucran abusos ocurridos en la Villa Grimaldi, centro clandestino de detención bajo el mando de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), donde las víctimas estuvieron detenidas después del golpe militar de 1973. Las evidencias contra Pinochet incluyen el testimonio de Ricardo Lawrence, un ex agente de la DINA quien ha dicho que él acompañó a Pinochet a interrogar a Víctor Díaz, un ex dirigente del partido comunista chileno, quien fue mantenido en cautiverio en 1976 en Villa Grimaldi. Lawrence ha dicho que él escuchó el interrogatorio, que tuvo lugar en una base militar en Santiago. Díaz “desapareció” posteriormente.

El juez investigador Alejandro Solís también ha mencionado el testimonio del director de la DINA, Manuel Contreras, quien se encuentra actualmente purgando una pena de prisión por secuestro. Según ese testimonio, Contreras reconoce que informaba diariamente a Pinochet sobre todas sus acciones.