(Santiago) — Al conceder a los jueces sólo seis meses para concluir sus investigaciones de los abusos cometidos durante la dictadura militar de Chile, una resolución de la Corte Suprema de Chile menoscabaría los esfuerzos por promover el rendimiento de cuentas por las violaciones de los derechos humanos del pasado, señaló hoy Human Rights Watch. Ayer, el gobierno chileno anunció planes para una ley que limitaría de manera similar las investigaciones sobre derechos humanos.
"El sistema de justicia chileno estaba realizando finalmente avances en estos casos, sobre todo gracias a los recientes fallos de la Corte Suprema que sostuvieron el principio de que las violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas exhaustivamente y enjuiciadas", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. "Ahora, después de una campaña concertada de antiguos oficiales militares para recortar estas investigaciones, la Corte y el gobierno han elegido abandonar este principio y promover la impunidad", agregó.
Para justificar las instrucciones del cierre de estos casos, la Corte citó las normas internacionales que establecen el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable de tiempo. Sin embargo, muchas de las investigaciones se encuentran en una fase tan preliminar que no se han identificado o formulado cargos contra sospechosos.
"Este razonamiento es absurdo", dijo Vivanco. "¿Cómo se puede hablar de derechos de los acusados en casos en los que todavía no se ha acusado a nadie?", preguntó.
De acuerdo con las reglas normales de procedimiento penal en Chile, los propios jueces determinan en qué momento debe cerrarse una investigación penal que esté arrojando escasos resultados. Las instrucciones de la Corte, dictadas el martes, sólo conceden seis meses a los jueces para procesar a los sospechosos o, si se carece de pruebas para enjuiciarlos, cerrar la investigación.
El presidente de la Corte, Marcos Libedinsky, negó que el límite de tiempo fuera a detener completamente las investigaciones judiciales. Señaló que los familiares de las víctimas aún podían apelar el cierre de los casos argumentando que todavía tenían que realizarse averiguaciones específicas. Sin embargo, una vez que se completen dichas averiguaciones, el juez tendría la obligación de dictar auto de procesamiento o cerrar el caso. Aunque el Estado tiene la obligación de garantizar que se investigan las violaciones graves de los derechos humanos y se piden cuentas a los responsables, esta medida trasladaría la carga de reabrir los casos a los familiares de las víctimas.
En un voto disidente, dos ministros de la Corte Suprema, José Benquis y José Luis Pérez, sostuvieron que la Corte se había excedido en sus poderes al imponer un límite de tiempo sobre las investigaciones, una opinión compartida por algunos expertos constitucionalistas y legisladores.
Sin embargo, el Presidente Lagos aplaudió la resolución de la Corte y dijo que sintonizaba con las medidas gubernamentales para encontrar una fórmula para acelerar los juicios. Ayer, el Ministro de Justicia Luis Bates anunció que el gobierno introduciría un proyecto de ley en marzo para que los juicios sobre derechos humanos sean compatibles con el nuevo código de procedimiento penal que debe entrar en vigor en todo el país en junio. De acuerdo con las propuestas del gobierno, las investigaciones de crímenes contra los derechos humanos que llevan en curso más de 18 meses tendrían que cerrarse en un plazo de seis meses.
Las medidas anunciadas por la Corte Suprema y el gobierno esta semana han estado precedidas por una larga campaña militar para limitar las investigaciones judiciales sobre derechos humanos. Aunque se ha mantenido silencio sobre asuntos cruciales como el paradero de cientos de presos "desaparecidos", los antiguos oficiales procesados ahora se han quejado amargamente de los retrasos en los juicios. El Comandante del Ejército, el General Juan Emilio Cheyre, ha presionado persistentemente al gobierno para que adopte medidas para acelerarlos.
"Es irónico que antiguos oficiales militares se quejen de los retrasos en sus casos cuando el verdadero impedimento en todo el proceso ha sido su propia negativa a cooperar con los investigadores", señaló Vivanco. "Lamentablemente, parece que tanto el gobierno como la mayoría de los ministros de la Corte Suprema se han creído ahora su argumento", agregó.
