(Santiago) — La Corte Suprema de Chile debería reconsiderar su decisión de terminar el mandato de los jueces con dedicación exclusiva o preferencial para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet, dijo un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos en un llamamiento urgente emitido en apoyo a sus homólogos chilenos.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas señalaron que la suspensión del mandato de los jueces especiales, prevista para el 25 de julio de 2005, sería el peor revés para la justicia y el rendimiento de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado desde que Chile recuperó la democracia en 1990.
Desde el año 2001 la Corte Suprema ha asignado a Ministros de Fuero de las Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia la tarea exclusiva o preferencial de investigar casos de derechos humanos, de los cuales más de 350 siguen abiertos.
"En los últimos cuatro años, estos jueces especiales han hecho más avances en estos casos que toda la judicatura en el cuarto de siglo anterior", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. "Sería una tragedia que estos avances se vieran frenados ahora, cuando ha reaparecido un destello de esperanza para miles de familiares de las víctimas de Pinochet", agregó. El llamamiento se hizo en una conferencia de prensa en Santiago en que participaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la sección chilena de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El 25 de enero de 2005, la Corte Suprema ordenó a todos los jueces que estaban investigando violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar que terminaran sus investigaciones en un plazo de seis meses. A menos que se iniciaran los juicios en dicho plazo, o las partes lograran apelar para que los casos siguieran abiertos y posibilitar la realización de las diligencias que faltan, todas las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura terminarán el 25 de julio de 2005. Es más, la Corte Suprema anunció que llegaría a su fin al mismo tiempo del mandato de los jueces especiales asignados a estos casos.
"Independientemente de las razones dadas para fundamentar esta decisión, es una fuerte desautorización a los jueces cuyo trabajo durante los últimos años ha contribuido considerablemente a restaurar la confianza en el Estado de derecho", señaló Federico Andreu, Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de la Comisión Internacional de Juristas.
Los ministros de dedicación exclusiva o preferente están dedicados ahora casi exclusivamente a casos de derechos humanos y sólo tienen que asistir a sesiones judiciales ordinarias dos veces a la semana. El 25 de julio próximo ya no tendrán acceso a expertos especialmente contratados, asistencia secretarial, apoyo informático, gastos de viaje y la asistencia de actuarios dedicados actualmente a ayudarles en casos de derechos humanos.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos solicita la designación de más jueces de dedicación exclusiva y preferente, con mayores recursos humanos, técnicos y económicos y mayor apoyo al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones.
Los abogados que representan a los familiares de las víctimas consideran que estos recursos especiales y las habilidades del Departamento Quinto-una unidad de la policía de investigación criminal que se ha especializado en casos de derechos humanos- han sido decisivos en los recientes avances judiciales en casos de derechos humanos.
"La manera más fácil de abordar este problema sería que la Corte Suprema reconsiderara su decisión de poner fin al mandato de los jueces especiales y garantizara que las investigaciones y los juicios de derechos humanos cuenten con recursos adecuados", señaló Susan Lee, Directora para la Américas de Amnistía Internacional.
El próximo lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago se reunirá para considerar la petición formal que hicieran ocho ministros de la Corte el 11 de marzo, solicitándole que instara ante la Corte Suprema a que les permitiera conservar la carga de trabajo y los recursos actuales. Los jueces subrayaron que sería imposible continuar avanzando los casos de otro modo.
"Si nuestro llamamiento a la judicatura no tiene éxito, instaremos al Congreso a que apoye una propuesta legislativa para continuar la labor de los jueces especiales", señaló Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. "Sugeriremos maneras de cumplir con nuestras demandas mediante la modificación de propuestas legislativas que ya se están debatiendo en el Congreso", agregó.
Cientos de casos que están siendo investigados se verán afectados. Incluyen las diligencias del Ministro Alejandro Solís sobre las "desapariciones" y la tortura en la Villa Grimaldi, un centro clandestino de detención de Santiago empleado por la policía secreta de Pinochet en los setenta. Todavía se desconoce el paradero de más de un centenar de víctimas. También podría interrumpirse la investigación dirigida por el Ministro Solís sobre el atentado con carro bomba en 1974, en Buenos Aires, contra el General Carlos Prats, predecesor de Pinochet al mando de las fuerzas armadas.
Otro juez, el Ministro Jorge Zepeda, está investigando las "desapariciones" y la tortura en la Colonia Dignidad, un fundo perteneciente a una secta alemana en el sur de Chile que se utilizó como base de la policía secreta después del golpe militar de 1973. Tras la captura del líder de la secta, Paul Schaefer, en marzo en Buenos Aires, los investigadores descubrieron los motores de dos automóviles Renault enterrados en la propiedad, que, según se cree, pertenecían a víctimas secuestradas por las fuerzas de seguridad de Pinochet. Se sabe que otras docenas de víctimas estuvieron detenidas en la colonia en los setenta y los ochenta, pero se desconoce su paradero.
Las investigaciones judiciales sobre la muerte del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva mientras estaba hospitalizado en una clínica de Santiago en 1982 han reforzado las sospechas de que muriera a causa de una toxina administrada por agentes de la dictadura. Puede que nunca se sepa lo que pasó realmente con Frei a no ser que el juez instructor, el Ministro Alejandro Madrid, tenga tiempo y recursos para continuar con su investigación.
