(New York) - El gobierno sudanés es responsable de "limpieza étnica" y crímenes contra la humanidad en la región occidental de Darfur, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Consejo de Seguridad de la ONU, que será informado hoy sobre la situación en Darfur, debe adoptar medidas para frenar esta limpieza étnica creando las condiciones para el retorno seguro del más de un millón de personas que ya han sido desplazadas.

Human Rights Watch pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que condene enérgicamente las acciones del gobierno sudanés y le exija que desarme, disuelva y retire a las milicias árabes que participan en la limpieza étnica, en colaboración frecuentemente con las fuerzas gubernamentales. Dos misiones de la ONU que han regresado recientemente de Darfur se dirigirán al Consejo de Seguridad hoy para hablar de las causas relacionadas con los derechos humanos y las consecuencias humanitarias del conflicto.  

En el informe de 77 páginas, "Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan" (Darfur destruido: Limpieza étnica por parte del gobierno y las fuerzas milicianas en el oeste de Sudán) se documenta cómo las fuerzas del gobierno sudanés han supervisado y participado directamente en masacres, ejecuciones sumarias de civiles, incendios de pueblos y aldeas, y la despoblación forzosa de amplias extensiones de tierras habitadas desde hace mucho por los grupos étnicos fur, masalit y zaghawa.  

"No cabe duda de la culpabilidad del gobierno sudanés por los crímenes contra la humanidad en Darfur", señaló Peter Takirambudde, director ejecutivo de la División de África de Human Rights Watch. "El Consejo de Seguridad de la ONU no debe ignorar estos hechos brutales".  

En el informe de Human Rights Watch también se documenta cómo las milicias árabes "janjawid"-cuyos miembros son musulmanes-han destruido mezquitas, asesinado a líderes religiosos musulmanes y profanado textos coránicos pertenecientes a sus enemigos.  

Human Rights Watch pasó 25 días en Darfur Occidental y sus alrededores documentando abusos en áreas rurales que habían estado pobladas por comunidades masalit y fur. Desde agosto, amplias extensiones de sus tierras de origen, entre las más fértiles de la región, han sido incendiadas y despobladas. Con raras excepciones, el campo ha sido vaciado de sus habitantes originales masalit y fur.  

Las aldeas no han sido incendiadas al azar, sino sistemáticamente-con frecuencia no una vez, sino dos. El ganado, los comercios de comida, los pozos y las bombas de agua, las mantas y la ropa han sido saqueados o destruidos.  

La ocupación de pueblos incendiados y abandonados por janjawid incontrolados ha forzado a los civiles a huir a campamentos y asentamientos en la periferia de ciudades. Pero en el informe de Human Rights Watch se documenta cómo, hasta en estos campamentos, los janjawid asesinan, violan y saquean con impunidad. A veces roban los escasos artículos de ayuda de emergencia que han llegado a las poblaciones desplazadas.  

Durante meses, el gobierno sudanés ha restringido el acceso de los medios de comunicación internacionales a Darfur y ha limitado las informaciones sobre el conflicto en la prensa nacional. Recientemente, el gobierno ha permitido un acceso mínimo a la región a las agencias humanitarias internacionales, pero sigue sin ofrecer la protección y la asistencia necesarias a los civiles desplazados.  

"La dimensión de la emergencia humanitaria en Darfur es inmensa", señaló Takirambudde. "Pero los derechos humanos están detrás de esta situación. El Consejo de Seguridad debe exigir al gobierno sudanés que adopte medidas inmediatas para frenar la limpieza étnica en Darfur".