(Buenos Aires) - El gobierno argentino debe apoyar los esfuerzos de los tribunales por enjuiciar a los responsables de las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen militar, afirma Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.

Aunque los avances de los jueces argentinos por revitalizar las atascadas causas contra los autores de los crímenes de la guerra sucia han sido notables, altas autoridades del Gobierno se han mostrado reacios a apoyar la reapertura de los procesos por crímenes contra los derechos humanos.

A principios de los años setenta el terrorismo de izquierda y el terrorismo de derecha apoyado por el gobierno asolaron Argentina. Después de que las Fuerzas Armadas se hicieran con el poder, con el golpe de marzo de 1976, militares y policías secuestraron a por lo menos14.000 presuntos izquierdistas; los torturaron en centros clandestinos de detención; los ejecutaron y se deshicieron de sus cuerpos en secreto. Aunque en 1986 y 1987 se aprobaron sendas leyes de amnistía que ampararon a la mayoría de los responsables frente a acusaciones penales, un tribunal de apelaciones argentino ha derribado ambos textos.

"Durante años, numerosos familiares de las víctimas han sido frustrados por la imposibilidad de obtener justicia," declaró José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Ahora que los crímenes cometidos durante esos años pueden, por fin, ser procesados, el Gobierno debe cumplir con su obligación de garantizar justicia," añadió.

El pasado 9 de noviembre, la Cámara Federal de Buenos Aires declaró nulas las antiguas leyes de amnistía del país. Por unanimidad, la Cámara falló que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, introducidas por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 para aplacar las iras militares provocadas por las causas por violaciones a los derechos humanos, eran inconstitucionales y violaban normas internacionales. Para el tribunal, hacer justicia "no constituye una alternativa. Es una obligación".

El informe de 45 páginas titulado Un socio renuente: La falta de apoyo del gobierno argentino al re-inicio de juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (Reluctant Partner: The Argentine Government's Failure to Back Trials of Human Rights Violators) sigue la historia de este fallo judicial desde 1995, fecha a la que se remontan las dramáticas revelaciones sobre los vuelos de la muerte (durante los cuales los detenidos políticos eran drogados y arrojados al Atlántico desde aviones), revelaciones que incentivaron a los grupos locales de defensa de los derechos humanos en su lucha ante los tribunales por obtener justicia. Uno de estos grupos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó el caso de la desaparición de una pareja chilenoargentina, que correspondió al juez federal Gabriel Cavallo.

El 6 de marzo de 2001, en el proceso por la desaparición de esa pareja, el juez Cavallo declaró inconstitucionales y sin efecto legal alguno las leyes de amnistía. Esta histórica decisión es la que respaldó, en el mes de noviembre, la Cámara Federal de Buenos Aires.

El próximo año está previsto que la Corte Suprema argentina examine el recurso contra la resolución de la Cámara Federal. Se trata de un recurso interpuesto por dos ex policías implicados en el caso. Si la Corte Suprema rechaza el recurso, se habrá abierto la puerta a nuevos procesos por crímenes de derechos humanos.

El próximo año está previsto que la Corte Suprema argentina examine el recurso contra la resolución de la Cámara Federal. Se trata de un recurso interpuesto por dos ex policías implicados en el caso. Si la Corte Suprema rechaza el recurso, se habrá abierto la puerta a nuevos procesos por crímenes de derechos humanos.

Oficialmente, el Gobierno se mantiene ajeno al proceso que se desarrolla en los tribunales, pero varios ministros han expresado su desacuerdo con la decisión Cavallo en distintas entrevistas periodísticas. Por otra parte, durante el 2001, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa han rechazado las demandas de extradición cursadas por Italia, Francia, España y Alemania por crímenes cometidos en Argentina contra ciudadanos de esos países, afirmando que sólo Argentina tiene legitimidad para juzgar a los responsables de delitos cometidos en su territorio.

El Ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que firmó el pasado 16 de noviembre la desestimación de la petición de extradición presentada por el juez español Baltasar Garzón contra dieciocho ciudadanos argentinos, ha remitido los casos al Procurador General para su investigación.

"El Gobierno debe usar ahora todos los mecanismos legales y políticos a su alcance para asegurar el procesamiento de esos casos," señaló Vivanco. "Resultaría inaceptable que denegara las demandas de extradición y al mismo tiempo defendiera las leyes que impiden a los propios jueces argentinos hacer justicia."

El informe de Human Rights Watch describe el largo retraso del rendimiento de cuentas por la guerra sucia. Tras la caída de la Junta Militar en 1983, la Cámara Federal de Buenos Aires condenó a cinco de sus dirigentes por los delitos de homicidio, torturas y detención ilegal; pero el Presidente Menem los indultó en 1990, según se argumentó, como medida reconciliatoria. En enero de 1998, el Congreso derogó las leyes de amnistía, pero, como la derogación carecía de efecto retroactivo, no se permitió la reapertura de los casos que los tribunales habían cerrado.

Gracias a las leyes de amnistía, los oficiales responsables de torturas y desapariciones han gozado de inmunidad frente a cualquier persecución penal desde 1987. Desde esa fecha, las Fuerzas Armadas vienen insistiendo en que todos los registros sobre desapariciones fueron destruidos cuando la Junta abandonó el poder.