(Washington, D.C., 2 de febrero de 2001) - Human Rights Watch aplaudió hoy la decisión del Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, de autorizar la extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo.
Cavallo, un ex oficial militar de Argentina implicado en atrocidades cometidas durante la dictadura militar de siete años, se enfrenta a cargos por tortura, genocidio y terrorismo en un caso que depende de la competencia del Juez Baltasar Garzón, conocido por su procesamiento del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
"La decisión del Secretario de Relaciones Exteriores es un logro extraordinario en el establecimiento de responsabilidad por abusos a los derechos humanos," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "También marca un cambio drástico en la política exterior mexicana. Al desempeñar un papel activo en los esfuerzos internacionales de procesar atrocidades, México está haciendo historia."
La decisión sobre la extradición emitida por el Secretario de Exteriores se basa en un fallo judicial mexicano del 12 de enero que estableció el fundamento legal para la extradición. No obstante, la decisión actual es aún más amplia que la anterior sentencia judicial, que había autorizado el procesamiento de Cavallo por genocidio y terrorismo, pero no por tortura.
Se espera que Cavallo presente ahora un recurso de amparo al fallo de los tribunales mexicanos.
Cavallo es el segundo argentino detenido en el extranjero por crímenes de derechos humanos cometidos en Argentina durante la dictadura militar del país, entre 1976 y 1983. (El primero fue el mayor retirado Jorge Olivera, detenido en Roma el año pasado y puesto en libertad debido a errores cometidos por los tribunales italianos.) Hasta el momento de su detención, vivía en México donde ocupaba el cargo de director del Registro Nacional de Vehículos (Renave).
Según el auto de procesamiento de noviembre de 1999 dictado por el juez español Garzón, Cavallo, conocido por el nombre de Miguel Ángel Cavallo, era un teniente de Fragata destacado en la notoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, durante el régimen militar. El auto señala que entre enero de 1977 y octubre de 1978, Cavallo perteneció al sector de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2, un grupo involucrado activamente en el secuestro y tortura de personas consideradas izquierdistas por el ejército. En dicho auto se cita a Cavallo como uno de los participantes en la tortura de Thelma Jara de Cabezas y en la ejecución de Mónica Jáuregui y Elba Delia Aldaya.
En el informe de 1984 de la comisión de la verdad de Argentina (CONADEP) se citan 8.961 personas desaparecidas durante la dictadura militar, y se señala que esta cifra no es exhaustiva. Aunque en los años ochenta se procesó penalmente a algunos oficiales de alto rango por estos abusos, la gran mayoría de los criminales militares fueron protegidos por las leyes de amnistía nacionales, mientras que los indultos decretados por el entonces Presidente Menem en 1989 y 1990 pusieron en libertad a los que habían sido condenados.
En opinión de Human Rights Watch, el procesamiento de Cavallo extiende el precedente sentado por la detención del General Pinochet en Londres en 1998.
"El mundo está avanzando hacia una cooperación internacional cada vez mayor para procesar los crímenes contra la humanidad, independientemente de donde se hayan cometido," dijo Vivanco. "Estamos muy satisfechos de que México se haya sumado a esa tendencia."
