La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) se estableció en 1970, tras la designación del primer Día de la Tierra, con el propósito expreso de proteger la salud humana y el medioambiente. Sin embargo, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, los cambios vertiginosos en las políticas han alejado a la agencia de la salud pública.
Desde enero de 2025, la EPA ha perdido a miles de científicos y especialistas, lo que se reforzó con recortes presupuestarios que diezman las investigaciones y la aplicación de la ley. La EPA concluyó sin más sus programas sobre justicia ambiental, y abandonó así a las comunidades marginadas para cuya protección se habían creado.
Human Rights Watch ha documentado evidencias de que la contaminación extrema que generan las operaciones de combustibles fósiles tiene correlación con daños agravados a la salud. En una región de Luisiana conocida como el Corredor del Cáncer, quienes viven allí presentan tasas más altas de cáncer, afecciones respiratorias y complicaciones graves en la salud materna, reproductiva y neonatal. Estos daños afectan desproporcionadamente a las personas negras que residen en la zona.
En un cambio drástico, la EPA anunció el 12 de enero que ya no tendrá en cuenta el valor económico de la salud humana al determinar el costo relacionado con contrarrestar los contaminantes dañinos, si bien reconoce que contribuyen a enfermedades graves y muertes prematuras. Con esto, la agencia ha allanado el camino para que se establezcan estándares de emisiones menos exigentes que ponen en peligro de manera directa a las comunidades en la primera línea, las cuales a menudo son comunidades de color que enfrentan los primeros y peores impactos del cambio climático y de los peligros ambientales. Si al regular los contaminantes la EPA considera únicamente los costos para las empresas, ello implica que, en los hechos, asigna un valor nulo a la vida humana.
En febrero, la agencia tomó la medida radical de rescindir la Determinación sobre Peligro de 2009, una herramienta jurídica vital para regular los contaminantes que contribuyen al calentamiento climático. Esta maniobra priva de fundamentos legales a las regulaciones de la EPA sobre los gases de efecto invernadero e implica un retroceso sin precedentes, incluso en el contexto general de la agenda anticlimática enérgica que impulsa la administración actual.
En un informe publicado por excientíficos de la EPA en febrero de 2026, se identificaron 12 contaminantes de alto riesgo para los cuales ahora no hay salvaguardias federales. Estos contaminantes se han asociado con enfermedades respiratorias, daños en la salud reproductiva y muertes prematuras. El informe fue categórico: la EPA se ha desentendido de protecciones vitales y esto hace que las comunidades de color soporten las peores consecuencias.
No obstante, diversos estados y activistas están cuestionando la legalidad de estos cambios, y nuestras voces colectivas siguen siendo una herramienta potente para recuperar un futuro donde la política gubernamental proteja cada vida y cada comunidad.
