(Washington, D. C.) – Los grupos armados en el departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, han reforzado su control sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y cometido graves abusos contra la población civil, en particular contra las comunidades indígenas, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde 2023, el gobierno ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador. Aunque en algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, Comandos de la Frontera, y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona. Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados.
“Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen”.
En septiembre de 2025, Human Rights Watch visitó Puerto Asís, Mocoa, Orito y La Hormiga, en Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales. La mayoría de ellos temían represalias por parte de los grupos armados y hablaron bajo condición de anonimato.
Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas, así como para la minería ilegal. El departamento registra la segunda mayor producción de hoja coca—materia prima utilizada para producir cocaína—en el país, solo es superado por el departamento vecino de Nariño.
Actualmente, dos de los tres grupos armados de Putumayo están en negociaciones de paz con el gobierno. Estos son: Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera principalmente en el sur de Putumayo, a lo largo de la frontera con Ecuador, y el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), y opera en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.
El Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC), opera al oriente de Putumayo, en frontera con los departamentos de Caquetá y Amazonas. Estuvo en diálogos de paz con el gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
Aunque las cifras oficiales de homicidios han descendido hasta su nivel más bajo en una década, los residentes de Putumayo dijeron a Human Rights Watch que los grupos armados a menudo obligan a las comunidades a recoger y enterrar los cadáveres de las personas que matan, aparentemente para ocultar los crímenes. Trabajadores humanitarios y autoridades locales afirmaron que los grupos han estado atacando mayormente a líderes comunitarios e indígenas. Human Rights Watch ha documentado varios casos de este tipo.
En un caso reciente, el 7 de septiembre, Jhon Fredy Rico, miembro de una Junta de Acción Comunal en Puerto Guzmán, fue asesinado poco después de dejar a su hijo en un partido de fútbol. Líderes locales y trabajadores humanitarios dijeron que creían que miembros de los Comandos de la Frontera lo habían asesinado en represalia por su participación en un evento relacionado con las negociaciones de paz entre el gobierno y el EMBF, un grupo opositor.
Los grupos armados imponen sus “reglas” a comunidades enteras y amenazan a cualquiera que denuncie sus crímenes y abusos. Han presionado a las comunidades para que participen en reuniones relacionadas con las negociaciones de paz, asistan a encuentros sociales y participen en protestas en defensa de los intereses del grupo armado, según afirmaron líderes comunitarios y trabajadores humanitarios.
Líderes comunitarios informaron que en febrero, los residentes se vieron obligados a salir a las calles para apoyar los diálogos de paz del gobierno con el CNEB y exigir la liberación de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, el comandante en jefe de los Comandos de la Frontera, quien fue arrestado en Bogotá el 13 de febrero. Los líderes comunitarios dijeron que el grupo también prohíbe las protestas contra las empresas petroleras en algunas partes de Putumayo.
Los grupos armados también obligan a la población a plantar coca y vendérsela, incluso cuando han alcanzado acuerdos con el gobierno para sustituir la coca, según afirmaron las autoridades indígenas y los trabajadores humanitarios.
Los entrevistados describieron una serie de abusos, entre ellos:
- El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales y en residencias escolares rurales, seguido de amenazas a los maestros o familiares que denuncian estos casos. La Defensoría del Pueblo registró 25 casos de reclutamiento entre 2024 y 2025, aunque los entrevistados afirmaron que el número de niños reclutados es mucho mayor, ya que la mayoría de los casos no se denuncian.
- La restricción de las prácticas culturales, ancestrales y espirituales de los pueblos indígenas, incluidos los Awá, Nasa y Siona. “Las actividades espirituales ya no pueden realizarse por la noche debido a los toques de queda impuestos por los Comandos de la Frontera”, afirmó un líder indígena.
- La imposición de toques de queda y confinamientos debido a enfrentamientos o amenazas. Entre abril y noviembre de 2025, el Frente Carolina Ramírez confinó a unas 350 personas de las comunidades indígenas de Umancia y Guaquira, en el municipio de Puerto Leguízamo, lo que les dificultó el acceso a alimentos y otros bienes esenciales.
- La imposición de trabajos forzados como castigo, obligando a las personas a construir vías rurales o “placa huellas”, que los grupos utilizan para obtener el apoyo de las comunidades locales en ausencia de autoridades gubernamentales y servicios públicos. Estas vías también han dado lugar a una importante deforestación ilegal.
- La presión a gobernadores indígenas para que incluyan a miembros de los grupos armados en los censos comunitarios, en un aparente esfuerzo por garantizar que, en caso de ser detenidos, sean sometidos a los sistemas de justicia indígenas, en lugar del sistema de justicia ordinario.
- La exigencia de portar un carné expedido por las Juntas de Acción Comunal y las autoridades indígenas para las personas que viven en las zonas rurales controladas por los Comandos de la Frontera. “El carné es más importante que la cédula”, afirmó un líder indígena, porque sin él no se puede circular libremente.
“El gobierno debe abordar urgentemente la situación de Putumayo e implementar una estrategia sólida de justicia y seguridad para proteger a la población, en particular a los pueblos indígenas”, afirmó Goebertus.
