El presidente de EE. UU., Donald Trump, se hizo del control de 2000 agentes de la Guardia Nacional de California que dependen del gobernador del estado, Gavin Newsom, y el día sábado, desplegó a estas fuerzas en Los Ángeles, donde policías y manifestantes se enfrentaban en las calles.
El presidente Trump argumenta que la medida es necesaria para proteger la propiedad y el personal federal, pero este es un señalamiento dudoso. Ni Newsom ni la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, creen que esta movilización sea necesaria, y Newsom indica que la “medida es deliberadamente provocativa y no tendrá otro efecto más que agudizar las tensiones”.
Como si quisiera probar lo señalado por Newsom, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, amenazó con enviar soldados en servicio activo si continúan las protestas. Esta amenaza se hizo realidad cuando se movilizó a 700 infantes de marina de Twentynine Palms a Los Ángeles.
Las protestas, que se producen en todo el país, incluido en Los Ángeles, Nueva York y Phoenix, Arizona, repudian la intensificación de las redadas que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante su candidatura, Trump manifestó que llevaría a cabo “deportaciones masivas” de personas que no estén autorizadas a estar en Estados Unidos, y prometió empezar con “lo peor de lo peor”. Sin embargo, ahora la administración ha dado instrucciones al ICE de hacer todo lo posible para deportar a 3000 personas por día.
Para alcanzar este objetivo, el personal de inmigración realiza redadas desgarradoras en tiendas, como Home Depot en Westlake, California, y también en hoteles y obras en construcción.
Es decir, el ICE va tras familias y personas que están trabajando.
A su vez, hace algunas semanas, empezaron a presentarse efectivos del ICE frente a los tribunales de inmigración, donde se tramitan los casos de asilo y otros casos inmigratorios. Después de las audiencias judiciales, agentes del ICE esposaron a personas que salían de la sala, muchas veces delante de sus familiares y seres queridos. Esto es devastador para las personas que quedan atrás, y muchas rompen en llanto.
En algunos casos, el ICE detuvo a personas después de que la justicia presuntamente había desestimado sus casos de deportación, lo que suele significar un resultado positivo para las personas inmigrantes que tienen la esperanza de permanecer en EE. UU. Incluso casos que no fueron desestimados por la justicia habrían sido interrumpidos por arrestos del ICE frente a la sala del tribunal.
A la mayoría de las personas detenidas se las está asignando a procedimientos rápidos de deportación, conocidos como “expulsión acelerada”, que en general les niegan la posibilidad de defender su situación ante un tribunal inmigratorio. Las personas inmigrantes tienen derecho a plantear una solicitud de asilo para evitar ser asignadas al procedimiento de expulsión acelerada; no obstante, las investigaciones de Human Rights Watch sobre ciudadanos de terceros países a quienes se deportó a Panamá y Costa Rica permiten dudar de si la administración respetará la ley y escuchará las solicitudes de asilo.
Son estas acciones del ICE las que están provocando las protestas. La administración Trump se ha extralimitado gravemente con sus políticas inmigratorias abusivas, y parece estar dispuesta a seguir haciéndolo cuando amenaza con usar a miembros de la guardia nacional y militares para responder a las protestas.
