(Washington, D.C.) – El gobierno de Estados Unidos debería ofrecerse a traer de vuelta y atender las solicitudes de asilo de aproximadamente 200 ciudadanos de terceros países, incluidos niños, niñas y adolescentes, que fueron expulsados injustamente a Costa Rica en febrero, señaló hoy Human Rights Watch. Costa Rica debería rechazar futuros traslados de ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos.
El informe de 73 páginas, “‘La estrategia es doblegarnos’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Costa Rica”, documenta las expulsiones de Estados Unidos, que se produjeron después de que el gobierno estadounidense retuviera a migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de detención abusivas—a veces durante semanas—mientras les negaba sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y les trasmitieron mensajes contradictorios sobre su futuro.
“Es repudiable que el gobierno de Estados Unidos haya abandonado a familias en un país que nunca eligieron, sin ningún proceso y sin pensar en lo más mínimo en su seguridad”, señaló Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de Human Rights Watch. “Costa Rica y Estados Unidos deberían permitir de inmediato que estas familias busquen asilo en un país donde se sientan seguros”.
Costa Rica aceptó un total de 200 solicitantes de asilo y migrantes expulsados de Estados Unidos, entre ellos 81 niños de edades entre 1 y 17 años. Sus países de origen incluían Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, China, la República Democrática del Congo, Georgia, India, Irán, Kazajstán, Nepal, la República del Congo (Congo-Brazzaville), Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. Noventa y siete personas ya han regresado a sus países de origen en circunstancias que generan dudas sobre si sus decisiones fueron verdaderamente voluntarias. Seis personas escaparon del centro de migrantes costarricense donde estaban recluidas. Otras 30 personas han solicitado asilo en Costa Rica.
Ninguno de los dos gobiernos ha hecho públicos los detalles del acuerdo de expulsión. Al anunciar la decisión de aceptar los dos vuelos, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, declaró: “Estamos ayudando al hermano económicamente poderoso del norte [Estados Unidos], a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friegan”. Chaves y otros funcionarios costarricenses han afirmado que Estados Unidos está cubriendo los gastos de estadía en Costa Rica de las personas expulsadas de Estados Unidos.
Las autoridades costarricenses han descrito el papel del país como un “puente” hacia los países de origen de las personas. En febrero, Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director general de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, dijo: “Según la información que nos brinda el gobierno de los Estados Unidos, la gran mayoría, casi todos, tienen un deseo de retornar a sus países de origen”.
Sin embargo, Human Rights Watch entrevistó a 36 personas entre el 1 de marzo y el 30 de abril que dijeron que ellos, junto con muchos otros enviados a Costa Rica, se enfrentarían a graves riesgos para sus vidas o su seguridad si fueran devueltos a sus países de origen. Más de dos meses después de su traslado a Costa Rica, únicamente la mitad de los 200 ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos han regresado a sus países de origen. Los que han aceptado regresar lo hicieron tras ser detenidos en Estados Unidos bajo condiciones abusivas, ser expulsados por la fuerza y detenidos en Costa Rica, y recibir mensajes contradictorios de funcionarios costarricenses sobre sus opciones, todo lo cual plantea dudas sobre si sus decisiones de regresar a sus países de origen fueron realmente voluntarias.
Todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch, excepto dos, afirmaron que no tuvieron ninguna oportunidad en Estados Unidos de explicar por qué temían regresar a sus países de origen. Aunque la legislación estadounidense prevé un procedimiento de deportación agilizado, conocido como “deportación acelerada” (expedited removal en inglés), las personas que solicitan asilo o afirman temer regresar a sus países de origen siempre deben recibir una evaluación preliminar de asilo, también conocida como una “entrevista de temor creíble” (credible fear interview en inglés).
Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) separaron a algunas familias durante estas expulsiones. En un caso, la CBP separó a una familia numerosa de Afganistán, enviando a una mujer a Panamá, manteniendo a su marido y a su hermano de 19 años en Estados Unidos, y expulsando a Costa Rica a la hermana de la mujer, a su cuñado y a su sobrino de 14 meses.
Los funcionarios costarricenses informaron en repetidas ocasiones a las personas que sus únicas opciones eran regresar a sus países de origen o viajar a otro país que les aceptara.
El 26 de marzo, los funcionarios costarricenses les presentaron por primera vez la opción de solicitar asilo en Costa Rica.
Human Rights Watch supo que los funcionarios costarricenses les habían pedido a varias personas expulsadas que hicieran una lista de los países a los que querían trasladarse, lo que generó expectativas de que serían trasladadas rápidamente al país de su elección.
Hasta el 23 de abril, las personas expulsadas permanecían detenidas en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), situado en la provincia de Puntarenas, a unos 300 kilómetros de San José. El motivo de su detención no era claro: ninguno de los nacionales de terceros países ha sido acusado de un delito, todos entraron a Costa Rica con el permiso del gobierno y han tenido un estatus temporal válido en Costa Rica durante toda su estancia.
Los funcionarios de migración costarricenses empezaron a devolverles los pasaportes el 23 de abril y les informaron que podían obtener un permiso humanitario especial que les otorga 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o abandonar el país. Ahora pueden circular libremente dentro del país.
Como reparación parcial por los dos meses de detención arbitraria, el gobierno costarricense debería proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a quienes deseen solicitar asilo en el país, señaló Human Rights Watch.
“La complicidad en las expulsiones abusivas de Estados Unidos ha dañado la reconocida historia de Costa Rica como un país de acogida para refugiados”, dijo Bochenek. “Pero no es tarde para corregir este error: el gobierno costarricense puede y debe ofrecer una reparación significativa a las personas que recibió de Estados Unidos”.
