Burkina Faso, Malí y Níger tienen al menos tres cosas en común, además de ser vecinos en la región africana del Sahel.
En primer lugar, todos están gobernados por juntas militares.
Dos, esas juntas militares están cometiendo graves abusos contra los derechos humanos, incluidas atrocidades. En particular, en la región abundan los abusos contra la población civil provocados por los conflictos, así como las restricciones de los derechos civiles y políticos.
En tercer lugar, todos han abandonado oficialmente la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).
Ese tercer punto tiene más en común con los dos primeros de lo que puede parecer a primera vista.
Dentro de la CEDEAO, existe una institución conocida como Tribunal de Justicia de la Comunidad. Desde 2005, este Tribunal tiene jurisdicción para conocer de casos de derechos humanos presentados por ciudadanos de los Estados miembros. Las personas ni siquiera tienen que pasar primero por sus tribunales locales; pueden acudir directamente al Tribunal Comunitario de Justicia de la CEDEAO.
El Tribunal ha dictado sentencias históricas en materia de derechos humanos, por ejemplo en Burkina Faso, Malí y Níger.
Así pues, se puede ver al menos una razón por la que las juntas militares de estos países -cuyas fuerzas de seguridad están cometiendo graves abusos contra los derechos humanos- querrían retirarse de la CEDEAO. Les ayuda a eludir la rendición de cuentas al dejar esos delitos fuera de la jurisdicción del Tribunal.
Qué conveniente para ellos.
No es nada conveniente para las víctimas de los abusos y las atrocidades de las juntas militares. Pierden una vía clave para acceder a la justicia.
Naturalmente, ya han perdido sus vías locales y nacionales. Las autoridades de las juntas militares de Burkina Faso, Malí y Níger apenas investigan, y mucho menos enjuician, a las fuerzas de seguridad, los grupos armados y otros responsables de delitos graves cometidos durante los conflictos armados en curso.
Ahora, las víctimas tienen aún menos opciones.
En la nueva confederación formada por los tres países, está claro que la justicia y la rendición de cuentas no son prioridades.
Un activista político de Malí, ahora exiliado en Francia, lo resumió para HRW la semana pasada:
"Desde que llegaron al poder por la fuerza, estos gobiernos militares han fracasado sistemáticamente a la hora de exigir responsabilidades por atroces abusos contra los derechos humanos.... Esta última medida no hace sino confirmar su desprecio por los derechos humanos y el Estado de derecho".
