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Residentes pasan por al lado de un vehículo incinerado mientras el barrio Delmas 22 es evacuado la mañana después de un ataque, en Puerto Príncipe, Haití, 2 de mayo de 2024. © 2024 Ramon Espinosa/AP Photo

(Ciudad de México) – La crisis de Haití ha alcanzado niveles catastróficos, con grupos criminales aliados intensificando ataques a gran escala y coordinados contra la población y la infraestructura estatal clave, casi paralizando gran parte del país y empeorando la ya grave situación humanitaria y de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025.

En la 35ª edición, el informe mundial de 546 páginas de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. La directora ejecutiva Tirana Hassan señala en su ensayo introductorio que, en gran parte del mundo, los gobiernos reprimieron y arrestaron y encarcelaron injustamente a opositores políticos, activistas y periodistas. Tanto grupos armados como fuerzas gubernamentales mataron en forma ilegítima a civiles, obligaron a muchos a abandonar sus hogares y bloquearon el acceso a la ayuda humanitaria. En muchas de las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar en 2024, los líderes autoritarios ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias.

“A lo largo de 2024, los grupos criminales asesinaron, secuestraron y utilizaron la violencia sexual para controlar a la población de Haití, ya abrumada por el aumento de la pobreza, el hambre y la falta de acceso a los servicios esenciales”, afirmó Nathalye Cotrino, investigadora sénior para las Américas de Human Rights Watch. “El nombramiento de un gobierno de transición y el despliegue de una misión multidimensional de apoyo a la seguridad autorizada por las Naciones Unidas para apoyar a la Policía Nacional de Haití aún no han mejorado la seguridad ni restaurado el Estado de derecho.”

  • A finales de febrero, los principales grupos criminales, unidos en la coalición Viv Ansam (Viviendo Juntos en criollo), lanzaron ataques coordinados contra las principales prisiones, comisarías de policía, oficinas gubernamentales e infraestructuras clave como centros de salud y escuelas de la capital de Haití, Puerto Príncipe. Estos ataques casi paralizaron el país y la entrega de ayuda humanitaria vital durante casi tres meses.
  • Los grupos criminales aumentaron el reclutamiento infantil, aprovechándose del hambre y la pobreza generalizadas. En octubre, al menos el 30 % de los miembros de los grupos criminales eran menores de edad. Los menores participaron en extorsiones, saqueos y graves actos de violencia, incluidos asesinatos y secuestros, pero también sufrieron abusos dentro de los grupos criminales. El gobierno de transición de Haití carece de una estrategia y de los recursos necesarios para garantizar la protección de todos los menores, incluso mediante el acceso a la educación y la justicia, y vías legales para salir de los grupos criminales.
  • El uso de la violencia sexual por parte de los grupos criminales ahora es generalizado. Entre enero y octubre, casi 4.000 niñas y mujeres reportaron actos de violencia sexual, incluidas violaciones en grupo, en su mayoría cometidos por miembros de grupos criminales. Las supervivientes tienen poco acceso a servicios de protección y atención debido a los limitados recursos institucionales y a la interrupción en la prestación de los servicios esenciales por la violencia, en particular, de la atención sanitaria.
  • En junio, la misión multinacional de apoyo a la seguridad (MSS por sus siglas en inglés), autorizada por las Naciones Unidas y liderada por Kenia, inició sus operaciones en Haití con cerca de 400 oficiales, muy por debajo de los 2.500 previstos. Aunque la MSS ha apoyado las operaciones contra la criminalidad de la Policía Nacional de Haití y ha desarrollado salvaguardias clave en materia de derechos humanos, la misión se enfrenta a importantes retos financieros y logísticos.
  • Los grupos criminales intensificaron ataques coordinados en octubre y ahora controlan alrededor del 85 % de Puerto Príncipe y su área metropolitana y han ampliado su control en los departamentos de Ouest y Artibonite. En 2024, los grupos criminales asesinaron al menos 5.601 personas, según las Naciones Unidas. La mitad de la población haitiana lucha por acceder a alimentos, convirtiendo a Haití en uno de los países con mayor inseguridad alimentaria del mundo, y más de 700.000 haitianos—el 25 % de ellos menores de edad—están desplazados internamente.

La comunidad internacional debería apoyar urgentemente una respuesta integral y basada en los derechos humanos a la crisis de Haití, centrada en restablecer la seguridad, el Estado de derecho y guiar al país de vuelta a la democracia, satisfaciendo las necesidades inmediatas de la población. En seguimiento a la petición del gobierno de transición de transformar la MSS en una misión de la ONU, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería autorizar urgentemente y desplegar rápidamente una misión plena de Naciones Unidas en Haití. La misión debería ser parte de una estrategia más amplia que incluya salvaguardias de derechos humanos, mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas para evitar abusos pasados y abordar el legado de intervenciones anteriores.

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