En 2024, la crisis multidimensional de Haití alcanzó niveles catastróficos. Los grupos criminales unidos en la coalición “Viv Ansanm” (Viviendo Juntos en creole) intensificaron ataques a gran escala y coordinados que paralizaron el país de febrero a mayo, y de octubre hasta la actualidad. Estos ataques afectaron gravemente la prestación de servicios públicos, como electricidad, agua, saneamiento, atención médica, educación y transporte, restringiendo significativamente el acceso a los bienes esenciales. La mitad de la población haitiana lucho a diario por acceder a alimentos, convirtiendo a Haití en uno de los países con una de las tasas más altas de inseguridad alimentaria aguda del mundo.
Los asesinatos y secuestros por parte de grupos criminales aumentaron, con una débil respuesta estatal y un sistema judicial ineficaz. La violencia sexual se volvió generalizada, con sobrevivientes teniendo acceso mínimo a servicios de salud y una ausencia casi total de justicia. El aumento del hambre y la pobreza extrema han obligado a los menores de edad a unirse a los grupos criminales, donde enfrentan abusos, incluida la explotación sexual.
Un nuevo gobierno de transición, dirigido por un primer ministro y un consejo presidencial de transición, fue establecido con el objetivo de reforzar la seguridad y organizar elecciones libres y justas. Sin embargo, la inestabilidad política persistió, con varios miembros del consejo presidencial de transición enfrentando alegaciones de corrupción, y escaso progreso en el establecimiento de un calendario electoral.
El primer ministro de la transición fue destituido abruptamente por el consejo presidencial de transición junto con su gobierno a principios de noviembre y se nombró a un nuevo primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.
A medida que la violencia se intensificó, la misión multinacional de apoyo a la seguridad (MSS por sus siglas en inglés), autorizada por las Naciones Unidas, inició su despliegue, pero no pudo apoyar efectivamente a la policía en la lucha contra los grupos criminales por falta de fondos y de personal. El gobierno de transición solicitó al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas que transformaran la misión en una operación de mantenimiento de la paz de la ONU.
Violencia de los grupos criminales
Las agencias de las Naciones Unidas informaron que los grupos criminales controlan alrededor del 85 % de Puerto Príncipe, la capital de Haití y su área metropolitana. Estos grupos se han expandido rápidamente a zonas de Puerto Príncipe que antes eran seguras, así como a regiones clave como los departamentos de Ouest y Artibonite, el centro agrícola de Haití. Muchos de estos grupos tienen presuntos vínculos con agentes de policía y élites políticas y económicas.
En junio, la MSS dirigida por Kenia, inició sus operaciones. Jamaica, Belice y Bahamas han aportado un pequeño número de oficiales, para un total de sólo 416 agentes a principio de diciembre, muy por debajo de los 2.500 previstos. La misión ha participado en algunas patrullas y operaciones contra los grupos criminales con la policía haitiana, y ha desarrollado importantes salvaguardias de derechos humanos y mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, no obstante sigue en fase de despliegue y continúa enfrentando importantes retos financieros y logísticos.
Durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada a final de septiembre, el consejo presidencial de transición de Haití solicitó transformar la misión multidimensional de apoyo a la seguridad en una operación de mantenimiento de la paz de la ONU para garantizar una financiación estable, ampliar sus capacidades y reforzar el compromiso de los Estados miembros de la ONU con la seguridad en Haití. Esta petición ha sido respaldada por Estados Unidos, principal financiador de la MSS, así como por Kenia y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. En noviembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió al Secretario General de la ONU que presentara recomendaciones sobre el papel que podría desempeñar la ONU para ayudar a abordar la crisis de seguridad, económica y humanitaria en el país.
La ONU, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos han tomado medidas contra exfuncionarios haitianos y líderes de grupos criminales, incluyendo un embargo de armas y sanciones selectivas. También se han presentado dos proyectos de ley en el Congreso estadounidense destinados a abordar los flujos ilegales de armas hacia Haití. Sin embargo, los esfuerzos internacionales, en particular el apoyo financiero a la MSS, siguen siendo insuficientes.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que los grupos criminales asesinaron al menos 5.601 personas y secuestraron a cerca de 1.500 en 2024.
La violencia sexual se ha intensificado, volviéndose generalizada. Las sobrevivientes enfrentan un acceso muy limitado o inexistente a los servicios de protección y atención. Entre enero y octubre, el subgrupo de Violencia Basada en Género (GBV) informó de 5.400 casos de violencia basada en género, de los que el 72 % fueron casos de violencia sexual presuntamente cometida en su mayoría por miembros de grupos criminales.
Los menores de edad se encuentran entre los más afectados por la violencia. El aumento del hambre y la pobreza severa han forzado a cientos, posiblemente miles, de menores a unirse a grupos criminales, donde son coaccionados a participar en actividades ilegales y donde enfrentan abusos, incluidas las niñas que se enfrentan a explotación laboral y sexual. Según la ONU, aproximadamente medio millón de menores de edad viven bajo el control de estos grupos, componen al menos el 30 % de sus miembros.
A pesar del nombramiento de un nuevo director general en la policía y de las contribuciones de los socios de Haití, como con recursos, equipamiento y armas, la policía sigue enfrentando deficiencias financieras, logísticas y de personal para proteger a la población de la violencia criminal, agravadas por el flujo de armas y municiones hacia Haití, en gran parte procedentes de Florida en Estados Unidos.
Hasta septiembre, los llamados grupos de “autodefensa” habrían asesinado a más de 260 individuos sospechosos de tener vínculos con organizaciones criminales, a menudo en connivencia con la policía, y también habrían adoptado sus tácticas, como la extorsión, según la ONU.
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis de seguridad y la inestabilidad política han agravado una situación humanitaria de por sí crítica. Según el Banco Mundial, más del 64 % de los 11,7 millones de habitantes de Haití vivieron con menos de US$3,65 al día en 2024.
El Programa Mundial de Alimentos ha identificado a Haití como uno de los países con mayor proporción de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en cualquier crisis a nivel mundial, en un informe que abarca de agosto de 2024 a febrero de 2025. Alrededor de 5,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y 5,4 millones enfrentan inseguridad alimentaria aguda, incluyendo 2 millones que experimentan niveles de emergencia y 6.000 personas en niveles catastróficos de hambre y colapso de sus medios de subsistencia.
La violencia criminal y los peligros medioambientales han perturbado gravemente las actividades económicas, provocando importantes pérdidas en la actividad agrícola y otros medios de subsistencia. Estos problemas han agravado aún más la pobreza y aumentado el desempleo en todo el país.
Sólo el 40 % de los haitianos tiene acceso a la electricidad, pero de forma intermitente y a precios elevados. El 45 % de la población carece de acceso a agua potable y 7 de cada 10 personas no tienen acceso a un sistema de saneamiento mejorado, lo que agrava la propagación del cólera. En octubre, el Ministerio de Salud Pública y Población informó de 87.382 casos sospechosos de cólera y de 1.306 muertes desde el comienzo del brote actual en octubre de 2022.
El sistema sanitario de Haití está al borde del colapso. Sólo alrededor del 20 % de las instalaciones de salud siguen operativas y sólo el 40 % funcionan en todo el país. Más de 40.000 trabajadores de la salud huyeron del país debido a la violencia, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Mientras el sistema de salud se desmorona bajo la violencia y la inestabilidad, dos de cada cinco haitianos no tienen acceso a la atención médica que necesitan urgentemente.
Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha prestado asistencia sanitaria en Haití desde hace más de 30 años, suspendió sus operaciones en la capital a finales de noviembre, debido a los ataques de “grupos de autodefensa” contra sus ambulancias, pacientes y personal, así como a las amenazas de muerte y violación contra su personal por parte de oficiales de la policía haitiana. Al momento de redacción de este informe, solo habían logrado restablecer la prestación de algunos de sus servicios médicos.
Casi la mitad de los haitianos mayores de 15 años son analfabetos. Según UNICEF, en Haití hay cerca de 3,9 millones de niños en edad escolar. Sin embargo, el escalamiento de la violencia provocó el cierre de casi 1.000 escuelas privadas y públicas en los departamentos de Oeste y Artibonite durante el año escolar 2023-2024, afectando a 300.000 estudiantes. Además, la mala calidad de la educación pública, las elevadas tasas de las escuelas privadas y los ataques criminales contra estudiantes y escuelas han privado a aproximadamente 1,2 millones de niños haitianos del acceso a la educación.
Gobierno de transición y elecciones
Tras un diálogo político dirigido por la Comunidad del Caribe (CARICOM), organización intergubernamental de las Américas, el Caribe y el Océano Atlántico, el entonces primer ministro Ariel Henry renunció a finales de abril, lo que condujo al establecimiento de un consejo presidencial de transición. Garry Conille, antiguo Director Regional de UNICEF, fue nombrado posteriormente primer ministro a finales de mayo. Tras cinco meses en el cargo, el consejo presidencial de transición destituyó a Conille y lo sustituyó por Alix Didier Fils-Aimé, un empresario haitiano.
El gobierno de transición tiene la tarea de restablecer la seguridad, el Estado de derecho, abordar urgentemente la crisis humanitaria y preparar el camino para unas elecciones libres y justas en 2026. Haití no ha tenido funcionarios electos a nivel nacional desde enero de 2023, y su parlamento está inactivo desde 2019.
El consejo electoral provisional, encargado de organizar las elecciones, se constituyó, pero no había logrado fijar un calendario electoral hasta el momento de redacción de este informe.
Sistema judicial
El sistema judicial sigue prácticamente paralizado, en gran parte debido a la corrupción, la continua violencia y las frecuentes huelgas de magistrados y personal judicial. Los grupos criminales han tomado el control de los principales edificios judiciales desde hace más de dos años, y pocas medidas han sido adoptadas para reubicar los tribunales o proporcionar seguridad a los funcionarios judiciales.
Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, sólo 241 personas fueron sometidas a juicios penales en todo el país, según informó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), una organización no gubernamental haitiana. La rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos pasadas y presentes, incluidas masacres y violencia sexual, sigue siendo casi inexistente. En un raro acontecimiento positivo, a finales de julio de 2024, un juez envió a juicio a 30 individuos, entre ellos el ex policía y actual líder criminal Jimmy Chérizier, por su presunta participación en la masacre de La Saline de 2018, que dejó más de 70 personas asesinadas, casi una docena de niñas y mujeres violadas, y la vandalización e incendio de más de 150 viviendas.
A principios de enero, otro juez imputó a 51 individuos en relación con el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. En Estados Unidos, al menos siete individuos han sido condenados en relación con el asesinato y está previsto que otros cinco sean juzgados en enero de 2025.
Después de que grupos criminales atacaran dos importantes prisiones de Puerto Príncipe y casi 5.000 detenidos escaparan, entre ellos varios líderes de grupos criminales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Haití (OACDH) denunció un aumento de las amenazas y ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios del gobierno.
A octubre, las prisiones de Haití albergaban casi el triple de su capacidad de detenidos. La mayoría de los 7.581 detenidos—el 84 % de los cuales estaban a la espera de juicio—vivían en condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua o atención médica adecuados. De enero a octubre, 168 detenidos fallecieron, la mayoría por enfermedades relacionadas con la desnutrición.
En 2020, por decreto presidencial, fueron adoptados nuevos códigos penal y de procedimiento penal que ampliaban las alternativas a la detención preventiva. Las autoridades aplazaron la entrada en vigor de ambos códigos, que estaba prevista para 2024.
Conducta policial
Entre enero y septiembre, la policía presuntamente asesinó a más de 900 personas e hirió a casi 600 más en operaciones, según BINUH, algunas habrían fallecido o resultado heridas debido al uso excesivo de la fuerza. El fiscal de Miragoâne reconoció estar implicado en 26 casos de ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, las autoridades aún no han investigado estos casos.
La oficina de asuntos internos de la policía abrió 139 investigaciones, 34 de ellas por presuntas violaciones de los derechos humanos desde enero hasta principios de octubre. Se completaron 26 investigaciones, que dieron lugar a 15 decisiones administrativas. Sólo dos fueron enviadas a un proceso penal.
Acceso al aborto
Haití prohíbe totalmente el aborto. El nuevo código penal despenalizará el aborto hasta las doce semanas de embarazo, y en cualquier momento en caso de violación o incesto, o cuando la salud mental o física de la mujer embarazada esté en peligro. Estaba previsto que el código entrara en vigor en 2024, pero las autoridades lo pospusieron.
Derechos de los discapacitados
Haití se adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2009, pero su marco jurídico sigue incluyendo disposiciones discriminatorias. Según la ONU, el 15 % de la población tiene alguna discapacidad, pero no se ha realizado ningún censo desde 2003, según el Fondo de Población de la ONU. Las personas con discapacidad se enfrentan a importantes barreras para acceder a servicios esenciales y sufren un estigma generalizado.
La BINUH, La Oficina del Secretario de Estado para la Integración de las Personas con Discapacidad (Bureau du Secrétaire d'État à l'intégration des Personnes Handicapées en francés), y grupos de abogacía locales han alertado sobre el impacto de la violencia criminal en las personas discapacitadas.
Desplazamiento interno y migración
Casi 703.000 haitianos, el 25 % de menores de edad, son desplazados internos. El total es más del doble de la cifra de 2022, lo que convierte a Haití en el país con más desplazamientos per cápita del mundo, debido a la violencia criminal, según la OIM. La mayoría de los desplazados viven en asentamientos informales con acceso insuficiente a alimentos, agua, saneamiento, refugio y atención médica. El 75 % de estos asentamientos se encuentran en áreas controladas por grupos criminales o en zonas de alto riesgo, lo que aumenta su exposición a la violencia, según la ONU.
Muchos haitianos han huido del país, a menudo por rutas peligrosas. De enero a diciembre de 2024, gobiernos extranjeros devolvieron a casi 200.000 personas a Haití a pesar del riesgo que corrían sus vidas y su integridad física y del llamamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para ampliar la protección de los refugiados a los haitianos en virtud de la Declaración de Cartagena de 1984. La República Dominicana fue responsable del 97 % de los retornos, mientras que Estados Unidos, Bahamas, Turcas y Caicos y Cuba representan el resto.
En junio, el gobierno estadounidense prorrogó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos durante 18 meses, pero los haitianos siguen enfrentando dificultades para acceder al programa de “parole humanitario”. Tanto los haitianos con condenas penales como los que llegaron después de la fecha límite de julio de 2024 para obtener el estatus de protección temporal fueron objeto de expulsión a Haití. Desde octubre de 2023, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado a 857 haitianos en el mar y los ha devuelto a Haití.