(Berlín) – Los gobiernos que participarán en la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) deben comprometerse con urgencia a reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la eliminación inmediata y justa de los combustibles fósiles, señaló hoy Human Rights Watch. La conferencia se llevará a cabo en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre de 2024.
“Los gobiernos que preparan sus planes climáticos nacionales deben asegurarse de que estos sean coherentes con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados”, señaló Richard Pearshouse, director de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “El aumento de la producción de carbón, petróleo y gas no solo empeora el daño a la salud humana, sino que también intensifica los abusos contra los derechos humanos de las comunidades cercanas a los sitios de producción y acelera nuestro colapso climático global”.
El documento final de la COP28 de 2023, instaba a los países a iniciar “la transición para abandonar los combustibles fósiles”. Aunque fue la primera vez en más de 30 años de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que se tomó una decisión clave mencionando explícitamente los “combustibles fósiles”, el compromiso no fue suficiente para mantener el aumento de la temperatura global por debajo del umbral de 1,5 grados centígrados y evitar los peores efectos de la crisis climática. Desde la COP28, se ha avanzado muy poco en la implementación de este compromiso a nivel nacional.
Los combustibles fósiles son la principal causa de la crisis climática, representando más del 80% de las emisiones globales de dióxido de carbono, y están asociados a graves violaciones de los derechos humanos en todas las etapas de su producción. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha advertido que los proyectos de combustibles fósiles existentes ya superan la capacidad que el clima puede soportar.
En 2021, la Agencia Internacional de la Energía indicó que no deberían desarrollarse nuevos proyectos de combustibles fósiles si los países quieren cumplir con los objetivos climáticos actuales y evitar las peores consecuencias de la crisis climática. A pesar de este consenso científico, los gobiernos continúan aprobando la construcción de nuevas infraestructuras de combustibles fósiles y regulan de manera inadecuada las operaciones existentes.
Un informe reciente de la ONU destacó que los países deben “presentar una ambición y una acción mucho mayores” en sus planes climáticos nacionales, advirtiendo que, de no hacerlo, la temperatura podría aumentar entre 2,6 y 3,1 grados centígrados durante este siglo, con consecuencias devastadoras para las personas y el planeta.
Según informes, Azerbaiyán, país anfitrión de la COP29, planea aumentar su producción de petróleo y gas en la próxima década. En 2021, los ingresos por petróleo y gas representaron el 60% del presupuesto estatal de Azerbaiyán y casi el 90% de sus ingresos por exportación. En una reunión de alto nivel celebrada en abril de 2024 para preparar la COP29, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró que las reservas de petróleo y gas del país eran “un regalo de Dios”, sugiriendo que Azerbaiyán tiene el derecho de expandir su producción, a pesar de los llamados globales para la eliminación progresiva de la producción y uso de combustibles fósiles.
“Los gobiernos que asistan a la COP29 no deben permitir que Azerbaiyán utilice su posición como país anfitrión para seguir impulsando la expansión de los combustibles fósiles y socavar los esfuerzos dirigidos a enfrentar la crisis climática y proteger los derechos humanos”, afirmó Pearshouse.
Una acción climática que respete los derechos humanos requiere la participación plena y significativa de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, grupos de la sociedad civil y de jóvenes, así como representantes de los pueblos indígenas, para garantizar el escrutinio de las acciones gubernamentales y presionar para que la COP29 logre resultados ambiciosos. Esto incluye a quienes se encuentran en primera línea de la crisis climática y a las poblaciones más vulnerables a sus efectos. Es fundamental proteger la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de asociación y de reunión pacífica, ya que estos derechos son esenciales para diseñar políticas inclusivas y ambiciosas que hagan frente a la crisis climática.
Sin embargo, Azerbaiyán es un país con un gobierno autoritario que tiene un historial de intolerancia hacia la disidencia. En los últimos meses, las autoridades han intensificado la represión contra los últimos vestigios de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, deteniendo a decenas de personas acusadas de delitos falsos con motivaciones políticas y aplicando arbitrariamente leyes muy restrictivas para regular a las organizaciones no gubernamentales. Entre las personas detenidas arbitrariamente se encuentran un activista anticorrupción crítico con el sector del petróleo y el gas en Azerbaiyán, y un defensor de derechos humanos que cofundó una iniciativa en favor de las libertades cívicas y la justicia medioambiental en el país antes de la COP29.
La hostilidad del gobierno azerbaiyano hacia el activismo independiente genera preocupación sobre si los grupos de la sociedad civil podrán participar de manera significativa en la COP29 y sobre la continuidad del activismo medioambiental en Azerbaiyán tras la conferencia, señaló Human Rights Watch.
Para cumplir con sus compromisos en derechos humanos, los anfitriones de las conferencias climáticas, incluyendo a Azerbaiyán, así como la secretaría de la CMNUCC, deben respetar los derechos humanos de todos los participantes, incluidos sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, tanto dentro como fuera del recinto oficial de la conferencia.
En agosto de 2024, la secretaría firmó un acuerdo de sede con Azerbaiyán para la COP29, pero aún no lo ha hecho público. Human Rights Watch obtuvo una copia que revela importantes lagunas en la protección de los derechos de los participantes. Aunque el acuerdo concede inmunidad legal a las declaraciones y acciones de los participantes, también les exige cumplir con las leyes de Azerbaiyán y no interferir en sus “asuntos internos”.
No obstante, no está claro qué se considera “interferencia” ni si las leyes de Azerbaiyán se aplicarán dentro de la zona de la conferencia de la ONU. Dado el contexto de restricciones a la libertad de expresión y reunión en Azerbaiyán, los participantes podrían enfrentarse a represalias fuera de esa zona, advirtió Human Rights Watch.
La secretaría y los gobiernos que participen en la COP29 deben instar públicamente al gobierno de Azerbaiyán a que respete sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantice una conferencia climática respetuosa con estos principios.
