(São Paulo) - El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, debería movilizar a los legisladores para que aprueben el Acuerdo de Escazú, afirmaron hoy más de 150 organizaciones brasileñas e internacionales en una carta enviada al ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha. El acuerdo regional protege los derechos de acceso a la información, a la justicia y la participación pública en procesos de decisión en materia medioambiental. Contiene disposiciones específicas para proteger a quienes defienden derechos humanos medioambientales.
Entre los firmantes de la carta hay organizaciones que trabajan con comunidades afectadas por la destrucción medioambiental y la violencia asociada; grupos que trabajan en asuntos ambientales, derechos indígenas, transparencia, acceso a la información y derechos humanos; e instituciones académicas.
“El gobierno de Lula dio un paso muy importante al enviar el Acuerdo de Escazú al Congreso para su aprobación el año pasado”, señaló Andrea Carvalho, investigadora sobre Brasil de Human Rights Watch. “Ahora necesita convencer a los legisladores para que respalden un tratado que impulsaría el objetivo declarado del gobierno de proteger los bosques de Brasil y asumir un papel de liderazgo internacional en la lucha contra el cambio climático”.
En marzo de 2018, veinticuatro estados de América Latina y el Caribe adoptaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú. Brasil firmó el tratado ese año pero no tomó otra medida al respecto hasta mayo de 2023, cuando el presidente Lula lo envió finalmente a los legisladores para su ratificación. La aprobación del Congreso sigue pendiente. El acuerdo está siendo examinado actualmente por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El acuerdo garantiza el acceso de todas las personas a la información–por ejemplo, sobre los riesgos y la protección del medio ambiente–, así como el derecho a participar de forma significativa en procesos de decisión que afecten sus vidas y el ambiente, y exige a los países garantizar un acceso adecuado a la justicia cuando se violen esos derechos. También obliga a proporcionar a las personas que defienden el ambiente un entorno seguro y propicio “para que puedan actuar libres de amenazas, restricciones e inseguridad”, y a llevar ante la justicia a cualquiera que amenace o cometa actos de violencia e intimidación contra ellas.
Esto es especialmente relevante en países como Brasil, donde los defensores del ambiente y de derechos territoriales enfrentan amenazas y ataques. Human Rights Watch ha documentado la difícil situación de las comunidades de la Amazonía, que intentan proteger sus tierras, el medio ambiente y sus medios de vida de la embestida de redes criminales involucradas en la tala ilegal, la minería y la apropiación de tierras. Estos actos de violencia rara vez son llevados ante la justicia.
Entre el 22 y el 24 de abril, los quince países que han ratificado el Acuerdo de Escazú se reunirán en Santiago de Chile para la tercera Conferencia de las Partes (COP3). El gobierno de Lula debería enviar a funcionarios de alto nivel como observadores, para demostrar que Brasil tiene voluntad de unirse a sus esfuerzos para proteger el medio ambiente y a quienes actúan en su defensa en toda la región, señaló Human Rights Watch.
“Aprobar el Acuerdo de Escazú no debería ser una cuestión partidista”, dijo Joara Marchezini, coordinadora de proyectos del Instituto Nupef e integrante del Movimiento Escazú Brasil. “El acuerdo beneficiaría a todas las personas al fomentar la transparencia gubernamental, el acceso a la información y una mayor protección del patrimonio natural de Brasil y de sus defensores. Todos los partidos en el Congreso deberían apoyarlo”.
