Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Australia se reúnen esta semana en Melbourne, lo que ofrece una oportunidad para reflexionar sobre hacia dónde se dirige la región.
La situación no es buena.
Si observamos el estado de la democracia y los derechos humanos en el sudeste asiático en los últimos años, vemos un grave retroceso y una creciente represión. Y el papel de la ASEAN ha sido patético.
Quizás la desintegración más dramática de la democracia se ha visto en Myanmar. En 2015, el partido de Aung San Suu Kyi, premio Nobel y disidente detenida durante mucho tiempo, obtuvo una amplia victoria en las elecciones nacionales. Los militares seguían manteniendo gran parte del poder en el país, pero ofrecía un momento de esperanza.
En 2017, sin embargo, los militares llevaron a cabo una brutal campaña de contrainsurgencia que incluyó crímenes contra la humanidad y actos de genocidio contra la minoría rohingya, con masacres sistemáticas, violaciones e incendios provocados. En lugar de ponerse del lado de las víctimas, Aung San Suu Kyi se mantuvo al lado de los militares, y en 2019 incluso defendió la campaña militar ante el Tribunal Mundial de La Haya.
De poco le sirvió. Dos años después, en 2021, los militares derrocaron a su gobierno civil mediante un golpe de Estado, y Suu Kyi fue encarcelada de nuevo por cargos falsos, junto con decenas de miles de personas. Desde entonces, el pueblo de Myanmar ha sufrido una espiral de atrocidades.
En otros lugares de la región, la represión y los retrocesos pueden no ser tan dramáticos, pero siguen siendo profundamente preocupantes.
Camboya tiene un "nuevo" líder después de que Hun Sen cediera el poder a su hijo Hun Manet, pero la joven generación de gobernantes es igual de autoritaria. Las agresiones físicas a miembros de la oposición han continuado, los líderes de la oposición están en prisión y al principal partido de la oposición se le prohibió concurrir a las falsas elecciones de 2023.
En Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, hijo del difunto dictador Ferdinand Marcos, está en el poder. Hubo una vez una esperanza de que podría poner fin a los horribles abusos que tuvieron lugar bajo su predecesor, Rodrigo Duterte, pero no. Las fuerzas de seguridad siguen cometiendo asesinatos a quemarropa de sospechosos de narcotráfico, y el gobierno se niega a cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional.
En Indonesia, el mandato del presidente Joko Widodo está llegando a su fin, y su probable sucesor es el actual ministro de Defensa, Prabowo Subianto, un hombre implicado en masacres en Timor Oriental en 1983, y en los secuestros de activistas en Java en 1997-98, que provocaron su expulsión del ejército.
Si hay un rasgo común a todos estos países y a la región en general, es la ausencia de rendición de cuentas. Los autores de delitos graves nunca se enfrentan a la justicia, por lo que siguen cometiéndolos. Otros ven que se salen con la suya y no temen sumarse a los abusos.
Por supuesto, esto no es exclusivo del sudeste asiático, pero lo que sí es específico de la región es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La ASEAN ha resultado inútil a la hora de abordar estos problemas que asolan la región: "lamentablemente incapaz e impotente", en palabras de mi experta colega, Elaine Pearson.
Ni siquiera gobiernos como el de Australia (que no es miembro de la ASEAN) han defendido eficazmente la democracia y los derechos humanos en la región, normalmente por miedo a dañar las relaciones comerciales con aliados estratégicos o a que éstos se sientan más abrazados por China de lo que ya están. Si dicen algo, Australia y otros países suelen preferir decirlo en privado. Esto se considera un enfoque "pragmático".
Pero cuando se trata de abusos contra los derechos humanos, la llamada "diplomacia privada" es una diplomacia inútil. Las palabras susurradas fuera del escenario no tienen ningún impacto en los actores. ¿Y en qué sentido es "pragmático" para un país democrático observar pasivamente el deterioro de los derechos humanos y la democracia en su vecindario a largo plazo?
Puede que el gobierno australiano no responda a estas preguntas ni corrija el rumbo cuando acoja la cumbre de esta semana en Melbourne. Pero debería hacerlo.
