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Francia: Niños y niñas migrantes duermen en las calles de Marsella

No se tratan condiciones de salud y psicológicas, y se posterga la educación

A la mitad de las niñas y los niños migrantes que reciben una determinación de edad en Marsella se les niega el reconocimiento formal como niños, pero estas decisiones se anulan en casi el 75% de los casos que se apelan. © Nicolas Tucat via Getty Images
  • Las niñas y los niños migrantes no acompañados que llegan a Marsella son sometidos a evaluaciones arbitrarias de su edad, y esto posibilita que se denieguen sus derechos a la vivienda, la salud y la educación.
  • A uno de cada dos niños y niñas se les niega inicialmente el reconocimiento de la minoría de edad, pero casi las tres cuartas partes de quienes apelan la decisión demuestran ulteriormente que tienen menos de 18 años.
  • Los funcionarios franceses deben asegurar que los niños y las niñas no estén sin techo, que se atiendan sus necesidades de salud y que puedan acceder a educación mientras ejercen su derecho a que se reconsideren determinaciones sobre edad desfavorables.

(París) – El departamento francés de Bouches-du-Rhône, que incluye a Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, no está proporcionando a las niñas y los niños migrantes no acompañados las protecciones que necesitan y que les corresponden por derecho, explicó Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 70 páginas, “‘No es la Francia que imaginé’: Vivienda, salud y educación para niñas y niños migrantes no acompañados en Marsella”, concluye que las autoridades de protección infantil de Marsella están dejando a niños y niñas con necesidades de salud en la calle, sin brindarles tratamiento, apoyo psicosocial ni atención de seguimiento. A la mitad de las niñas y los niños migrantes no acompañados que atraviesan un proceso de determinación de edad en Marsella se les niega el reconocimiento formal como niñas o niños; sin embargo, esas decisiones se anulan en casi el 75% de los casos en los que se presenta una apelación. La revisión por parte de la justicia puede demorar meses o incluso años, y esto hace que, mientras tanto, las niñas y los niños no sean elegibles para acceder a alojamiento de emergencia y servicios tales como asistencia legal, el nombramiento de un tutor, protección universal de la salud y educación.

“Ningún niño ni niña debe verse obligado a dormir en las calles mientras se resuelve su elegibilidad a largo plazo para recibir servicios”, manifestó Michael Garcia Bochenek, asesor en derechos de niños y niñas de Human Rights Watch. “En particular, es vergonzoso que se someta a personas jóvenes a esta incertidumbre e inseguridad, cuando una mayoría abrumadora de quienes apelan las determinaciones adversas sobre edad ulteriormente logran revertir la decisión”.

Human Rights Watch entrevistó a casi 60 personas, entre ellas 18 niñas y niños no acompañados, así como a personal de organismos humanitarios, abogados, proveedores de atención de la salud, incluidos pediatras, otros médicos, trabajadores sociales y psicólogos infantiles, expertos, trabajadores de autoridades locales y voluntarios que asisten con procedimientos legales y de vivienda, o realizan actividades dirigidas a jóvenes migrantes y solicitantes de asilo en Marsella.

Diversos niños y niñas manifestaron haber sido rechazados en albergues de emergencia porque la capacidad de los establecimientos estaba colmada, y esto les obligó a esperar durante semanas para obtener un lugar. Niños y niñas que erróneamente se estableció que eran adultos relataron no tener dónde dormir tras ser desalojados de albergues de emergencia después de una determinación sobre edad adversa.

Un médico que atiende a niñas y niños no acompañados en Marsella indicó que muchos ya están exhaustos cuando llegan a Francia, y que “las condiciones de vida precarias [al llegar] son peligrosas para la integridad física de los menores no acompañados y a veces conducen a hospitalizaciones por varios días, algo que podría evitarse”.

El departamento de Bouches-du-Rhône es responsable de realizar un examen médico inicial de niños y niñas mientras esperan que se evalúe su edad. Human Rights Watch advirtió que estos exámenes no se realizan de manera sistemática. Incluso cuando sí se realizan, una evaluación inicial negativa con respecto a la edad a menudo implica que las niñas y los niños se ven obligados a valerse por sí mismos mientras están en condiciones vulnerables de salud física y mental. En algunos casos, niños y niñas con tuberculosis, VIH, estrés postraumático o embarazos no detectados durmieron en la calle durante días o semanas hasta que sus apelaciones a la determinación sobre edad tuvieron resultados exitosos.

Trabajadores sociales, psicólogos y médicos que tratan a niñas y niños migrantes no acompañados en Marsella informaron una alta incidencia de síntomas congruentes con estrés postraumático, pensamientos intrusivos, trastornos del sueño, depresión y ansiedad. Experimentar las complejidades del sistema francés también es especialmente desconcertante para los niños y las niñas y afecta su salud mental.

A pesar de las garantías que contempla la ley, las niñas y los niños no acompañados que están en Marsella y que inicialmente no son reconocidos como tales pierden un promedio de seis meses de escolaridad, lo que pone en peligro sus posibilidades de obtener la condición legal cuando cumplan 18 años.

Una nueva ley controvertida sobre inmigración que se aprobó en diciembre de 2023 creó el riesgo de que se revirtieran muchas protecciones para solicitantes de asilo y migrantes, si bien el Consejo Constitucional, que revisa la constitucionalidad de las leyes, rechazó algunas de sus disposiciones más severas, principalmente por razones procesales. No resulta del todo claro cómo las demás disposiciones del proyecto afectarían a las personas migrantes jóvenes no acompañadas que hayan recibido una evaluación inicial negativa sobre la edad y soliciten que sus casos sean reconsiderados en la justicia de menores. 

Francia tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de todas las personas en su territorio, y proporcionar atención, asistencia y protección adecuadas a todos los niños y niñas, con independencia de su situación migratoria.

 “Las autoridades en Marsella y en otros lugares de Francia deben actuar con determinación para brindar a las niñas y los niños los servicios que necesitan para estar seguros y progresar”, señaló Bochenek.

Selección de casos de estudio:

Pérdida de movilidad por tuberculosis no tratada

R., un adolescente de África Occidental, llegó al servicio de evaluación departamental en febrero de 2021. Mientras estaba alojado en un albergue de emergencia temporal a la espera de una determinación sobre edad, fue llevado al Centro Nacional de Control de Tuberculosis (CLAT) para que le realizaran un examen de salud y se le diagnosticó tuberculosis. El CLAT transmitió el diagnóstico al servicio de evaluación departamental y solicitó que R. regresara a su establecimiento para ser atendido. A pesar de numerosos recordatorios enviados al departamento durante varios meses, R. nunca fue remitido para que recibiera tratamiento.

En abril de 2021, tres meses después del diagnóstico, R. recibió una determinación de edad desfavorable y fue puesto de nuevo en situación de calle sin brindarle ningún tratamiento antituberculoso ni atención de seguimiento. En noviembre de 2021, R. perdió repentinamente la sensibilidad en ambas piernas. Cuando llegó al hospital, los médicos descubrieron que la tuberculosis se había propagado a los huesos y la columna. Los médicos le realizaron una artrodesis de emergencia —una fusión articular— y le insertaron placas metálicas en las vértebras. Un voluntario manifestó a Human Rights Watch: “Perdió el 60% de su movilidad, y hay movimientos que nunca más podrá volver a hacer”.

Una enfermera de Médicos Sin Fronteras (MSF) que estuvo a cargo de la atención de seguimiento de R. dijo que si se hubieran tomado medidas 10 meses antes, cuando se le realizó la prueba inicial de tuberculosis, se podrían haber evitado complicaciones: “Si hubieran tratado la tuberculosis cuando se le diagnosticó, tal vez no habría perdido su movilidad... el hecho de que el departamento no advirtiera a nadie sobre su condición es inaceptable”. En mayo de 2023, R. seguía experimentando dolor físico severo y dificultad para subir escaleras.

Embarazo no detectado

A., una adolescente originaria de África Occidental, huyó de un matrimonio forzado en su país y experimentó violencia sexual en el viaje a través de Túnez. Al llegar a Marsella, durmió en la estación de tren hasta que un servicio departamental que brinda albergue a niños y niñas en situación crítica o vulnerable le proporcionó alojamiento de emergencia temporal.

A tres semanas de iniciado el alojamiento de emergencia temporal, todavía no se había sometido a una evaluación de salud inicial y recibió una determinación sobre edad negativa. Cuando A. no se sintió bien, una voluntaria le sugirió visitar Le Comede, una asociación que ofrece servicios de salud a migrantes y solicitantes de asilo en Marsella. Allí le realizaron un examen médico y se determinó que estaba embarazada de 11 semanas. Sabine Allier, la trabajadora social que acompañó a la niña al hospital para que le realizaran un aborto, dijo que los médicos manifestaron confusión y sospecha debido a la incongruencia entre la fecha de nacimiento que figuraba en sus documentos de identidad y los trámites del departamento que rechazaban su edad:

Un aborto ya es algo difícil para cualquier niña, pero cuando a eso se suma ser blanco de sospechas, se transforma en un momento sumamente violento. Un poco de compasión ayudaría. La violencia a la que se enfrentan estos niños y niñas tiene múltiples fuentes.

Tuberculosis y hepatitis B no tratadas

E., un adolescente de África Occidental, llegó a Marsella en 2021. Después de dos meses en lista de espera para acceder a un albergue de emergencia temporal, finalmente fue acogido por el servicio de evaluación departamental y sometido a un examen médico inicial. E. fue diagnosticado con tuberculosis latente y hepatitis B; sin embargo, no se le brindó tratamiento mientras recibía albergue del departamento. Tras obtener una determinación sobre edad negativa, fue puesto en la calle sin ningún derecho a la atención de la salud ni orientación sobre un plan de tratamiento. Recién meses después, el personal de MSF advirtió que E. ya había sido examinado por el departamento y que era portador de enfermedades infecciosas sin recibir ningún tratamiento.

Un médico que trató a E. en un centro de salud administrado por una asociación dijo sobre esto:

Los valores en sus análisis de laboratorio eran muy alarmantes y tenía dolor en la zona del hígado, una carga viral muy alta... y estaba completamente a la deriva, sin seguro de salud ni nada. Es un milagro que haya venido a vernos. Su hígado estaba a punto de dejar de funcionar. Cuando ves a un niño durmiendo en la calle —algo que ya sabemos que es nocivo para las necesidades de salud vitales—  sin acceso a la atención, y en un proceso claro de destrucción de la salud, y resulta que el departamento lo supo todo el tiempo pero no hizo nada... como médico, eso realmente me traumatiza.

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