(Washington, DC) - Una jueza de El Salvador está utilizando un proceso judicial, sobre una atroz masacre ocurrida en 1981 durante el conflicto armado en el país, para llevar adelante una investigación abusiva contra un reconocido defensor de derechos humanos que ha promovido la rendición de cuentas por estos asesinatos, señaló hoy Human Rights Watch.
El 22 de diciembre de 2023, la jueza Mirtala Portillo ordenó la detención provisional de varios exfuncionarios del gobierno y legisladores, incluyendo a Rubén Zamora, exdiputado y crítico del gobierno del presidente Nayib Bukele. Zamora lleva décadas impulsando la rendición de cuentas por la masacre de El Mozote, una de las mayores matanzas en la historia reciente de América Latina. Las autoridades salvadoreñas deberían retirar inmediatamente los cargos fabricados contra Zamora y garantizar que se haga justicia por las atrocidades.
“La resolución es una burla a la justicia y una afrenta a las víctimas”, afirmó Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de procesar penalmente a los miembros de la Fuerza Armada que mataron a cientos de personas en El Mozote, las autoridades salvadoreñas están persiguiendo de forma espuria a un activista que ha buscado incansablemente justicia para las víctimas en El Salvador”.
La jueza acusó a Zamora por el crimen de “encubrimiento personal”, cuya pena va desde los seis meses hasta los seis años de prisión. En el fallo, se alega falsamente que Zamora contribuyó a la aprobación de una amnistía en 1993 que impidió que se investigara a los perpetradores de los abusos cometidos durante el conflicto armado del país (1980-1992), incluyendo la masacre de El Mozote. En 1981, el Batallón Atlacatl de El Salvador, una fuerza militar entrenada en Estados Unidos, mató alrededor de 1.000 personas, la mitad de ellas niños y niñas, en la localidad de El Mozote y lugares aledaños.
La resolución ordena la detención provisional de nueve exlegisladores, así como del expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani, acusándolos de obstruir el procesamiento penal de los responsables de la masacre al haber aprobado la Ley de Amnistía de 1993 para garantizar la impunidad de los responsables de graves abusos cometidos durante el conflicto armado.
Zamora era entonces vicepresidente de la Asamblea Legislativa. En el fallo, la jueza sostuvo que Zamora votó a favor de la ley de amnistía. Pero según consta en archivos de la Asamblea que Human Rights Watch revisó, Zamora no votó y se opuso públicamente a la ley. Anteriormente, Zamora había apoyado una Ley de Reconciliación Nacional de 1992 que establecía una amnistía para “delitos políticos” pero excluía a quienes hubieran participado en graves violaciones de derechos humanos.
La Constitución salvadoreña establece que los legisladores “no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan” en el cargo.
Las víctimas de El Mozote llevan años esperando justicia. En 1990, un juez abrió una investigación sobre la masacre, pero la Ley de Amnistía de 1993 frenó el proceso.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la amplia amnistía de El Salvador incumplía con las obligaciones de este país en materia de derechos humanos. En 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y el entonces juez Jorge Guzmán reanudó la causa.
El juez Guzmán acusó a 18 excomandantes del Ejército y a un exministro de Defensa por los delitos de homicidio, violación sexual, desaparición forzada, tortura y otros crímenes cometidos durante la masacre. Sin embargo, sus investigaciones fueron obstruidas cuando el Ejército, con el respaldo del presidente Bukele, se negó a cumplir con una orden judicial que exigía el acceso a los archivos militares sobre la masacre.
En septiembre de 2021, el juez Guzmán renunció, luego de que aliados del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa cooptaron la Corte Suprema y otorgaron al máximo tribunal amplios poderes para trasladar jueces y destituir a aquellos mayores de 60 años. Tras la renuncia de Guzmán, la Corte Suprema nombró a la jueza Portillo para continuar con la investigación. Desde entonces, las investigaciones contra los responsables de la masacre han avanzado poco o nada.
