Tengo el honor de dirigirme a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos para expresar nuestra preocupación sobre los niveles de violencia y criminalidad en las Américas.
El crimen organizado y las pandillas tienen un impacto dramático sobre los derechos humanos en la región. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado que las Américas registra la tasa de homicidios más alta del mundo, con 15 por cada 100.000 habitantes en 2021. De manera alarmante, aproximadamente el 50 % de esos homicidios están relacionados con el crimen organizado y las pandillas.
Mientras que algunos países como Venezuela y Honduras han registrado tasas de más de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, varios de los países más grandes de la región, como Brasil, México y Colombia, reportan tasas de entre 20 y 30 homicidios.
Un ejemplo dramático es Ecuador. Allí las pandillas han provocado un aumento brutal en los niveles de violencia, con una tasa de homicidios que probablemente supere los 40 por cada 100.000 habitantes en 2023. Asimismo, la extorsión se ubica en máximos históricos y se han registrado ataques con explosivos, masacres en cárceles y asesinatos de fiscales, jueces y candidatos políticos.
Aún más preocupante, en Haití, las pandillas controlan algunas zonas del país, incluyendo una gran parte de Puerto Príncipe, y son responsables por las elevadas cifras de asesinatos, secuestros y violencia sexual.
Los líderes de la región no han logrado diseñar estrategias eficaces y respetuosas de los derechos humanos para abordar la violencia y la criminalidad. El presidente colombiano Gustavo Petro, que ha adoptado una política de “Paz Total”, no ha logrado implementar una política de seguridad territorial efectiva. Los homicidios, incluidos los de líderes sociales, siguen siendo elevados, y han aumentado los secuestros y el reclutamiento forzado de menores de edad.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado el lema “abrazos, no balas”, mientras que ha aumentado la militarización de las fuerzas policiales y de todos los ámbitos del gobierno y ha reducido los fondos destinados a la policía local, sin lograr disminuir la violencia asociada a los cárteles.
Me centraré especialmente en la situación de El Salvador.
Durante décadas las pandillas, incluidas la MS-13 y Barrio 18 han atormentado a las comunidades de El Salvador, utilizando una violencia atroz, que ha incluido asesinatos y violaciones sexuales, con el fin de extorsionar a la población y obtener el control del territorio.
Típicamente las respuestas de los gobiernos anteriores oscilaron entre dos estrategias fallidas: pactos secretos con las pandillas y políticas de seguridad de mano dura que dieron lugar a violaciones de derechos y a renovados ciclos de violencia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha combinado ambas medidas. Según ha determinado el Departamento de Justicia de EE. UU., el gobierno alcanzó acuerdos extraoficiales con las pandillas, ofreciendo a los líderes de la MS-13 beneficios penitenciarios y judiciales, incluida la protección frente a la extradición a EE. UU., a cambio de una disminución de la tasa de homicidios y de apoyo electoral.
Luego, tras una ola de asesinatos en marzo de 2022, el gobierno anunció una “guerra contra las pandillas” y la Asamblea Legislativa, controlada por los aliados del presidente Bukele, declaró un régimen de excepción que suspendía algunos derechos constitucionales.
Veintiún meses después, el régimen de excepción sigue vigente. Desde su adopción, la policía y los soldados han detenido a más de 73.000 personas, incluyendo al menos 2.800 menores de edad, lo que representa aproximadamente el 1,6 % de la población del país.
La Asamblea Legislativa también ha aprobado una serie de reformas penales, promovidas por el presidente Bukele, para hacer frente a la violencia de las pandillas que permiten a los jueces encarcelar a niños de tan sólo 12 años y amplían peligrosamente el uso de la detención preventiva y la legislación antiterrorista. Recientemente, en julio, la Asamblea aprobó una ley que, según el ministro de Justicia y los legisladores, permitiría juicios colectivos de hasta 900 personas sin la necesidad de presentar evidencia individualizada contra cada una de ellas.
Human Rights Watch ha documentado violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos en detención y violaciones masivas de las garantías procesales. Cientos de personas sin conexión con las actividades delictivas de las pandillas han sido detenidas.
Hemos continuado documentando casos similares de abusos, como detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso, malos tratos y, en algunos casos, tortura de niños y niñas.
Los homicidios, que han estado entre los más altos del mundo y han ido disminuyendo progresivamente desde 2015, se han reducido drásticamente. Según cifras oficiales, en 2022 la tasa de homicidios fue de 7,8 por cada 100.000 habitantes, y se espera una reducción aún mayor en 2023. No obstante, los cambios en la manera de contabilizar los asesinatos, junto con las denuncias de manipulación de las cifras, limitan gravemente la posibilidad de verificar el verdadero alcance de la reducción de la violencia. A su vez, las pandillas parecen haberse debilitado significativamente.
Sin embargo, existen serias dudas sobre la sostenibilidad de las medidas de seguridad implementadas por el presidente Bukele. El Salvador carece de un sistema judicial y penitenciario capaz de juzgar los casos relativos al número de detenidos, asegurar justicia para las víctimas, garantizar el debido proceso y controlar las prisiones de forma efectiva, incluso con la construcción de una enorme prisión para 40.000 personas. De hecho, hasta la fecha, pocos adultos detenidos durante el régimen de excepción parecen haber sido condenados.
Varios gobiernos en la región, incluidos los de Ecuador, Honduras y Perú, también han declarado “estados de emergencia” para responder a la violencia y la delincuencia, y muchos funcionarios y candidatos han reproducido públicamente los mensajes del presidente Bukele, aunque no hayan implementado políticas similares en la práctica.
Por el contrario, para abordar de forma efectiva y duradera el crimen organizado y la violencia de las pandillas en América Latina y el Caribe es necesario fortalecer la capacidad del sistema judicial para llevar adelante procesos penales estratégicos enfocados en juzgar delitos violentos, en particular los cometidos por los líderes de las pandillas o delincuentes crónicos, y cortar sus redes de financiación, apoyo político y suministro de armas. También exige abordar las causas estructurales de la criminalidad, incluyendo el desempleo juvenil y los altos niveles de desigualdad y exclusión social.
América Latina y el Caribe no sólo es la región con la tasa de homicidios más alta del mundo, también registra el mayor número de homicidios que permanecen en la impunidad. Robustecer los sistemas judiciales para investigar adecuadamente estos crímenes resulta fundamental para proteger los derechos amenazados por el crimen organizado y las pandillas.
