Cuando las dos principales partes enfrentadas en la región etíope de Tigray acordaron hace diez meses un "cese de hostilidades", había esperanzas de que el brutal conflicto de dos años llegaría a su fin. Algunos incluso se atrevían a soñar que los comandantes y oficiales responsables de las atrocidades cometidas durante la guerra podrían enfrentarse a la justicia.
Nada de eso ha sucedido.
Desde la firma del acuerdo de noviembre de 2022, en Tigray han continuado los graves abusos, incluidos los asesinatos y la violencia sexual. La situación humanitaria y de derechos humanos sigue siendo terrible.
Las fuerzas eritreas permanecen en algunas partes de la región, han obstaculizado la ayuda humanitaria y, según informes, han secuestrado a personas y saqueado propiedades en las zonas que controlan. En la región occidental de Tigray, las autoridades y las fuerzas regionales de Amhara, así como las milicias conocidas como Fano, prosiguieron una campaña de limpieza étnica y expulsaron por la fuerza a los tigrayanos.
Y la inseguridad y los abusos se extienden por Etiopía.
En abril estalló la violencia en la región de Amhara, al sur de Tigray, con operaciones militares del gobierno contra las milicias Fano. El gobierno bloqueó el acceso a Internet móvil y detuvo a varios periodistas que habían estado informando sobre los acontecimientos en la zona.
A principios de agosto, los enfrentamientos se intensificaron y aumentaron los informes sobre víctimas civiles y daños en infraestructuras civiles. A continuación, el gobierno declaró el estado de excepción en la región de Amhara, que restringía los derechos humanos básicos, y se registraron detenciones masivas de personas de etnia Amhara en la región y en la capital de Etiopía, Addis Abeba.
En la región de Oromia -vasta zona del centro de Etiopía-, la insurgencia en curso y la campaña de contrainsurgencia del gobierno contra el Ejército de Liberación Oromo han provocado graves abusos contra la población civil, como detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y masacres a gran escala, incluso de las comunidades minoritarias de la zona.
Las víctimas y sus familias han estado pidiendo justicia y reparación por los abusos, pero el acuerdo de cese de hostilidades en Tigray carecía de detalles sobre cómo hacer rendir cuentas a los responsables. En su lugar, hacía referencia al compromiso del gobierno de aplicar un "marco político de justicia transicional para garantizar la rendición de cuentas, la verdad, la reconciliación y la recuperación".
Es comprensible que los supervivientes de abusos y otras personas no confíen en tales promesas ni en los procesos judiciales nacionales de Etiopía en general. Y lo que es más importante, parece haber poca voluntad política nacional para garantizar justicia y reparación integrales a las víctimas de abusos graves.
Está claro que la atención y las investigaciones internacionales siguen siendo necesarias.
La Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía (CIEDH), creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2021, es el único organismo existente con la experiencia y el mandato para investigar de forma independiente los abusos cometidos en Etiopía desde noviembre de 2020. También puede recopilar y conservar pruebas para futuros enjuiciamientos.
Sin embargo, el mandato actual del ICHREE expira en septiembre de 2023.
Dada la gravedad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Etiopía, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su sesión de septiembre, debe renovar su mandato para que pueda continuar su labor.
