(Washington, D.C.) - Las autoridades guatemaltecas deben garantizar una segunda vuelta libre y justa el 20 de agosto de 2023, señalaron hoy la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch. En medio de los intentos de interferir en las elecciones por parte de actores políticos y varias instituciones gubernamentales, la atención sostenida de la comunidad internacional sigue siendo crucial para salvaguardar el derecho al voto de todos los guatemaltecos y asegurar una transferencia pacífica del poder.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 25 de junio, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quedó en primer lugar con el 15,7% de los votos; seguida de Bernardo Arévalo, un candidato anticorrupción y líder del movimiento progresista Semilla, quien obtuvo el 11,8%. El 26 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TES) anunció que Torres y Arévalo competirían en la segunda vuelta, el 20 de agosto. Desde entonces, los partidos que perdieron y el Ministerio Público han tomado medidas que buscaron socavar el derecho al voto y han perseguido al movimiento Semilla a través de procesos legales.
“La democracia está en juego en Guatemala”, dijo Ana María Méndez-Dardón, directora de WOLA para América Central. “El país está al borde de una crisis social y política sin precedentes. Una supervisión internacional robusta será clave para evitar esta crisis y ayudar a proteger la integridad de la voluntad popular”.
El 30 de junio, varios partidos políticos presentaron una demanda ante la Corte de Constitucionalidad alegando que los resultados de la primera vuelta habían estado afectados por votos fraudulentos e irregulares. Sin embargo, observadores electorales locales e internacionales no reportaron evidencia alguna de fraude o de irregularidades significativas que pusieran en duda los resultados.
La Corte de Constitucionalidad suspendió, el 1 de julio, el anuncio de los resultados electorales y ordenó un nuevo proceso para impugnar las supuestas irregularidades en la votación. Sin embargo, las autoridades no encontraron tales irregularidades y el 10 de julio la Corte Suprema sostuvo que las autoridades habían cumplido la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y aprobó el anuncio de los resultados electorales.
El 12 de julio, a petición del Ministerio Público, un juez suspendió la personería legal de Semilla. El Ministerio Público alegó que el partido había cometido delitos relacionados con la recolección de firmas para su inscripción. No obstante, el 13 de julio, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión, dictaminando que el juez no podía dejar en suspenso las elecciones del 20 de agosto. A pesar de ello, el Ministerio Público llevó a cabo una serie de allanamientos aparentemente arbitrarios, incluyendo a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral y a la sede de Semilla.
Las elecciones del 25 de junio se celebraron en un contexto de deterioro del Estado de derecho en Guatemala, en el cual las instituciones encargadas de monitorear las elecciones tienen escaza independencia o credibilidad. Las autoridades prohibieron la participación de ciertos candidatos de la oposición y realizaron procesos penales arbitrarios en un esfuerzo por generar condiciones desiguales en las elecciones.
Las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) expresaron su preocupación por la “sobrejudicialización” de las elecciones, el debilitamiento del Estado de derecho y los ataques a la libertad de expresión, entre otros.
Las autoridades guatemaltecas deben garantizar un ambiente en el que los ciudadanos puedan votar de forma libre y segura, que se respeten los resultados y que se asegure una transferencia pacífica y ordenada del poder al candidato ganador, señalaron WOLA y Human Rights Watch.
El 10 de agosto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció, tras una visita a Guatemala, que la misión de observación electoral de la OEA permanecería en el país hasta la toma de posesión del próximo gobierno. También dijo que el presidente Alejandro Giammattei se había comprometido a entregar el poder al ganador el 14 de enero, tal y como lo establece la Constitución de Guatemala.
Los observadores electorales de la OEA y la UE deberían garantizar atención continua a la situación de Guatemala hasta asegurar una transición pacífica del poder, señalaron WOLA y Human Rights Watch. Los gobiernos extranjeros deberían mantenerse atentos a posibles interferencias o actos de violencia antes y durante la jornada electoral.
“Nos sigue preocupando profundamente que, después de las elecciones, el Ministerio Público adopte nuevas medidas arbitrarias contra Semilla”, señaló Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Sea cual sea el resultado del 20 de agosto, la atención internacional sostenida es clave para proteger los derechos políticos de los guatemaltecos”.
