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Guatemala debe poner fin a la exclusión arbitraria de candidatos

Procesos penales infundados afectan las elecciones

Simpatizantes del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) protestan porque el Tribunal Supremo Electoral negó la candidatura de su aspirante a la vicepresidencia, Jordan Rodas, en Ciudad de Guatemala, el jueves 16 de febrero de 2023. El Tribunal Electoral ha impedido que dos candidatos se presenten a las elecciones presidenciales previstas para junio de 2023. © (AP Photo/Moises Castillo)

El proceso penal aparentemente arbitrario por parte del Ministerio Público de Guatemala en contra de un candidato presidencial amenaza la posibilidad de que se celebren elecciones justas y libres, señalaron hoy Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

El 20 de marzo de 2023, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, declaró que su oficina había pedido a la Corte Suprema de Justicia que retirara la inmunidad al candidato de centro-derecha Edmond Mulet para investigarlo por “obstrucción a la justicia” debido a que Mulet había criticado públicamente una investigación penal en contra de nueve periodistas, y había presentado una denuncia penal contra el juez que autorizó esa investigación. El proceso contra los periodistas está relacionado con su cobertura del proceso penal contra José Rubén Zamora, periodista detenido desde julio bajo acusaciones de supuesto lavado de dinero.

“En lugar de archivar sus investigaciones abusivas contra periodistas independientes que solo están haciendo su trabajo, el Ministerio Público de Guatemala está investigando a un candidato presidencial que se opuso a estos casos arbitrarios”, señaló Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Estos procesos penales parecen carecer de fundamento y formar parte de un esfuerzo más amplio por limitar la posibilidad de que las próximas elecciones sean libres y justas”.

Los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala, incluidos los de América Latina, Europa y Estados Unidos, deben condenar públicamente los reiterados esfuerzos de las autoridades por excluir arbitrariamente a candidatos presidenciales, incluso mediante acusaciones penales abusivas que parecen estar motivadas políticamente.

Curruchiche, quien fue sancionado como actor corrupto y antidemocrático por el Departamento de Estado de EE. UU., también pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que impidiera la candidatura presidencial de Mulet, alegando que había violado la prohibición que establece la legislación guatemalteca de hacer campaña antes de que comience oficialmente el proceso electoral.

Los candidatos en Guatemala a menudo infringen la ley que prohíbe hacer campaña anticipada. Las autoridades del TSE suelen imponerles multas, y rara vez los han excluido de presentarse en las elecciones.

Las autoridades guatemaltecas deben garantizar que cualquier sanción derivada de presuntas infracciones de las normas electorales sea proporcional a la infracción y se aplique por igual a todos los candidatos.

En las últimas semanas, el Tribunal Supremo Electoral ha impedido que Thelma Cabrera, dirigente indígena de izquierda, y Roberto Arzú, candidato de derecha, se presenten a las elecciones presidenciales. Estas decisiones se basan en motivos dudosos, amenazan los derechos políticos y deberían revisarse de forma urgente.

Los observadores internacionales del proceso electoral, en particular los de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), deberían examinar exhaustivamente las condiciones electorales en Guatemala, incluida la exclusión de candidatos y la utilización de cargos penales espurios contra ellos, y presionar a las autoridades guatemaltecas para que respeten los valores democráticos.

Los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala deberían seguir de cerca el proceso electoral, expresar su preocupación por los intentos de prohibir la participación de candidatos presidenciales y pedir públicamente unas elecciones libres y justas. También deben pedir a las autoridades guatemaltecas que investiguen de forma seria y creíble las denuncias de financiación electoral ilícita, incluso por parte de empresarios y del crimen organizado.

“A medida que las autoridades guatemaltecas aumentan sus esfuerzos para excluir a candidatos presidenciales, la comunidad internacional debe intensificar urgentemente sus esfuerzos para proteger la democracia en el país”, dijo Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de WOLA.

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