El sábado pasado, decenas de personas vestidas de negro recorrieron las calles de Varsovia transportando un ataúd hasta llegar al palacio presidencial.
Los dolientes en este simbólico cortejo fúnebre eran personas con discapacidad y aliados que apoyan su causa, quienes exhortaban a las autoridades polacas a adoptar una ley que garantice el acceso a la asistencia personal, es decir, al apoyo individual que una persona con discapacidad podría necesitar en su vida cotidiana.
La asistencia personal posibilita que muchas personas con discapacidad puedan realizar actividades básicas, como trabajar, estudiar, encontrarse con amigos y familiares, salir a pasear o ir a un restaurante. A menudo las personas con discapacidad necesitan ese tipo de asistencia para poder disfrutar sus derechos, como por ejemplo, vivir y ser incluidas en la comunidad en igualdad de condiciones con los demás. Sin ella, quizás no tengan más opción que quedarse recluidas en instituciones de manera segregada, donde pierden toda autonomía.
“Para algunas personas con discapacidad, acceder a asistencia personal es una cuestión de vida o muerte”, comenta Łukasz Orylski, activista de la Red Europea de Vida Independiente (European Network on Independent Living, ENIL), que cuenta con el apoyo de un asistente personal. “Esta forma de protesta tal vez parezca radical, pero la gravedad de la situación lo justifica”.
En este momento, se encuentra disponible asistencia personal mediante subvenciones del gobierno central otorgadas a autoridades locales y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, según un análisis realizado por la Auditoría General de Polonia, en 2020 y 2021 no se proporcionaron servicios de manera continua y apenas el 0,6 % de las personas con discapacidad se beneficiaron con el programa.
En marzo, representantes de organizaciones de personas con discapacidad se reunieron con miembros del Ministerio de Familia y Política Social, para informarse sobre disposiciones importantes de un proyecto de ley en el que se está trabajando desde 2021. En función de lo que les transmitieron, Orylski señala que el proyecto no profundiza lo suficiente y que algunas de las disposiciones no están alineadas con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que Polonia ratificó en 2012.
La oficina de la Presidencia anunció la semana pasada que se espera someter el proyecto de ley a consulta popular “tan pronto como sea posible” y llevarlo al Parlamento antes de las elecciones que tendrán lugar en otoño. A los activistas les preocupa que si el proyecto de ley no se trata antes de las elecciones, podría ser descartado del todo.
El artículo 19 de la CDPD reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y llama a los gobiernos a proporcionar los servicios comunitarios, incluida asistencia personal, que sean necesarios para el ejercicio de ese derecho.
Las autoridades de Polonia deberían escuchar a los manifestantes y asegurar que las personas con discapacidad tengan el apoyo que necesitan para vivir de manera independiente y ser incluidas en la comunidad.
