(Nueva York) – La adopción por consenso de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que pide una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre cambio climático, representa un hito en la definición de las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos, señaló hoy Human Rights Watch.
La resolución fue iniciada por Vanuatu, un estado insular del Pacífico Sur cuya existencia se encuentra en riesgo debido al cambio climático. Casi 20 países del mundo la impulsaron activamente y, por medio de la resolución, pusieron en relieve la urgencia de la crisis climática.
“La resolución de la Asamblea General contribuye al objetivo de establecer obligaciones concretas, de todos los gobiernos, sobre el cambio climático”, expresó Richard Pearshouse, director de Medioambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “La resolución demuestra a la CIJ que los países miembros de la ONU tienen sumo interés en que haya respuestas claras, definitivas y debidamente fundamentadas a interrogantes primordiales sobre responsabilidad estatal”.
La resolución pide a la CIJ que aclare las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático, incluidas su obligación de derechos humanos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La resolución también pide a la corte que brinde guía sobre rendición de cuentas para los “estados que hayan causado perjuicios significativos al clima”, a pequeños estados insulares, y a los pueblos y personas alcanzados por los efectos adversos del cambio climático.
En 2021, Vanuatu anunció que se proponía solicitar una opinión consultiva a la CIJ. Desde entonces, Vanuatu formó un grupo de 18 países para que se sumen a su propuesta. Estos incluían Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Costa Rica, Liechtenstein, Marruecos, los Estados Federados de Micronesia, Mozambique, Nueva Zelandia, Portugal, Rumania, Samoa, Sierra Leona, Singapur, Uganda y Vietnam. Este grupo consiguió que, al momento de la adopción, más de 130 estados copatrocinen la resolución.
Esta decisión es una demostración potente de diplomacia multilateral eficaz, dirigida por un estado del Sur Global, en representación de personas en riesgo, señaló Human Rights Watch. El esfuerzo global para adoptar la resolución evidencia un modelo que ayude a proteger los derechos humanos en cuestiones de cambio climático en la ONU y otros foros internacionales.
Más de 1.700 organizaciones de la sociedad civil en 130 países han apoyado la resolución. La agrupación Pacific Island Students Fighting Climate Change y otros actores del movimiento juvenil por el clima habían propuesto la campaña en 2019 e instaron a gobiernos de todo el mundo a adoptarla.
La CIJ acepta solicitudes de opiniones consultivas sobre cuestiones de derecho internacional de determinados órganos de la ONU, incluida la Asamblea General. El proceso involucra enviar su solicitud a la CIJ a través de una resolución formal. Si bien las opiniones consultivas de la CIJ no tienen carácter vinculante, pueden tener un peso moral y jurídico muy importante. En última instancia, pasan a formar parte del derecho internacional consuetudinario, que es vinculante para todos los estados. Quienes apoyan la iniciativa esperan que la opinión consultiva conduzca a los países a fortalecer sus políticas internas relacionadas con el clima, que abarca tanto disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero como favorecer una cooperación más ambiciosa en materia de cambio climático entre los estados. De esta forma, se podría proteger los derechos de las poblaciones en riesgo en los países más afectados por la crisis climática.
A principios de marzo, Vanuatu experimentó dos ciclones consecutivos de categoría 4 que provocaron inundaciones y daños generalizados. Estos son eventos meteorológicos extremos que está previsto que se intensifiquen como resultado del cambio climático. Los impactos ambientales y sociales afectarán, progresivamente, la vida, la salud y los medios de subsistencia de personas en todo el mundo. A menos que los gobiernos actúen con audacia —y rapidez— para reducir de manera sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero, la crisis se tornará incontrolable, explicó Human Rights Watch.
Las personas en la primera línea de la crisis climática, a menudo, viven en comunidades empobrecidas y marginadas con posibilidades escasas para participar, de forma genuina, en la toma de decisiones y en el debate público sobre cuestiones ambientales. Tienen acceso muy reducido a tribunales independientes, y esto impacta en su derecho a exigir rendición de cuentas y obtener resarcimiento. Tanto activistas como ciudadanos de a pie, que defienden sus derechos a la tierra y al medioambiente, han sido objeto de intimidación, persecución y violencia mortal.
“El apoyo abrumador a la resolución de Vanuatu es un paso importante para que haya claridad con respecto a los obligaciones legales que tienen los Estados con mayor responsabilidad por el cambio climático”, indicó Pearshouse. “También es importante poner atención —desde la óptica de los derechos humanos— a las obligaciones que protegen a las comunidades que más sufren las consecuencias ”.
