Compartimos las preocupaciones planteadas por el Alto Comisionado durante su visita a Venezuela sobre condiciones de detención, la prisión preventiva excesiva y la situación socioeconómica que contribuye a que más de siete millones de personas necesiten ayuda humanitaria.
Sus declaraciones son un claro recordatorio de que, a pesar de la falsa percepción de “normalización”, en parte por la dolarización de la economía y el acercamiento de autoridades a la comunidad internacional, las condiciones distan mucho de ser “normales”.
El Alto Comisionado indicó que había compartido con autoridades su preocupación por un proyecto de ley que otorgaría amplios poderes al Ejecutivo para controlar, registrar y sancionar a las ONG. Le instamos a transmitir inequívocamente que los esfuerzos por socavar el espacio cívico son inaceptables y el proyecto debe ser archivado.
Instamos al Alto Comisionado a apoyar esfuerzos de rendición de cuentas internacionales e incidir para que la Misión de Verificación de los Hechos visite Venezuela para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. También debería presionar para la liberación de todos los presos políticos, incluido Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos arbitrariamente detenido desde 2021 con deterioro en su salud. También debería presionar a las autoridades para que permitan una observación electoral independiente que proteja el derecho a votar libremente.
Las relaciones entre el Alto Comisionado y las autoridades deben guiarse por la máxima transparencia. Es clave publicar el contenido del memorando de entendimiento firmado en enero. No hacerlo genera incertidumbre que podría comprometer el trabajo de la oficina en Venezuela.
Muchas gracias.
