Entrar a la sala de audiencias 600 fue sumamente movilizador.
La ciudad alemana de Núremberg es posiblemente la cuna de la justicia penal internacional. En 1945 y 1946 las autoridades juzgaron y sentenciaron a los altos mandos de la Alemania nazi por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El juicio tuvo lugar en el mismo salón con paredes recubiertas de madera donde, en octubre, asistí al Foro de Núremberg 2022, una conferencia que examinó el rol de la Corte Penal Internacional (CPI) en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves a nivel global.
Mientras escuchaba a los ponentes y las discusiones posteriores, pensé en las atrocidades que marcaron mi historia familiar. Mi abuelo judío huyó de Polonia a Argentina poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En lo que debe haber sido una escalofriante sensación de déjà vu, mis abuelos y mis padres tuvieron que escapar de la dictadura que asoló a Argentina entre los años 1976 y 1983. Venezuela, que en ese entonces era un bastión de democracia, los acogió, y yo nací en Caracas.
Ahora los tiempos han cambiado y la CPI debe enfocarse en Venezuela, cuyo régimen represivo está haciendo grandes esfuerzos para impedir la rendición de cuentas por sus abusos. La Corte debe mantener un balance delicado entre empujar avances en su propia investigación y persuadir a las autoridades venezolanas que investiguen por su cuenta. Los esfuerzos para impulsar al poder judicial venezolano a perseguir violaciones a los derechos humanos, hasta el momento, no han producido resultados sustantivos, dado que la justicia venezolana continúa siendo disfuncional y carente de independencia.
El rol de la CPI para alcanzar la justicia en nombre de las víctimas del gobierno de Nicolás Maduro está definido por su naturaleza. La CPI es un tribunal de última instancia. Para impulsar una investigación, la fiscalía de la CPI debe concluir, en primer lugar, que la justicia doméstica no está investigando ni procesando de manera genuina los graves crímenes internacionales que se han denunciado. Ello se conoce como “principio de complementariedad” conforme al Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la corte que establece que la responsabilidad primaria de investigar corresponde a las autoridades nacionales.
Pero, históricamente, la fiscalía ha articulado también otro objetivo: servir como un catalizador para la justicia a nivel nacional. Esto no siempre ha sido bien recibido, pero puede ser crucial para extender el impacto de la CPI mucho más allá de los casos en los cuales interviene directamente. La idea consiste en que, cuando las autoridades nacionales indican su predisposición para llevar adelante investigaciones, la CPI puede contribuir a que haya avances dentro del sistema de justicia penal nacional. En este proceso, la CPI debe generar espacios para que las autoridades nacionales hagan su trabajo, mientras procede —e, igualmente importante, se percibe que procede— con su propio análisis y eventual decisión acerca de si investigará los hechos denunciados. Por ejemplo, la CPI catalizó con éxito algunos avances en la justicia doméstica durante el examen preliminar en Colombia, que comenzó en 2004 y permaneció abierto hasta el 2021.
Lograr un balance apropiado es bastante complejo. Las demoras en la actuación de la CPI, que buscan dar lugar a que las propias autoridades nacionales actúen, pueden terminar siendo contraproducentes y permitirles paralizar los procesos locales o, incluso, obstruir el trabajo de la CPI. A su vez, esto puede generar la percepción de que la CPI está legitimando la impunidad. La experiencia demuestra que la influencia de la CPI es más constructiva si las autoridades sienten la presión de que una investigación puede avanzar en ausencia de avances a nivel nacional.
El caso de Venezuela
¿Cómo está manejando este delicado balance la CPI en Venezuela? La fiscalía abrió un examen preliminar en 2018 y una investigación formal en 2021. En noviembre de este año, Karim Khan, el actual fiscal de la CPI, pidió autorización a una sala de jueces de la CPI para reanudar su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que incluyen encarcelamientos, torturas, violencia sexual y persecución por motivos políticos. La investigación había quedado en suspenso en abril, cuando las autoridades venezolanas —en un intento desesperado por retrasarla— adujeron que ya estaban investigando los crímenes.
Khan, quien visitó Venezuela dos veces, concluyó en su análisis que las autoridades venezolanas no estaban investigando los “patrones y políticas” de presuntos crímenes de lesa humanidad y que los procedimientos parecen centrarse en agentes de las fuerzas de seguridad de rangos inferiores y, mayormente, en delitos que se consideran de gravedad “menor”. Según observó, casi el 70 % de los 893 casos que el régimen venezolano informó estaban siendo investigados, se encuentran en una etapa preliminar de investigación. Sólo en 28 de ellos se aprecian avances “progresivos” en la investigación. El fiscal concluyó que las reformas a la justicia llevadas a cabo por el régimen de Maduro “continúan siendo insuficientes en su alcance o no han tenido todavía un efecto concreto sobre los procesos que podrían ser relevantes”.
Como era de esperar, las autoridades venezolanas rechazaron rápidamente la solicitud del fiscal. La Sala de Cuestiones Preliminares ha invitado a las víctimas – incluyendo a familiares de quienes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, individuos arbitrariamente detenidos y aquellos que han sido torturados por las fuerzas de seguridad – a enviar sus opiniones y observaciones. También permitió que las autoridades venezolanas respondan ante el tribunal al requerimiento del fiscal, a más tardar en febrero, antes de resolver si la fiscalía puede proseguir con la investigación. Habrá que ver qué resuelven los jueces.
La interacción de la CPI con los sistemas nacionales de justicia es compleja, pero esta cooperación es crucial para garantizar la rendición de cuentas. A la luz de la “complementariedad positiva”, el fiscal de la CPI manifestó su interés en colaborar con autoridades venezolanas en sus esfuerzos destinados a reformar el poder judicial, mientras que busca avanzar con su propia investigación.
Por el momento, hay nulas posibilidades de que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados en Venezuela, donde un poder judicial disfuncional y la falta de independencia judicial limitan sustancialmente cualquier logro que la CPI pudiese obtener para impulsar la justicia en el país. El poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente desde que el entonces presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional coparon políticamente el Tribunal Supremo de Justicia en 2004. Los jueces del Tribunal Supremo, que juega un papel fundamental en el nombramiento y la remoción de jueces de tribunales inferiores, han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han defendido sistemáticamente políticas y prácticas abusivas. Algunos fueron recientemente reelegidos, basados en una reforma judicial del régimen para supuestamente fortalecer la independencia judicial.
La atención internacional en los últimos días ha estado puesta en la reanudación de las negociaciones políticas entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. Esto se debe a una buena razón: estas negociaciones pueden ser esenciales para proteger los derechos humanos en el país. Sin embargo, resulta igualmente importante seguir impulsando el escrutinio internacional de los abusos cometidos—para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia, y también para generar los incentivos necesarios para que las negociaciones políticas contribuyan a una transición democrática exitosa.
