Human Rights Watch condena categóricamente el intento del expresidente Pedro Castillo de socavar el estado de derecho en el Perú. El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente anunció la disolución temporal del Congreso de la República y la “reorganización” del poder judicial, del Ministerio Público y de otros organismos del estado, lo que en la práctica constituye un autogolpe de estado.
El anuncio se dio el mismo día en que el Congreso de la República tenía programado votar sobre la posible remoción de Castillo de la presidencia. El pedido de remoción, o vacancia, como se le llama en el Perú, se sustentaba en investigaciones por casos graves de corrupción en contra de Castillo. En octubre, la fiscal general de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Castillo y dos exministros por organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El accionar de Castillo enfrentó un fuerte y rápido rechazo por parte de las instituciones del estado peruano y de la sociedad civil. El Congreso avanzó con la remoción de Castillo y, en consecuencia, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia esa misma tarde.
Llamamos a la comunidad internacional a apoyar las garantías e instituciones democráticas en el Perú.
