(Nueva York) – Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos desde que, a finales de marzo, se adoptó el régimen de excepción, en respuesta a una ola de violencia cometida por las pandillas, señalaron Human Rights Watch y Cristosal en un informe conjunto difundido hoy.
El informe de 99 páginas, “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”, documenta detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos. El desmantelamiento de la independencia judicial realizado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió la presidencia a mediados de 2019 facilitó estas violaciones de derechos humanos.
“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, expresó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Para poner fin a la violencia de pandillas y a las violaciones de derechos humanos, el gobierno de El Salvador debería reemplazar el régimen de excepción con una política de seguridad eficaz y respetuosa de los derechos humanos que garantice a los salvadoreños la seguridad que tanto merecen”.
Desde que se adoptó el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos, y han arrestado a más de 58.000 personas, incluidos más de 1.600 niños y niñas. Con frecuencia los operativos se han dirigido específicamente a comunidades de bajos recursos que han sufrido por la inseguridad y falta de oportunidades económicas y educativas durante años.
Entre marzo y noviembre, Human Rights Watch y Cristosal entrevistaron a más de 1.100 personas de los 14 departamentos de El Salvador, incluso durante una visita realizada por Human Rights Watch al país en octubre. Entre las personas entrevistadas se incluyeron víctimas de abusos, sus familiares y abogados, testigos y funcionarios estatales. Los investigadores también examinaron documentos judiciales, documentos médicos y certificados de defunción, y consultaron a forenses internacionales del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) sobre algunos de los casos.
Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que policías y soldados han cometido abusos similares de forma reiterada, en todo el país, y durante un período de varios meses. Las políticas oficiales y la retórica empleada por altas autoridades gubernamentales han incentivado abusos; por ejemplo, al exigir, durante varios meses, que los policías arresten a un número determinado de personas por día.
El presidente Bukele ha expresado apoyo en forma pública a las fuerzas de seguridad y ha intentado intimidar a los pocos jueces y fiscales independientes que quedan en el país y que podrían investigar abusos. También utilizó una retórica deshumanizante contra las personas detenidas y sus familias y estigmatizó a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que documentan violaciones de derechos humanos.
Las autoridades salvadoreñas no han reportado avances en la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
La campaña de arrestos masivos e indiscriminados ha llevado a la detención de cientos de personas sin conexión con las actividades delictivas de las pandillas. En muchos casos, las detenciones parecen haber estado basadas en la apariencia y el lugar de residencia de los detenidos, o en evidencias cuestionables. Los policías y soldados no han exhibido órdenes de allanamiento o captura y rara vez informaron a los detenidos o sus familiares sobre los motivos de la detención.
En un caso, la policía detuvo a un profesor y propietario de taxis, de 45 años, en el local donde administraba su negocio de taxis en el departamento de San Salvador. Antes de ingresar en el penal de Izalco, los agentes lo obligaron a permanecer arrodillado en el piso por cerca de dos horas, bajo el sol, y a hacer 25 sentadillas desnudo. Contó que los guardias de la prisión le dijeron “bienvenido al infierno”.
A medida que los detenidos caminaban hacia sus celdas, los policías formaron dos filas a ambos lados de un pasillo para golpearlos, relató. La celda tenía capacidad para 30 personas, pero había 125 personas. Los guardias dijeron a los detenidos que no podían conversar ni rezar, y lanzaban gases lacrimógenos en la celda cada vez que alguien desobedecía. Fue liberado con el pago de una caución económica el 22 de septiembre.
En algunos casos, los agentes se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo que constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional.
En forma reiterada, los jueces y fiscales violaron garantías de debido proceso establecidas conforme al derecho internacional, lo cual viola los derechos humanos de las personas detenidas y dificulta, o incluso imposibilita, que esas personas puedan ejercer una defensa adecuada en los procesos penales en su contra. Las audiencias se realizaron en grupos de hasta 500 detenidos, y más de 51.000 personas fueron enviadas a detención provisional aplicando leyes aprobadas recientemente que violan las normas internacionales de derechos humanos.
La población carcelaria aumentó de 39.000 personas en marzo de 2022 a cerca de 95.000 detenidos para noviembre, más de tres veces la capacidad oficial. Miles de detenidos han estado incomunicados durante semanas o meses, o sólo se les permitió ver a su abogado durante unos pocos minutos antes de la audiencia.
Algunas de las pocas personas que fueron puestas en libertad describieron condiciones inhumanas y, en algunos casos, torturas y otros maltratos en detención. Noventa personas murieron bajo custodia, en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada.
Existen razones de peso para dudar de la eficacia a largo plazo de las medidas de seguridad impulsadas por el presidente Bukele, señalaron Human Rights Watch y Cristosal. En el pasado las pandillas se beneficiaron del encarcelamiento masivo al usar las prisiones para reclutar a nuevos miembros y consolidar su control territorial fuera de los centros de detención. La falta de inversión seria en políticas de prevención y reintegración, así como en estrategias para abordar las economías ilegales que facilitan que prosperen las pandillas, ha contribuido a que haya ciclos prolongados de violencia. Asimismo, las treguas alcanzadas anteriormente entre gobiernos y pandillas han generado una disminución en el corto plazo de los asesinatos, que normalmente estuvo seguida de un aumento súbito en la violencia de las pandillas.
El gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa deberían dar pasos sostenibles y que aseguren el respeto de los derechos para desmantelar a las pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen, señalaron Human Rights Watch y Cristosal. Esto incluye abordar las causas estructurales de la violencia de pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social, e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a líderes de las pandillas e investigar delitos violentos.
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Unión Europea deben trabajar junto con otros gobiernos, en especial los de América Latina, para aumentar la atención internacional sobre la situación en El Salvador; por ejemplo, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los gobiernos extranjeros y las instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), deberían suspender los préstamos existentes que beneficien a entidades gubernamentales que estén directamente implicadas en abusos, como la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República, y el sistema penitenciario.
Los gobiernos extranjeros también deberían intensificar los esfuerzos para apoyar a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
“La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger el Estado de derecho en El Salvador y contribuir a que los salvadoreños estén seguros frente a los crímenes aberrantes que cometen las pandillas, las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y otras formas de abuso de poder”, señaló Goebertus.
