(Nueva York) – Las leyes adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador en respuesta a la ola de violencia cometida por pandillas violan garantías básicas del debido proceso y los derechos de niños, señaló hoy Human Rights Watch.
El 30 de marzo y el 5 de abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas contra las pandillas, promovidas por el presidente Nayib Bukele, que permiten a los jueces encarcelar a niños y niñas a partir de los 12 años, restringen la libertad de prensa y expanden peligrosamente el uso de la prisión preventiva y de la legislación antiterrorista. Las reformas fueron aprobadas luego de que la Asamblea Legislativa declarara, a pedido de Bukele, un amplio “régimen de excepción” que abre la puerta a que se cometan graves abusos.
“El gobierno de El Salvador debería adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de la atroz violencia de las pandillas, desmantelar estos grupos criminales y llevar a los responsables de abusos ante la justicia”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, Bukele ha impulsado leyes excesivamente amplias y punitivas que socavan los derechos fundamentales de todos los salvadoreños”.
El 26 de marzo hubo 62 homicidios atribuidos a pandillas en El Salvador, lo que representa la mayor cifra diaria de homicidios en varios años, según información oficial. En respuesta a esta ola de violencia, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa que adoptara un régimen de excepción por 30 días y, unos días más tarde, promovió un paquete de reformas penales. La Asamblea aprobó rápidamente todas las reformas solicitadas por el presidente.
Las reformas aprobadas violan, de múltiples maneras, las obligaciones de El Salvador con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos.
El 5 de abril, la Asamblea Legislativa adoptó una reforma que establece penas de prisión de hasta 15 años a toda persona que “participare en [la] elaboración, facilitare, o creare” cualquier texto, imagen, grafiti u otra forma de expresión visual que “explícita o implícitamente” transmita “mensajes” o “haga alusión” a los diferentes grupos de pandillas que existen en el país. Asimismo, la ley penaliza a los medios de comunicación que “reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por pandillas y que “pudieren generar zozobra y pánico a la población en general”.
Estas disposiciones son excesivamente amplias y podrían ser utilizadas fácilmente para perseguir penalmente a críticos y periodistas, señaló Human Rights Watch. Esta reforma es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y asociación que establecen que estos derechos solo pueden ser restringidos cuando ello resulte estrictamente necesario y proporcional para un objetivo legítimo, tal como proteger la seguridad nacional o los derechos de los demás.
El 30 de marzo, la Asamblea Legislativa disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para aquellos niños y niñas acusados de ser “miembros de grupos terroristas o cualquier otra agrupación criminal”, un delito que ya estaba tipificado en la legislación salvadoreña. La reforma establece penas de prisión de hasta 10 años para menores de entre 12 a 16 años, y de hasta 20 años para los mayores de 16 años. La ley salvadoreña establece que los menores de edad tienen derecho a no ser recluidos en centros de detención para adultos.
Anteriormente, niños y niñas salvadoreños acusados de pertenecer a pandillas habían sido detenidos por razones de seguridad nacional. En 2018, un informe de las Naciones Unidas sobre niños privados de libertad indicó que en 2017 más de 200 niños se encontraban detenidos por razones de seguridad nacional, principalmente por su presunta participación en pandillas.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la cual El Salvador es Estado parte, define como niño a cualquier persona menor de 18 años. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se encarga de brindar interpretaciones autorizadas de dicha Convención, ha instado a los Estados a que garanticen que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a 14 años, y los ha alentado a que aumenten progresivamente la edad de responsabilidad penal.
Las reformas también endurecen las penas de prisión para los miembros de las pandillas, que pueden ser enjuiciados por terrorismo en El Salvador.
Desde 2016, El Salvador ha definido de manera amplia a las “organizaciones terroristas” para incluir a aquellas que utilizan “métodos violentos o inhumanos” con “la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma, arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes a la soberanía de los Estados o afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella”.
La nueva legislación establece penas de larga duración que podrían resultar en sanciones desproporcionadas, señaló Human Rights Watch. Aquellos condenados por liderar una pandilla “terrorista” ahora enfrentan penas de 40 a 45 años de prisión, en lugar de penas de hasta 14 años, como previamente establecía la legislación. Ser miembro de una pandilla ahora será penado con 20 a 30 años de cárcel, en lugar de 3 a 5 años.
Las penas de prisión por colaborar con pandillas pasaron a ser de 20 a 30 años, mientras que antes eran de 3 a 6 años. La ley salvadoreña define como colaboradores no solo a quienes “promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia” de las pandillas, sino también a aquellas personas que, sabiendo de la ilegalidad de estos grupos, “reciban provecho directa o indirectamente” de relaciones “de cualquier naturaleza” con estas organizaciones criminales “aun sin tomar parte de las mismas”. Esta definición vaga y ambigua podría ser empleada para penalizar a familiares de pandilleros, abogados, periodistas y miembros de la sociedad civil, señaló Human Rights Watch.
En un tuit, el presidente Bukele acusó a periodistas, organizaciones no gubernamentales, jueces y políticos que criticaron sus medidas de “defender” a las pandillas y utilizarlas como su “brazo armado”. Un legislador oficialista respondió que “gracias a las reformas [legales], todos ellos serán ahora considerados como ‘grupos terroristas’ por sus vínculos con estos grupos criminales”.
Las nuevas disposiciones también permiten a los tribunales ocultar los nombres e identidades de los jueces para proteger su seguridad y utilizar las medidas necesarias para “imposibilitar su identificación visual”. Si bien proteger la vida y la integridad física de un juez es fundamental para garantizar una adecuada administración de justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el uso de “jueces sin rostro” impide que los acusados evalúen si las autoridades judiciales tienen un conflicto de intereses y son independientes e imparciales, lo cual viola las garantías del debido proceso establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Asamblea también expandió la prisión preventiva obligatoria para incluir todos los “delitos cometidos por miembros de grupos terroristas (maras o pandillas) o cualquier otra organización criminal”. Esta disposición es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos que exigen que la prisión preventiva sea siempre el resultado de una determinación individualizada que concluya que se trata de una medida necesaria y proporcionada para impedir la fuga del imputado o evitar la alteración de las pruebas o la comisión de nuevos crímenes.
La Asamblea también modificó el Código Procesal Penal para permitir la prisión preventiva por tiempo indefinido. Anteriormente, el Código establecía que la prisión preventiva no debía exceder el plazo de 12 meses para los “delitos menos graves” o de 24 meses para “delitos graves”. El nuevo Código Procesal Penal deroga estos límites temporales para aquellas personas acusadas de formar parte de “grupos terroristas o ilegales”, independientemente de los cargos que se les imputen, lo cual podría violar el derecho de los acusados a ser juzgados o liberados en un plazo razonable, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Estas reformas sobre prisión preventiva podrían provocar un mayor hacinamiento en las cárceles del país, que, a diciembre de 2020, ya estaban operando a un 136 por ciento de su capacidad. A esa fecha, en algunos centros de detención había más de seis veces el número máximo de reclusos que se podía albergar.
El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa declaró un “régimen de excepción” que suspendió por 30 días los derechos constitucionales a la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre el motivo de una detención, a guardar silencio y a la representación legal, así como la obligación de presentar ante un juez a cualquier persona detenida en un plazo de 72 horas desde su arresto.
El 7 de abril, Bukele dijo que, desde el 26 de marzo, las autoridades habían detenido a más de 7.400 personas a las que acusó de ser pandilleros responsables por el aumento de homicidios. El 1 de abril, el presidente Bukele tuiteó: “¿Cómo sabe[mos] que son pandilleros?” y publicó fotos de hombres con tatuajes como “MS13”, los cuales típicamente son visibles en miembros de las pandillas en El Salvador. El pronunciamiento del presidente Bukele parece ignorar que algunas personas con estos tatuajes pueden haber abandonado las pandillas y que algunos pueden ser víctimas de reclutamiento forzado.
El Salvador y otros países de Centroamérica han sufrido violencia endémica por parte de las pandillas durante décadas. Human Rights Watch ha documentado que las pandillas reclutan niños y niñas a la fuerza y agreden sexualmente, matan, secuestran, violan y desplazan a personas, incluyendo mujeres y personas LGBT.
Las pandillas, sobre todo la MS13 y Barrio 18, ejercen control territorial en ciertas zonas del país. El 4 de abril, el presidente Bukele dijo que había 86.000 pandilleros en El Salvador. Históricamente, las autoridades han sido ineficaces para proteger a la población de la violencia de las pandillas.
En los últimos meses, los legisladores que apoyan a Bukele en la Asamblea Legislativa han cooptado la Corte Suprema, reemplazado al fiscal general por un aliado del gobierno y aprobado leyes para destituir a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores.
“Al desmantelar el Estado de derecho en el país, el presidente Bukele ha socavado la protección de los derechos de todos los salvadoreños y ha debilitado enormemente la capacidad de las autoridades para investigar la violencia de las pandillas”, señaló Pappier. “Esto es precisamente lo contrario de lo debería buscar una política de seguridad robusta y respetuosa de los derechos humanos”.
