(San Salvador) – Un número creciente de evidencias indican que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, señalaron hoy Human Rights Watch y Cristosal. Las organizaciones, que están trabajando conjuntamente para monitorear la implementación del régimen de excepción, han recibido denuncias creíbles de decenas de detenciones arbitrarias, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad.
El 24 de abril, la Asamblea Legislativa de El Salvador extendió por 30 días el régimen de excepción que suspende los derechos a la privacidad, la libertad de asociación y la libertad de reunión, así como varias garantías al debido proceso. El gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó la ampliación argumentando que, si bien las medidas habían contribuido a responder a la ola de homicidios perpetrados por pandillas, las condiciones que propiciaron los hechos de violencia persistían. Según cifras oficiales, más de 20.000 personas han sido arrestadas desde el 25 de marzo, en muchos casos por el delito de pertenecer a “agrupaciones ilícitas”.
“Durante los primeros 30 días del régimen de excepción promovido por Bukele, hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “En vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa, la cual ahora ha permitido 30 días más de violaciones de derechos humanos”.
Los hallazgos preliminares de Human Rights Watch y Cristosal se basan en 43 entrevistas con víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en el análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que corroboraron sus testimonios. Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, analizaron algunas de las evidencias de abusos.
Al 26 de abril, ambas organizaciones estaban analizando más de 200 denuncias adicionales, incluyendo sobre más de 160 detenciones arbitrarias identificadas por Cristosal.
Desde el 25 de marzo, policías y soldados han realizado decenas de redadas, sobre todo en comunidades de bajos recursos, durante las cuales han detenido a miles de personas. En 34 de los 40 casos de abusos sobre los que Cristosal y Human Rights Watch documentaron evidencias de primera mano, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en sus domicilios o en la calle. En 20 casos, las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las víctimas sin presentar una orden judicial.
En la mayoría de los casos, los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos. En once casos en que las víctimas preguntaron por qué estaban siendo detenidas, los agentes dijeron que “cumplían órdenes de arriba”. En algunos casos, los agentes habrían inspeccionado los cuerpos de las personas detenidas buscando tatuajes, al parecer como prueba de su supuesta participación en pandillas. Muchos entrevistados dijeron que sus familiares no tenían tatuajes o tenían tatuajes que no hacían alusión a las pandillas.
En 12 de los 40 casos, testigos vieron a agentes de las fuerzas de seguridad tomar fotografías de las personas al momento de la detención. En algunos de estos casos, las fotografías fueron publicadas más tarde en las redes sociales de las fuerzas de seguridad. Las publicaciones acusaban a los detenidos de ser pandilleros o “terroristas”, antes de haber sido presentados ante un juez.
En cinco casos, los testigos indicaron que policías o soldados habían golpeado a las personas mientras estaban siendo detenidas. En cinco casos, los policías indicaron a familiares de las personas detenidas que ellos también serían detenidos si no “dejaban de hacer preguntas”. En casi todos los casos, afirmaron los testigos, los detenidos fueron llevados a una estación policial cercana. Tan solo diez de los detenidos pudieron ver a sus familiares o hablar con ellos antes de ser trasladados a otra dependencia policial o a la cárcel. Veinticuatro estuvieron incomunicados por días o semanas.
La mayoría de los familiares de los detenidos indicaron que no habían sido informados sobre el paradero de sus seres queridos. En cinco casos, según los familiares, los agentes se negaron a brindar información sobre el paradero de los detenidos aun cuando sus familiares visitaron múltiples centros de detención para averiguar si estaban allí. En 19 casos, los familiares dijeron que todavía no saben dónde se encuentran sus seres queridos y no han podido comunicarse con ellos por días o, en algunos casos, semanas.
Cuando las autoridades se niegan a reconocer una detención u ocultan el paradero de una persona bajo su custodia, independientemente del tiempo que transcurra, ello constituye una desaparición forzada, la cual está prohibida por el derecho internacional, incluso durante estados de emergencia. Cuando esto ocurre, la persona desaparecida queda totalmente indefensa y los familiares viven niveles de incertidumbre y sufrimiento que son inhumanos y abusivos, dijeron las organizaciones.
Human Rights Watch y Cristosal documentaron dos casos de personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia. Medios de comunicación salvadoreños han informado sobre tres casos adicionales.
El músico Elvis Josué Sánchez Rivera, de 21 años, murió el 19 de abril luego de ser detenido el 3 de abril en Santa María Ostuma. Su familia indicó que, al momento de la detención, se dirigía a jugar fútbol con un amigo. No supieron el paradero de Sánchez Rivera hasta que las autoridades de un hospital les informaron que había fallecido el 19 de abril. Las autoridades no realizaron una autopsia, según dijeron sus familiares. Un informe del hospital señala que había sido trasladado desde un centro de detención e indica que murió por “hipertensión” y “muerte súbita”. En fotografías de su cuerpo se observan lesiones.
Rusudan Beriashvili y James Lin, miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura analizaron las fotografías a pedido de Human Rights Watch y Cristosal. Los expertos señalaron que “parece haber múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de la libertad y que podrían ser el resultado de tortura u otros malos tratos”. También señalaron que la muerte de Sánchez Rivera era “sospechosa” y que la presunta ausencia de una autopsia era gravemente preocupante e inconsistente con estándares internacionales y prácticas medicas ampliamente aceptadas.
Walter Vladimir Sandoval Peñate, un trabajador agrícola de 32 años, murió el 3 de abril. La policía lo detuvo el 30 de marzo en La Trinidad. Los familiares que presenciaron la detención dijeron que los policías lo detuvieron por pertenecer a “una agrupación ilícita”.
El 3 de abril, su familia acudió a la dependencia policial donde se encontraba detenido para llevarle agua y comida. Según un familiar, los agentes le dijeron que debía “regresar al día siguiente por la mañana para hablar con la persona que lo iba a defender”. Ese día, unas horas más tarde, un empleado de una funeraria se acercó al domicilio de Sandoval Peñate y les informó que había fallecido. Un informe del Instituto de Medicina Legal de El Salvador indica que murió debido a “trauma cerrado de tórax severo”. En fotografías de su cuerpo se observan múltiples contusiones.
Muchos detenidos parecen estar siendo investigados por el delito de “agrupaciones ilícitas”. Según el régimen de excepción, las autoridades no están obligadas a llevar a los detenidos ante un juez hasta 15 días después de su detención, a diferencia del plazo de 72 horas que exige el Código Procesal Penal salvadoreño.
El 21 de abril, el fiscal general Rodolfo Delgado señaló en una entrevista a la prensa que 5.900 de las más de 14.000 personas detenidas hasta esa fecha habían sido imputadas por un delito y enviadas a prisión preventiva. Solo 17 personas habían sido liberadas tras una audiencia judicial, expresó.
Decenas de menores de edad han sido procesados y enviados a prisión preventiva, según varios tuits de Delgado.
Es muy probable que el volumen de detenciones haya agudizado el hacinamiento carcelario en el país. A diciembre de 2020, las prisiones salvadoreñas ya estaban operando a un 136 por ciento de su capacidad. El 19 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para crear nuevos centros de detención.
El 30 de marzo, la Asamblea Legislativa promulgó una ley que amplía la prisión preventiva obligatoria para incluir todos los delitos cometidos por presuntos miembros de pandillas y permite que estas personas permanezcan detenidas por un tiempo indefinido antes de enfrentar un juicio. La Asamblea también disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para aquellos niños y niñas acusadas del delito —que ya existía— de ser miembros de “grupos terroristas o cualquier otra agrupación criminal”. La reforma establece penas de prisión de hasta 10 años para menores de 12 a 16 años y de hasta 20 años para los mayores de 16.
Las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de realizar investigaciones exhaustivas, oportunas e independientes sobre abusos y muertes ocurridas bajo custodia, señalaron Human Rights Watch y Cristosal.
Sin embargo, las investigaciones enfrentan obstáculos enormes, sino infranqueables, considerando el gran número de personas detenidas y que prácticamente no quedan instituciones independientes que puedan fiscalizar al poder ejecutivo en El Salvador. En los últimos meses, la bancada de Bukele en la Asamblea Legislativa cooptó la Corte Suprema, reemplazó al fiscal general con un aliado del gobierno y destituyó a cientos de jueces de tribunales inferiores y fiscales.
“La forma de prevenir estos abusos es poner fin al régimen de excepción, garantizar los derechos al debido proceso y respetar la independencia de jueces y fiscales”, señaló Taraciuk Broner.
