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(Kiev) – Las fuerzas rusas cometieron una serie de aparentes crímenes de guerra durante su ocupación de Bucha, una ciudad a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital de Ucrania, Kiev, del 4 al 31 de marzo de 2022, señaló Human Rights Watch en un detallado informe publicado hoy.

Los investigadores de Human Rights Watch que trabajaron en Bucha del 4 al 10 de abril, días después de que las fuerzas rusas se retiraran de la zona, encontraron numerosas pruebas de ejecuciones sumarias, otros homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y torturas: violaciones que constituirían crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.

“Casi cualquier rincón de Bucha se ha convertido en una escena de crimen, y parece que la muerte está en todas partes”, dijo Richard Weir, investigador de la división de crisis y conflictos de Human Rights Watch. “La evidencia indica que las fuerzas rusas que ocuparon Bucha mostraron desprecio y falta de consideración por la vida de los civiles y los principios más fundamentales de las leyes de la guerra”.

Human Rights Watch entrevistó a 32 residentes de Bucha en persona y a otros cinco por teléfono, incluyendo víctimas y testigos, personal de emergencias, trabajadores de la morgue, médicos, una enfermera y funcionarios locales. Human Rights Watch también documentó y analizó pruebas físicas en la ciudad, fotografías y videos originales proporcionados por los testigos y las víctimas, así como imágenes por satélite.

Los casos documentados representan apenas una fracción de los aparentes crímenes de guerra que cometieron las fuerzas rusas en Bucha durante su ocupación de la ciudad.

El fiscal regional jefe de Bucha, Ruslan Kravchenko, dijo a Human Rights Watch el 15 de abril que se habían encontrado 278 cadáveres en la ciudad desde la retirada de las fuerzas rusas, la gran mayoría de ellos civiles, y que se esperaba que la cifra aumentara a medida que se descubrieran más cuerpos. Antes del conflicto, Bucha tenía una población de unos 36.000 habitantes.

Serhii Kaplychnyi, director de la funeraria municipal de Bucha, dijo que, durante la ocupación rusa, su equipo colocó decenas de cuerpos en fosas comunes fuera de la iglesia de San Andrés y Todos los Santos, después de quedarse sin espacio en el depósito de cadáveres. Solo dos de los enterrados eran miembros del ejército ucraniano; el resto eran civiles, dijo. Hasta el 14 de abril, las autoridades locales habían exhumado más de 70 cuerpos de la iglesia.

Otro trabajador de la funeraria, Serhii Matiuk, que ayudó a recoger los cadáveres, dijo que había retirado personalmente unos 200 cuerpos de las calles desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. La mayoría de las víctimas eran hombres, dijo, pero algunos eran mujeres y niños. Casi todos tenían heridas de bala, dijo, incluidos unos 50 que tenían las manos atadas y cuyos cuerpos presentaban signos de tortura. Los cuerpos encontrados con las manos atadas sugieren claramente que las víctimas habían sido detenidas y ejecutadas sumariamente.

Human Rights Watch documentó los detalles de 16 asesinatos aparentemente ilegales en Bucha, incluyendo nueve ejecuciones sumarias y siete asesinatos indiscriminados de civiles - 15 hombres y una mujer. En otros dos casos documentados, se disparó contra civiles y se les hirió, incluyendo a un hombre que recibió un disparo en el cuello, mientras estaba de pie en su apartamento en un balcón cerrado con su familia, y a una niña de 9 años que recibió un disparo en el hombro mientras trataba de huir de las fuerzas rusas.

Human Rights Watch había documentado previamente una ejecución sumaria en Bucha que se produjo el 4 de marzo, basándose en la información de testigos que habían logrado huir de la ciudad. En ese caso, las fuerzas rusas acorralaron a cinco hombres y dispararon a uno de ellos en la parte posterior de la cabeza, dijo un testigo. En otro caso documentado anteriormente, el 5 de marzo, Viktor Koval, de 48 años, murió cuando las fuerzas rusas atacaron la casa donde él y otros civiles se habían refugiado.

El Ministerio de Defensa ruso negó las acusaciones de que sus fuerzas hubieran matado a civiles en Bucha, declarando en un post de Telegram el 3 de abril que “ni un solo residente local ha sufrido ninguna acción violenta” mientras Bucha estaba “bajo el control de las fuerzas armadas rusas”, y afirmando, en cambio, que las pruebas de los crímenes eran un” engaño, un montaje y una provocación” de las autoridades de Kiev.

Los residentes de Bucha dijeron que las fuerzas rusas entraron por primera vez en la ciudad el 27 de febrero, pero fueron expulsadas de la parte central durante los intensos combates. El 4 de marzo, las fuerzas rusas regresaron, y el 5 de marzo se hicieron con el control de la ciudad. Bucha se convirtió entonces en una base estratégica para el avance de las fuerzas rusas hacia Kiev. Los testigos dijeron que varias unidades militares rusas operaron en Bucha durante la ocupación.

Poco después de ocupar la ciudad, las fuerzas rusas fueron de puerta en puerta, registrando edificios residenciales, alegando que estaban “cazando nazis”. En múltiples lugares buscaron armas, interrogaron a los residentes y, en ocasiones, detuvieron a hombres, supuestamente por no cumplir las órdenes, o incluso sin dar una razón concreta. Los familiares de los detenidos afirmaron que no se les comunicó dónde se habían llevado a sus parientes varones, y que después no pudieron obtener información sobre el lugar en el que se encontraban. Esto equivale a una desaparición forzada, un delito según el derecho internacional en cualquier circunstancia.

Los cuerpos de algunos de los desaparecidos forzosos, incluidos dos de los casos documentados por Human Rights Watch, fueron encontrados en la calle, en patios o en sótanos tras la retirada de las fuerzas rusas, algunos con signos de haber sido torturados. Las autoridades ucranianas de desminado dijeron que encontraron trampas explosivas activadas por las víctimas colocadas en al menos dos cadáveres.

Las fuerzas rusas ocuparon viviendas civiles y otros edificios, entre ellos al menos dos escuelas, lo que convierte estos lugares en objetivos militares. Dos residentes de un edificio de apartamentos dijeron que las fuerzas rusas ordenaron a los que permanecieron en el edificio que se trasladaran al sótano, pero que dejaran las puertas de sus apartamentos sin cerrar con llave. Entonces entraron las fuerzas rusas. Cuando encontraban una puerta cerrada, la abrían a la fuerza y destrozaban el apartamento, dijeron los residentes.

Muchos residentes dijeron que las fuerzas rusas dispararon indiscriminadamente a los civiles que se habían aventurado a salir. Vasyl Yushenko, de 32 años, recibió un disparo en el cuello cuando salió a fumar un cigarrillo en el balcón cerrado de su apartamento. Una enfermera dijo que había atendido a 10 personas con heridas graves, incluida la niña que recibió los disparos cuando intentaba huir de las fuerzas rusas. El hombre con el que corría murió y el brazo de la niña tuvo que ser amputado.

Algunas personas resultaron heridas o murieron durante las explosiones, según los trabajadores de la funeraria, probablemente cuando las fuerzas rusas bombardearon la ciudad al comienzo de su ofensiva o durante los intercambios de artillería entre las fuerzas rusas y ucranianas.

Las fuerzas rusas causaron daños en casas y apartamentos donde se alojaron y también se llevaron objetos de valor, incluyendo, según los residentes, televisores y joyas. Aunque las fuerzas de ocupación pueden requisar bienes para su uso a cambio de una indemnización, el saqueo – o pillaje, según los términos de las leyes de la guerra – está estrictamente prohibido, en particular cuando los bienes se toman para uso personal o privado.

Los residentes dijeron que durante la ocupación tuvieron acceso limitado a agua, comida, electricidad, calefacción y servicio de telefonía móvil. Un hombre dijo que enterró a su vecino mayor, que dependía de un concentrador de oxígeno y murió cuando se cortó la electricidad y la máquina dejó de funcionar.

Human Rights Watch ha documentado y recibido informes sobre otros aparentes crímenes de guerra en otras ciudades ocupadas por las fuerzas rusas, como Adriviika, Hostomel y Motzyhn, y es probable que surjan más pruebas a medida que mejore el acceso a otras localidades. Un alto funcionario de la policía ucraniana anunció el 15 de abril que las autoridades habían identificado a 900 ciudadanos ucranianos en toda la región de Kiev que habían sido asesinados por las fuerzas rusas durante su ocupación, pero las circunstancias de esas muertes siguen sin estar claras.

El 15 de abril, el fiscal jefe de la región de Bucha dijo a Human Rights Watch que se habían encontrado más de 600 cadáveres en el distrito de Bucha, que está dentro de la región de Kiev y tiene una población de unos 362.000 habitantes. Human Rights Watch no ha verificado estas cifras.

Todas las partes del conflicto armado en Ucrania están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, o las leyes de la guerra, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949, el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario. Las fuerzas armadas beligerantes que tienen el control efectivo de una zona están sujetas al derecho internacional de la ocupación. También se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, aplicable en todo momento.

Las leyes de la guerra prohíben el asesinato intencionado e indiscriminado, la tortura, las desapariciones forzadas y el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles bajo custodia. También están prohibidos el saqueo y el pillaje. Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente estos actos, o que ayude o instigue a cometerlos, es responsable de crímenes de guerra. Los comandantes de las fuerzas que sabían o tenían razones para saber de esos crímenes pero no intentaron detenerlos o castigar a quienes los cometieron son penalmente responsables de los crímenes de guerra como cuestión de responsabilidad de mando.

Las autoridades ucranianas deben dar prioridad a los esfuerzos para preservar las pruebas que podrían ser fundamentales para futuros enjuiciamientos por crímenes de guerra, incluyendo el acordonamiento de las fosas comunes hasta que se realicen exhumaciones profesionales, la toma de fotografías de los cuerpos y de la zona circundante antes de su entierro, el registro de las causas de la muerte cuando sea posible, el registro de los nombres de las víctimas y la identificación de los testigos, así como la búsqueda de material de identificación que las fuerzas rusas puedan haber dejado atrás.

Otros gobiernos, organizaciones e instituciones que deseen ayudar en las investigaciones de crímenes de guerra deben colaborar estrechamente con las autoridades ucranianas para garantizar una cooperación eficaz y eficiente.

Para apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas por crímenes internacionales graves, Ucrania debe ratificar urgentemente el tratado de la Corte Penal Internacional (CPI) y convertirse formalmente en miembro de la misma, y las autoridades deben tomar medidas para adaptar la legislación nacional de Ucrania al derecho internacional.

“Las víctimas de los aparentes crímenes de guerra cometidos en Bucha merecen justicia”, señaló Weir. “Las autoridades ucranianas, con apoyo internacional, deben dar prioridad a la preservación de las pruebas, que es fundamental para garantizar que los responsables de estos crímenes rindan cuentas en el futuro”.

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