(Berlín) – La condena del líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny por nuevos falsos cargos el 22 de marzo de 2022 refleja la intensificación de la represión del gobierno ruso contra la disidencia y la libertad de expresión desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, señaló hoy Human Rights Watch.
“El reciente veredicto contra Navalny es otra burla a la justicia”, dijo Hugh Williamson, director de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Este veredicto está aparentemente destinado no solo a silenciar a Navalny, sino a servir de advertencia a la sociedad civil rusa y a cualquiera que se atreva a enfrentarse a las políticas del Kremlin”.
Navalny fue detenido en enero de 2021 inmediatamente después de su regreso a Rusia tras someterse a un tratamiento en Alemania tras su envenenamiento casi mortal en agosto de 2020. Las autoridades rusas lo acusaron de violar los términos de su libertad condicional mientras estaba en Alemania y en febrero de 2021 lo enviaron a prisión para que cumpliera los 32 meses restantes de su condena suspendida. Desde entonces, las autoridades rusas han presentado nuevos cargos penales contra él, aparentemente con el objetivo de que permanezca encerrado durante muchos años y no pueda seguir movilizando a la sociedad civil rusa y denunciando la corrupción en las altas esferas del poder.
A finales de 2021, en una publicación en sus redes sociales, Navalny bromeó diciendo que saldría de la cárcel “en la primavera de 2051”.
El juicio por falsos cargos de malversación de fondos e insultos a un juez tuvo lugar en una colonia penal de Pokrov, donde Navalny ha estado cumpliendo su condena por cargos anteriores. Fue sentenciado a nueve años más de prisión y a una multa de 1.2 millones de rublos (unos 11.300 dólares).
En febrero, durante el juicio, uno de los testigos de la acusación refutó abiertamente su anterior declaración escrita, diciendo que el investigador del gobierno lo amenazó con procesarlo y lo obligó a decir lo que aparecía en ella, tal y como lo narraban los investigadores. En cambio, el testigo declaró en el tribunal en apoyo de Navalny, afirmando que éste había actuado legalmente y calificando el juicio de “absurdo”. Al día siguiente huyó del país por miedo a las represalias.
Sin embargo, el veredicto omitió cualquier mención a esto, y en su lugar incluyó partes de la declaración escrita de este testigo.
Uno de los dos cargos independientes contra Navalny en este juicio fue por insultar a un juez durante otro juicio en su contra en febrero de 2021. En ese juicio fue declarado culpable de difamación contra un veterano de la Segunda Guerra Mundial por criticar un anuncio de enmiendas constitucionales apoyado por el Estado en el que aparecía el veterano de guerra, entre otros, a mediados de 2021.
La otra acusación era por malversación de donaciones a organizaciones afiliadas a Navalny, incluida la Fundación contra la Corrupción (FBK), que Navalny instituyó. Parte de la presunta mala conducta era que Navalny supuestamente estaba recaudando fondos para su campaña presidencial, aunque sabía que no podía presentarse debido a una sentencia penal pendiente por una condena anterior por malversación.
Las autoridades acusaron a Navalny de malversar más de la mitad de las donaciones, es decir, más de 356 millones de rublos (entonces por valor de 5 millones de dólares) en beneficio propio. El veredicto del 22 de marzo solo se refería a 2,7 millones de rublos de los fondos supuestamente malversados. Uno de los abogados de Navalny comentó anteriormente que existe otro “caso de malversación mayor” contra Navalny, y que puede haber nuevos juicios contra él por los mismos cargos.
Las autoridades rusas han iniciado otros procedimientos penales contra Navalny, entre ellos por crear una organización no gubernamental que “invade los derechos de las personas”, en relación con la publicación de las investigaciones anticorrupción de FBK; y por cargos de “extremismo”, en relación con FBK y otros dos grupos afiliados a Navalny que fueron incluidos injustamente en la lista negra de “extremistas” por un tribunal en junio de 2021. Este último caso se combinó con acusaciones anteriores muy dudosas, formuladas contra los ayudantes de Navalny, de blanqueo de dinero y de implicar a niños en protestas pacíficas aunque no autorizadas.
“Los casos contra Navalny forman parte del sombrío panorama de represión del Kremlin contra la sociedad civil rusa y la disidencia pacífica, que se ha intensificado drásticamente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia”, dijo Williamson.
Desde el 24 de febrero, la policía rusa ha detenido arbitrariamente a miles de manifestantes pacíficos contra la guerra en todo el país. La policía sometió a algunos detenidos a graves malos tratos y a otras violaciones de derechos.
A principios de marzo, las autoridades rusas aprobaron un paquete de leyes que penalizan la denominada “información falsa” y el “desprestigio de las fuerzas armadas rusas”, y castigan con fuertes multas e incluso con largas penas de prisión la cobertura independiente de la guerra, el referirse al conflicto armado en Ucrania como una “guerra” y las protestas contra él.
Los pocos medios de comunicación rusos independientes que quedan han tenido que suspender su trabajo o se han trasladado fuera de Rusia, o han sido cerrados por las autoridades. Las autoridades rusas han bloqueado los sitios web de los medios de comunicación independientes rusos y de los extranjeros. También han bloqueado las redes sociales extranjeras en Rusia y han incluido en la lista negra a Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por considerarla “extremista”.
En las dos primeras semanas desde que comenzó la guerra, el 24 de febrero, al menos 150 periodistas abandonaron Rusia. Otras decenas de miles de personas también han huido del país, entre ellas defensores de los derechos humanos y activistas cívicos, debido al drástico aumento del riesgo de detención arbitraria y persecución. En un reciente discurso público, el presidente Vladimir Putin arremetió contra los llamados “traidores nacionales” y una “quinta columna”, terminología que tiene fuertes asociaciones históricas negativas.
“El Kremlin parece decidido a aislar a la sociedad rusa del mundo exterior para impedir que los rusos se enteren de hechos incómodos, incluso acerca de la invasión rusa de Ucrania”, dijo Williamson. “Así que no es de extrañar que las autoridades rusas estén redoblando su empeño por desprestigiar y silenciar a Navalny y a otras personas que puedan decirle al pueblo que no se crea las mentiras del Kremlin y que el mundo está vigilando”.
