Después de diez años en una cárcel de El Salvador, Elsy, de 38 años, ha sido puesta en libertad. En 2011, Elsy sufrió un aborto espontáneo y fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado debido a que las autoridades consideraron que se había sometido a un aborto ilegal.
En diciembre pasado, como parte de la campaña “Las 17” y “NosFaltanLas17”, varias celebridades instaron al presidente Nayib Bukele a liberar a todas las mujeres que cumplían penas de prisión por homicidio cuando en realidad habían sufrido abortos espontáneos, partos de fetos muertos u otras emergencias obstétricas. Desde diciembre de 2021, cinco mujeres, entre ellas Elsy (cuyo verdadero nombre no se divulga para preservar su seguridad), fueron liberadas.
Esta medida se tomó luego de que, en noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara que El Salvador era responsable de la muerte de Manuela, quien tras una emergencia obstétrica, fue condenada en 2008 por homicidio agravado y más tarde murió de cáncer en prisión.
La liberación de Elsy es una medida positiva, pero otras mujeres permanecen encarceladas por emergencias obstétricas.
El aborto se encuentra tipificado penalmente en El Salvador, sin contemplar ningún tipo de excepciones, ni siquiera cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la persona gestante o en casos de violación. Toda persona que se someta a un aborto, y los proveedores médicos que los realicen o induzcan, pueden enfrentar penas de prisión severas. Por efecto de la legislación draconiana vigente sobre aborto, se ha condenado por homicidio a mujeres acusadas de haber tenido abortos, a veces con penas de hasta 40 años de cárcel. Al igual que Elsy, algunas de estas mujeres han tenido abortos espontáneos o emergencias obstétricas.
Un número desproporcionado de mujeres que enfrentan cargos penales por aborto en El Salvador están en situación de pobreza, según lo indican organizaciones de derechos de la mujer. A menudo enfrentan violaciones de su confidencialidad médica y de sus derechos de debido proceso y tienen dificultades para conseguir representación legal adecuada.
Esto coincide con los hallazgos en otros países de América Latina y el Caribe, donde las mujeres enfrentan violaciones similares de sus derechos.
Los hospitales no deberían funcionar como puertas giratorias que conducen a la cárcel, y las mujeres no deben ser criminalizadas por tener una emergencia obstétrica. Tampoco es aceptable que la gran mayoría de estos procesos penales se impulsen contra personas en situación de pobreza. El Salvador debe despenalizar el aborto, indultar y poner en libertad a las mujeres que siguen encarceladas por emergencias obstétricas y establecer protocolos para asegurar el acceso a abortos seguros y legales. Las vidas y los derechos de las mujeres y las niñas en El Salvador dependen de ello.
